CHA considera necesario un compromiso de las instituciones públicas aragonesas para seguir avanzando hacia la laicidad. Desde la formación consideran necesario el establecimiento de modelos de comportamiento institucional alejados de la identificación con las diferentes confesiones.
Chunta Aragonesista considera necesario un compromiso de las instituciones públicas aragonesas para seguir avanzando hacia la laicidad. El presidente de Ligallo Redolada CHA-Zaragoza, Jorge Marqueta, señala que la laicidad «es un principio fundamental de la convivencia democrática». En este sentido, añade que hay que exigir a los poderes públicos «neutralidad y el establecimiento de modelos de comportamiento institucional alejados de la identificación con las diferentes confesiones». Por este motivo, desde CHA creen necesario «seguir avanzando en este camino «.
Tales postulados, a juicio de CHA, conllevan un compromiso público en la construcción de una sociedad de hombres y mujeres iguales y libres, desde el respeto por las creencias religiosas de cada persona, pero también desde el convencimiento de que tales creencias deben permanecer en la esfera de lo privado. «No deben trascender a la actividad pública o institucional, por respeto a la pluralidad de creencias y opiniones religiosas», añade Marqueta.
«La actividad institucional es un ámbito compartido, común y que afecta directamente a personas de todos los credos y de muy diversas formas de pensar. Por ello debe estar gobernada y presidida por principios y valores de laicidad, dado que son los únicos que garantizan de verdad la igualdad y el respeto a toda la ciudadanía y a sus diversas creencias», asegura el presidente Ligallo Redolada.
CHA considera necesario dar muestras en pro de la laicidad institucional. Para ello consideran necesario avanzar en varios aspectos: exigir que en los actos públicos y en las dependencias institucionales se respete el principio de aconfesionalidad; garantizar la libertad de conciencia individual y la neutralidad ideológica de las administraciones públicas; derogar los concordatos suscritos por el Estado español con la iglesia católica; exigir una explotación y uso público de los edificios artísticos propiedad de confesiones religiosas rehabilitados con fondos públicos; revisar el tratamiento de la religión y sus símbolos en la enseñanza, y promover que aquellas celebraciones y ceremonias públicas en las que participen sus miembros, en su condición de cargos públicos, sean aconfesionales.
