La Comunidad de Madrid lanza un plan para que el Servicio de Inspección Educativa autonómico revise de «forma pormenorizada y urgente» el contenido de los nuevos libros de texto para el próximo curso 2022/23
Faltan pocas semanas para que finalice el curso escolar, pero los ‘incendios’ en el Ministerio de Educación no dejan de propagarse. Sobre todo en Cataluña, donde la Generalitat está desafiando al TSJC para no impartir el 25% de clases en castellano, y en Madrid, donde Ayuso ha lanzado un plan contra lo que considera adoctrinamiento en los libros de texto. En este contexto, la ministra Pilar Alegría ha cesado a su ‘número 2’, Alejandro Tiana, el secretario de estado de Educación que heredó de la era Celaá y también conocido como el «eterno ministrable».
El Gobierno catalán se reunió este lunes de manera extraordinaria para aprobar el decreto ley con el que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dé por cumplida la sentencia que blinda al menos un 25% de horas lectivas en castellano en todos los centros escolares de la comunidad autónoma.
Sin embargo, el texto de la Generalitat, supone un desafío al fallo de los jueces porque, primero, no recoge la orden sobre el 25% y, segundo, aboga por la «inaplicación» de «parámetros numéricos» en el uso de lenguas en las escuelas. Las autoridades catalanas no quieren ni oír hablar de porcentajes. «El Govern garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana», advirtió la portavoz Patrícia Plaja.
La ministra Pilar Alegría respondió que no conocía el decreto puesto que no se había publicado y aseguró que es el TSJC «quien tiene que determinar» si el decreto ley del catalán en la escuela «es una respuesta acertada, oportuna o correcta». Los partidos de la oposición han cargado duramente contra las autoridades catalanas. En el caso de Voz, ha solicitado aplicar el artículo 155 en Cataluña.
Cabe destacar que la propia Abogacía del Estado juega un papel importante en este asunto. Fue precisamente un abogado del Estado en Cataluña ya fallecido el que, en 2015, presentó el recurso contra las autoridades catalanas que ahora ha devenido en sentencia firme. Se llamaba Severo Bueno e interpuso el recurso en representación del Ministerio de Educación, entonces en manos del Partido Popular. Por ello, la Abogacía del Estado figura en la actualidad como una de las partes implicadas en este proceso. Una herencia judicial que no parece encajar en los planes del actual Gobierno ni de Alegría. Pese a tener potestad para ello, ni siquiera instaron a la ejecución forzosa de la sentencia.
El decreto de la discordia sigue la misma línea que la proposición de ley pactada entre socialistas, ERC, Junts y ‘comuns’ en el Parlament, pero el PSC se ha desmarcado de la normativa de la Generalitat porque cree que colisiona con la decisión de los tribunales. «Se habló de que ley y decreto irían en consonancia, pero por desgracia ayer vimos que no era así. No se habla del castellano, y se apoya una inaplicación de porcentajes, es decir, incumplir la sentencia», relatan desde las filas socialistas.
Ofensiva educativa de Ayuso
La ‘batalla’ con el gobierno catalán no es la única a la que tendrá que hacer frente el departamento de Alegría. El supuesto adoctrinamiento en los nuevos libros de texto que se basan en la ‘ley Celaá’ ha generado un terremoto educativo con epicentro en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado un plan para que el Servicio de Inspección Educativa autonómico revise de «forma pormenorizada y urgente» el contenido de los ejemplares que están preparando las editoriales para el próximo curso 2022/23.
Fuentes de la Consejería de Educación madrileña explican que llevan tiempo denunciando que los contenidos de la ley de educación «conllevan adoctrinamiento». «Estamos de acuerdo en hablar de sexualidad y de medio ambiente, por supuesto, pero no de plagar todas las asignaturas con los mantras de la izquierda. Hay un afán de ideologización que alcanza hasta asignaturas como Matemáticas», denuncian.
Ahora, justo cuando comienzan a filtrarse en los medios de comunicación los primeros borradores de las editoriales, el Ejecutivo madrileño asegura «confirmar» sus sospechas. El plan de Ayuso, que ha criticado que «pretenden cambiar el mundo de Sofía por el mundo de Sánchez a través de la educación», consistirá en analizar los contenidos y, en el caso de que no se ajusten a la ley, solicitar aclaraciones o rectificaciones a los responsables editoriales.
