Chunta Aragonesista (CHA) ha presentado una proposición no de ley (PNL) para su debate y votación en pleno de las Cortes de Aragón que entra de lleno en la cuestión conocida como “los bebés robados”, durante el franquismo y en el posterior periodo de transición, hasta finalizada la década de los 80.
“Entre los años 1940 y 1990 se produjeron en el Estado español miles de ‘robos organizados’ de recién nacidos. En la trama estuvieron presuntamente involucrados médicos, matronas, así como otros funcionarios del Estado y representantes de la Iglesia Católica. Las personas afectadas podrían ser de cerca de 300.000 en todo el Estado”, advierten desde CHA en la parte dispositiva de esta PNL.
El proceso por el que se entregaban recién nacidos a otras familias de manera ilegal y con la correspondiente compensación económica comenzaba en las propias maternidades en las que se informaba a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto, llegando en algunos casos, a organizarse, por parte de los “implicados en la trama”, hasta “falsos entierros”, mientras que en otros casos no llegaron ni siquiera a estar inscritos en los registros municipales de los cementerios. De hecho, se han conocido situaciones en las que a la hora de exhumar los cuerpos se ha descubierto que no había ningún tipo de restos mortales en las fosas comunes.
Con el tiempo, las familias afectadas, fruto de su constancia y sin contar con el apoyo necesario de las administraciones públicas, han descubierto la falsedad de los certificados de defunción. De este modo, personas ahora adultas, se han encontrado con que sus padres y madres no son sus auténticos progenitores, bien al someterse a pruebas de ADN, o bien al descubrir “facturas falsas” del hospital.
Es por eso por lo que las pruebas de ADN son determinantes para sacar a la luz los robos y desapariciones de bebés en el siglo XX y poder cerrar así uno de los “episodios más trágicos” de la historia reciente del Estado. En este sentido la PNL presentada por CHA isnta al Gobierno de Aragón a desarrollar los mecanismos oportunos que permitan, dentro de las garantías constitucionales y legales establecidas, agilizar la práctica de las pruebas de ADN, así como la creación de un “banco público aragonés de ADN”.
Además, piden al pleno de las Cortes de Aragón que manifeste su solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos en todo el Estado y mantenga el compromiso de apoyo a las víctimas de sustracción de menores y de personas que buscan su origen biológico o natural.
Exige reconocer políticamente que tan víctimas son los propios menores sometidos a desaparición forzada y posterior compraventa o entrega, como sus madres, padres y hermanos u otros allegados cercanos y pide a las Cortes de Aragón que insten al Gobierno de España a que, siguiendo el modelo puesto en marcha a mediados de los años 80 en Argentina, e impulse la creación de una “Comisión Española por el Derecho a la Identidad” que, se ocupe del impulso de la investigación de las desapariciones infantiles en todo el Estado y en la que siempre y en todo caso se garantice que tengan una participación efectiva y real las asociaciones de afectados.
Por último pide al Gobierno de Aragón que se emprendan todas las acciones necesarias para impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos, sin que el acceso a la justicia, digna y reparatoria, de todas las víctimas se vea indebidamente impedida, y que adopten todas aquellas medidas necesarias para poder garantizar el acceso de las víctimas, así como a las personas responsables de la investigación, a los archivos eclesiásticos y archivos de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas infantiles encaminadas compraventas de seres humanos así como a otros archivos y registros de las administraciones.
Foto: Alvaro Minguito |Diagonal
