El sindicato critica la falta de liderazgo del Gobierno a la hora de promover un Pacto Educativo y denuncia la opacidad con la que están trabajando los partidos políticos implicados. Pese a que el guion que se está siguiendo es público, se desconocen sus contenidos concretos y el papel que jugará la comunidad educativa en todo este proceso.
La Federación de Enseñanza de CCOO reivindica que el pacto social por la educación debe erigirse sobre el consenso de la comunidad educativa, en la que los sindicatos, como representantes del profesorado y demás trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, desempeñan un papel activo. Sin una base social que lo sustente, el pacto político, que ha de contener al territorial, no tendrá viabilidad alguna.
CCOO ve con preocupación la ausencia de temas tan importantes como el derecho a la educación; el papel de la escuela pública como el eje sobre el cual se construye el sistema educativo; la educación para la ciudadanía; el laicismo; la equidad; la coeducación; y la educación inclusiva; todos ellos merecedores de un punto específico en la negociación de un pacto educativo.
Igual de alarmante es la presencia de la asignatura de religión como punto específico de negociación; las dificultades que plantea la doble red de centros (pública y privada) que permanentemente están confrontando el derecho a la educación con la libertad de elección y creación de centros; y el papel político y moral que pretende seguir jugando la Iglesia Católica.
El Pacto Educativo ha de revalorizar la educación como derecho que se ha de ejercer en el marco de un sistema educativo público, gratuito, laico y participativo, con los recursos suficientes y sostenibles en todas las comunidades autónomas, de forma que no se produzcan desequilibrios territoriales y que en todos y cada uno de los casos esté garantizado el derecho a una educación de calidad.
Y esto requiere financiación. CCOO ve factible alcanzar el 5 % del PIB en una legislatura con el objetivo, a medio plazo, de llegar al 7 %. Todos los territorios deben beneficiarse del incremento de la inversión, que ha de ir asociado a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a unas necesidades educativas compartidas por toda la sociedad.