El Gobierno de Madrid busca que los libros se «adaptarse al rigor científico y ser adecuados a las edades de los alumnos y al currículo». El Servicio de Inspección Educativa autonómico será el encargado de hacer estas revisiones.
Las tres cartas de Ossorio
Asimismo, el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha enviado una carta a la ministra Alegría para solicitarle la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación «con el objetivo de garantizar la neutralidad de los libros de texto y corregir esta situación antes del comienzo del próximo curso. Es nuestro deber y nuestra obligación ante la comunidad educativa y ante el conjunto de la sociedad».
Esta no es la única misiva enviada. Ossorio se ha dirigido por carta al Comité Europeo de las Regiones para comunicarle que «el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado unos nuevos currículos educativos, de carácter vinculante para las regiones, en los que una parte importante del aprendizaje y la adquisición de competencias ha sido sustituida por la ideología, algo contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea«.
«Incluso el Consejo de Estado ha cuestionado abiertamente estos currículos por su falta de concreción y por su sesgo ideológico, dando la razón a las denuncias que venimos realizando desde la Comunidad de Madrid», señala en el escrito Ossorio antes de pedir ayuda al comité. Además, ha mandado una carta al gremio de los editores para solicitarles una reunión.
Malestar entre los editores y centros
Existe un malestar generalizado entre las comunidades autónomas, los editores y los centros educativos por la tardanza en publicar los reales decretos de los distintos currículos que ahora deben desarrollar cada una de las regiones. Estos fueron publicados en marzo de este año, más de un año después de la aprobación de la ‘ley Celáa’. En algunas comunidades aún no saben si van a llegar a tiempo para el próximo curso, puesto que los textos deben pasar por departamentos jurídicos, transparencia y demás etapas.
Ya en enero de este año la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (Anele) expresó su preocupación ante la tardanza en la aprobación de los decretos curriculares de la Lomloe en las diferentes etapas educativas.
«El próximo mes de septiembre nos enfrentamos a un cambio curricular nunca visto, pues está prevista la implantación de los nuevos currículos en todos los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico, además de la etapa Infantil al completo», apuntó la entidad.
«Sin embargo, más de un año después de la publicación de la Ley, aún no se han publicado en el BOE los reales decretos que establecen los currículos por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta situación impide, además, que pueda iniciarse la elaboración y tramitación del desarrollo curricular en la parte autonómica, del que se desconoce cuándo estará disponible. La Lomloe establece que las Comunidades Autónomas pueden incorporar hasta un 40% del currículo que se imparte a los alumnos en cada región», señaló Anele. Los ansiados decretos llegaron el mes de marzo de 2022.
En cuanto al contenido de los libros, Anela explica a Vozpópuli que «los diferentes proyectos, libros y materiales educativos elaborados por las editoriales plasman los desarrollos curriculares aprobados por el Ministerio y las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas. Todos toman como base y referencia los reales decretos de Enseñanzas mínimas, así como los decretos autonómicos que los complementan».
Alegría niega el ‘adoctrinamiento’
La ministra Alegría niega que haya «adoctrinamiento»: tanto en la nueva ley educativa como en los libros de texto. En un desayuno informativo que tuvo lugar este lunes se le planteó que en algunos de los ejemplares aparecen carteles electorales del PSOE o fotos de Pedro Sánchez, pero la titular de Educación salió del paso: «Esto es otro mantra. ¿A qué se refieren con adoctrinamiento? ¿Qué hay carteles electorales del PSOE? Es que el Partido Socialista forma parte de la historia de este país«.
«Desde el Ministerio no imponemos el contenido de los libros de texto. Cuando escucho el término adoctrinamiento no sé a qué se refieren, ¿se piensan que nuestros profesores van a las aulas a adoctrinar a los estudiantes? Un poco de seriedad, que estamos hablando de magníficos profesionales. Pero he de decir que desde el Ministerio no imponemos el contenido de los libros de texto. Lo eligen de manera colegiada los claustros de profesores a raíz de los decretos del Ministerio y de las comunidades autónomas», zanjó. El tema del adoctrinamiento será previsiblemente una de las armas arrojadizas entre las distintas fuerzas políticas de cara al próximo curso.
