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Cerco a Orbán y Morawiecki

El respeto al Estado de derecho será condición necesaria para recibir los fondos comunitarios, según la justicia europea.

La UE ha dado un paso decisivo para reafirmar la cohesión y la solidez democrática de sus Estados miembros. El Tribunal de Justicia de la UE desestimó ayer los recursos de Hungría y Polonia contra el reglamento comunitario que desde el 1 de enero de 2021 permite suspender los fondos europeos a los países donde la fragilidad del Estado de derecho pone en peligro su gestión adecuada. La norma ha sido aprobada al hilo del mayor esfuerzo presupuestario en la historia de la UE (dos billones de euros en total, entre el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación) con el objetivo de evitar que el dinero de los contribuyentes europeos acabe malgastado o perdido en países que no respetan la independencia judicial, la separación efectiva de poderes y que no disponen de controles fiables.

Los gobiernos del húngaro Viktor Orbán y del polaco Mateusz Morawiecki se sienten señalados por el nuevo reglamento y es lógico que sea así. Tanto Hungría como Polonia han erosionado el Estado de derecho hasta el punto de que, presumiblemente, ninguno de los dos países cumpliría en 2022 los criterios que les permitieron ingresar en la UE hace ya más de 15 años, en 2004: las medidas homofóbicas aprobadas por ambos países forman parte de ese retroceso. En una sentencia que puede calificarse de histórica, los jueces han recordado que “el respeto de dichos valores no puede reducirse a una obligación a la que esté sujeto un Estado candidato para adherirse a la Unión y de la que pueda eximirse después de su adhesión”. Budapest y Varsovia se han permitido una deriva autoritaria a sabiendas de que los instrumentos de la UE para atajarla son limitados y complicados de aplicar. El artículo 7 del Tratado requiere para suspender el derecho de voto de ambos gobiernos en el Consejo una unanimidad que permite a Orbán y a Morawiecki protegerse mutuamente con el veto respectivo.

La impunidad de Polonia y de Hungría se ha visto alimentada por las generosas y multimillonarias ayudas comunitarias que han permitido la transformación económica de ambos países y han facilitado que sus gobiernos ofrezcan programas de asistencia social que garantizan su prosperidad electoral. Solo entre 2014 y 2020, Polonia recibió 91.300 millones de euros en fondos estructurales, o 2.400 euros por habitante. En el caso de Hungría, 2.750 euros por habitante y un total de 27.200 millones de euros. En ambos casos, las cifras se dispararán aún más entre 2021 y 2027 como consecuencia de las ayudas europeas para paliar el impacto de la pandemia.

La Comisión Europea dispone ahora de un instrumento de control de los fondos comunitarios si la involución de Orbán y Morawiecki no garantiza una gestión justa del dinero. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado que aplicará a rajatabla el reglamento tan pronto como disponga de pruebas para actuar contra algún país. Por la misma razón, la instrucción de los expedientes debe ser lo más rápida posible, como ha exigido el Parlamento Europeo. Y, aunque la presunción de inocencia es un derecho innegable, los indicios sobre el desvío de fondos hacia oligarcas próximos al poder son evidentes en algunos países, en particular en Hungría y República Checa. También la Fiscalía europea ha pedido ya a la Comisión que investigue el caso de Eslovenia con el aval del reglamento refrendado ayer por el tribunal.

La sentencia es tajante. Ni la Comisión ni el Consejo (encargado de aprobar cualquier posible sanción) tienen ya excusas para no actuar de manera expeditiva contra gobiernos que socavan los cimientos de la Unión y burlan sus valores fundamentales, mientras se embolsan los fondos europeos con evidentes conflictos de interés y flagrante tolerancia con la corrupción.

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