Cuatro órdenes de entrada y registro en simultáneo ejecutó la Fiscalía de Rancagua en Concepción y otras tres ciudades. Se indaga el papel del cardenal en las denuncias contra Hernán Enríquez, Audín Araya y Rimsky Rojas.
11:00 de la mañana del jueves y una decena de funcionarios del OS9 y Labocar de Carabineros ingresaron al Arzobispado de Concepción, acompañados del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya.
La operación se realizó en simultáneo en los arzobispados de Valparaíso, Chillán y Osorno, y estuvo liderada por los fiscales Emiliano Arias, Miguel Ángel Velásquez y Sergio Pérez, quienes revisaron las dependencias eclesiales en virtud de una orden de entrada y registro otorgada por el Juzgado de Garantía de Rancagua.
¿Con qué fin? La búsqueda de antecedentes que podrían constituir delitos que afecten la integridad e indemnidad sexual de menores de edad (que serían los delitos de abuso sexual, violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil, etc.).
El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, manifestó que “existe una resolución del Fiscal Nacional que señala que me da competencia para investigar los casos que nacieron a raíz de determinadas incautaciones y, dentro de esos casos encontrados, se encuentran varios en regiones”.
A esto, sumamos nuevos antecedentes surgidos en el allanamiento realizado durante el mes de agosto al Obispado Castrense, en donde se mencionarían episodios ocurridos a nivel nacional.
Arias insistió en que “la investigación en general se refiere específicamente a la comisión de delitos sexuales por parte de presbíteros, clérigos y sacerdotes. Además, por haber sido al interior de una institución, se investiga un eventual encubrimiento. Acá lo que andamos buscando son delitos, constancia de la comisión de delitos en contra menores de edad”.
El allanamiento
Los funcionarios policiales recorrieron las dependencias del Arzobispado de Concepción, en donde revisaron una serie documentos que se encontraban tanto en el Arzobispado como en el Tribunal Eclesiástico local. Además, se tomó declaraciones a dos funcionarias que actúan como notarias, además de los sacerdotes Claudio Soto, quien se desempeña como Vicario Judicial; el presbítero Roberto Valderrama, Promotor de Justicia; y el Canciller del Arzobispado, presbítero Pedro Gómez.
Al término de la diligencia, que se extendió por cinco horas, se retiraron desde el lugar 13 cajas que contenían 300 carpetas con información relacionada a la estadía del cardenal Ricardo Ezzati en Concepción y el posible ocultamiento de información en los casos del presbítero Hernán Enríquez, y los salesianos Audín Araya y Rimsky Rojas.
“Se buscó información de Ezzati”
El fiscal a cargo de la diligencia en Concepción, Sergio Moya, explicó que “en la diligencia se incautaron documentación y fichas personales, se realizó sin problemas y se puede calificar como exitosa. Esto tiene que ver con la arista encubrimiento y se encontró prácticamente todo lo que buscábamos, hay varias investigaciones, fichas personales y levantado algunos computadores”.
Moya agregó que “en esta causa hay 60 personas investigadas y 200 víctimas. Con respecto al señor Ezzati, el está citado a declarar en el mes de octubre y parte de la indagatoria realizada acá dice relación con dichos cargos”.
Mientras que mediante un comunicado de prensa reaccionaron en el Arzobispado de Concepción, en donde expresaron que “se expuso al Señor Fiscal que copias de todas las carpetas e información relacionadas con lo consultado, ya habían sido entregadas con anterioridad al Ministerio Público. En todo caso, se colocaron a su disposición las carpetas originales”.
Cabe consignar que el arzobispo Fernando Chomali no estuvo presente en la diligencia, puesto que se encontraba en Santiago.
Por su parte, la organización de laicos de Concepción opinó: “Nada que podamos hacer, ni el perdón que se pueda pedir, van a alcanzar para aliviar esas heridas que sufrieron las víctimas. No sirve de nada el perdón sin acción”.
