Irá a juicio en septiembre por su participación en el fondo de ayuda a los manifestantes contra la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín
El cardenal Joseph Zen, la abogada Margaret Ng, la cantante y activista Denise Ho y otras tres personas serán juzgadas en septiembre acusadas de no haber registrado un fondo de ayuda para los manifestantes que protestaron en 2019 contra la ley de Seguridad Nacional impuesta por China a Hong Kong.
El desaparecido Fondo de Ayuda Humanitaria 612 fue establecido para, entre otras cosas, pagar las fianzas de los detenidos, brindar apoyo legal incluso costear los gastos de asistencia sanitaria de los manifestantes. Habría administrado unos 29 millones de euros para ayudar a cerca de 1.000 represaliados por China. La entrada en vigor de la restrictiva ley hizo que los administradores cerraran el fondo en octubre de 2021 dada la situación política.
En mayo, el arzobispo emérito de Hong Kong y los demás activistas fueron detenidos bajo la acusación de colusión contra China por su participación en dicho fondo. Horas después fueron puestos en libertad bajo fianza.
Esta acusación de conspiración contra el Estado no ha prosperado de momento. El juicio, que se celebrará entre el 19 y el 23 de septiembre, tendrá por objeto, según la Fiscalía, determinar si el fondo operaba conforme a la ley. La defensa se sustentará en el derecho de asociación que sí recoge la ley de Hong Kong.
Pocos días después de la detención en mayo del purpurado, siempre crítico con el régimen de Pekín, el Papa Francisco manifestó su «cercanía espiritual» a los fieles chinos y aseguró que reza para que «la Iglesia en China, en libertad y tranquilidad, viva en comunión efectiva con la Iglesia universal y ejerza su misión de anunciar el Evangelio a todos, ofreciendo así también una contribución positiva al progreso espiritual y material de la sociedad».
En una reciente entrevista a un medio italiano, el cardenal Pietro Parolin reconoció que las relaciones con el gigante asiático siguen siendo, como poco, complicadas porque «no se han superado todos los obstáculos y dificultades» pese al acuerdo marco suscrito en 2018 entre Roma y Pekín que debe ser renovado en octubre.
