Chile celebrará un plebiscito en septiembre para decidir los términos de su nueva Constitución, que incorpora el derecho a la interrupción del embarazo
El grupo República en Marcha trabaja sobre una propuesta para incluir el aborto en la Constitución de Francia y el Parlamento Europeo apuesta por incorporarlo a la Carta de Derechos Fundamentales
El próximo 2 de agosto, los ciudadanos de Kansas tienen una cita: deberán decidir si su Constitución debe seguir protegiendo el derecho al aborto. En caso de salir adelante la propuesta, se consolidará uno de los muchos pasos que vienen dándose en la ofensiva contra el aborto en Estados Unidos, desde que el Tribunal Supremo anulara la sentencia Roe contra Wade. En el extremo opuesto, California decidirá en noviembre si eleva el derecho al aborto a la Constitución y el Estado de Vermont hará lo propio, también a finales de año y mediante una llamada a las urnas. Mientras la regresión amenaza a las mujeres en suelo estadounidense, otros muchos territorios caminan en la dirección opuesta: blindar el aborto como un derecho constitucional.
También desde el otro lado del charco llegan buenas noticias, pero hay que desviar la mirada hacia el sur. Chile celebrará un plebiscito el próximo 4 de septiembre para decidir los términos de su nuevo texto constitucional. Entre las propuestas trazadas, la incorporación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin grandes ornamentos: la idea pasa, sencillamente, por consagrar los «derechos sexuales y reproductivos» como derechos fundamentales. Nada de plazos, ni supuestos, ni circunstancias concretas, cualquier tipo de detalle quedará en manos de una ley específica. La propuesta constitucional establece concretamente que «el Estado garantizará a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar» la posibilidad de que se realice una «interrupción voluntaria del embarazo».
Con los ojos puestos en el continente americano, algo parecido podría pasar a miles de kilómetros, en Francia. La situación actual «exige tomar medidas en Francia» para no tener que pasar por «los retrocesos que puedan existir», en palabras de la diputada Aurore Bergé, presidenta del grupo La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron. Su formación ha anunciado que trabaja ya sobre una propuesta de ley para «incluir el respeto al aborto» en la Constitución.
?"En France, nous garantissons et faisons progresser les droits des femmes. Nous les sanctuarisons.
— Aurore Bergé (@auroreberge) June 25, 2022
Dès aujourd'hui, avec mon groupe Renaissance, nous déposons une proposition de loi constitutionnelle pour protéger l'accès à l'IVG." @franceinter #mybodymychoice #RoeVsWade pic.twitter.com/W2WKm2hidR
No suena descabellado. A nivel europeo, la necesidad de blindar los derechos reproductivos de las mujeres también ha calado. A principios de julio, el Parlamento Europeo pidió –a través de una resolución aprobada con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones– incorporar el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La sugerencia no es otra que añadir, en el artículo séptimo, que «toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal».
¿Y en España? Carmen Calvo deslizó la idea cuando el derecho al aborto comenzó a verse amenazado al otro lado del charco. Hay que «constitucionalizar algunas cosas» relativas a las mujeres y situarlas «muy por encima» de las cuestiones territoriales, señaló en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y la disparidad territorial que padece a día de hoy. A su juicio, la Constitución debería incluir un mandato de desarrollo del principio de igualdad, estipulado en el artículo decimocuarto.
Deseable pero complejo
Todas las juristas consultadas coinciden en que sería deseable constitucionalizar el derecho al aborto, también en suelo español, aunque el procedimiento acarrea ciertas complejidades y requiere de consensos sólidos. Glòria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas (AMJ), recuerda que España como estado «está vinculado a las obligaciones internacionales de los tratados que ha ratificado», como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), rubricado en 1983. En su interpretación de la interrupción voluntaria del embarazo, el tratado consagra el aborto como «un derecho de la mujer, teniendo en cuenta las limitaciones de cada país» pero rechazando la «negación de ese derecho de forma radical o completa».
En ese mismo sentido, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea conllevaría darle un «reconocimiento formal y explícito» cuya principal consecuencia sería clara: los países lo tendrían «más difícil» para no cumplir con ese mandato. Incluirlo, estima la jurista, sería positivo en tanto que «no queda al arbitrio del intérprete de cualquier poder del Estado».
En ese punto, sin embargo, introduce matices Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. La constitucionalista es partidaria de una reforma para incluir el derecho al aborto, pero subraya la importancia de cuidar la técnica y advierte: el legislador tiene que estar legitimado para interpretar. No sería conveniente, recalca, perder la «textura abierta propia de los artículos constitucionales», de modo que lo recomendable sería «introducir elementos básicos e intangibles», pero además «negociarlo mucho». Recuerda que la Constitución es un «pacto de mínimos» y en ningún caso puede ser «reflejo de una ideología», pues el resultado sería un «texto muerto».
En ese sentido, recuerda que el derecho al aborto atañe fundamentalmente a las mujeres, pero la vida del nasciturus es un «bien jurídico protegido», según ha dictado el propio Tribunal Constitucional. Como feminista, recalca Valero, apoya sin titubeos la inclusión del derecho al aborto en el texto constitucional, pero como jurista reconoce que su introducción debe realizarse con mesura. «Debe contar con una redacción abierta para no impedir la alternancia en su interpretación, pero sí sería positivo contar con un pacto de mínimos en aras a impedir su vaciamiento absoluto, como en Estados Unidos».
Más categórica se muestra la abogada Estefanny Molina, miembro de la organización Women’s Link Worldwide y muy pendiente del proceso de reforma constitucional en Chile. «El derecho al aborto debería protegerse en la Constitución porque es un derecho fundamental para la vida de más de la mitad de la población del mundo», asiente al otro lado del teléfono. Un paso que considera de justicia, en tanto que históricamente «no ha gozado de la protección que otros derechos sí tienen en las constituciones» y además «siempre ha estado en el punto de mira de grupos conservadores». Constitucionalizarlo sería, a su juicio, una forma de que quede «protegido y blindado» ante la ofensiva de «grupos antiderechos, cuyas estrategias son cada vez más agresivas».
Molina sostiene que hacer del aborto un derecho reconocido constitucionalmente es «un reto por la importancia que reviste» y reconoce que una eventual reforma «no es fácil y requiere de un amplio consenso social», pero afirma que «lo lógico sería tender hacia los últimos avances de protección de los derechos humanos y los derechos reproductivos de las mujeres«. Si en España está próximo ese escenario, es una incógnita, pero las voces consultadas son escépticas. El peso de la derecha y la extrema derecha en las Cortes pone en jaque los avances en materia de igualdad, aquellos conquistados y aquellos que están por conseguir.
En España solo se han hecho dos reformas constitucionales: una en 1992 para incluir el término «y pasivo», en referencia al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales; y otra en 2011 para cambiar íntegro el artículo 135, relativo a la estabilidad presupuestaria, que dio absoluta prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro compromiso presupuestario. En ningún caso se celebró un referéndum. «Ni siquiera se ha modificado la primacía del varón sobre la mujer en lo que respecta a la sucesión de la corona», recuerda Valero. Así que sería necesaria «mucha voluntad política» para consagrar constitucionalmente el aborto.
