Amnistía Internacional denuncia que al menos 46 personas se enfrentan a cargos penales por posicionarse en contra de la guerra en Ucrania en redes sociales o muros callejeros.
Al menos 46 personas se enfrentan a cargos penales en Rusia por posicionarse en contra de la guerra en Ucrania. La justicia penal rusa les acusa de delitos como difamación, incitación a actividades extremistas, incitación a disturbios masivos, odio y fraude, entre otros, según ha informado este miércoles Amnistía Internacional, que denuncia la “caza de brujas” que se está produciendo en el país.
En al menos 10 de estos casos se ha investigado a las personas críticas con el Gobierno a través de la nueva ley de control de la información que puede castigar con hasta 15 años de prisión a aquellos que “difundan” una versión de la guerra diferente a la del Kremlin. La legislación se aprobó el pasado 4 de marzo por unanimidad por ambas cámaras del Parlamento ruso y fue firmada ese mismo día por el presidente Vladímir Putin, desencadenando con ello la interrupción de la mayoría de coberturas de medios internacionales en el país y de los pocos medios independientes que quedaban en el país. Esta semana, el periódico Novaya Gazeta, dirigido por el Premio Nobel de la Paz Dmitri Muratov, anunció que dejaba de publicarse porque no puede informar sobre la guerra.
El martes de la semana pasada, además, la ley se amplió para tipificar como delito la difusión de lo que llama “noticias falsas” sobre cualquier actividad de los funcionarios del Gobierno ruso también en el extranjero.
“La persecución de quienes se oponen a la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin va mucho más allá de sus esfuerzos anteriores por reprimir a manifestantes y activistas. Los que son sorprendidos criticando la guerra se enfrentan a un número absurdo de cargos arbitrarios solo por hablar. No solo se les acusa de ”desacreditar“ a las fuerzas armadas, sino también de calumnia, fraude o acusaciones de ‘terrorismo’”, dice Marie Struthers, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
Poco más de un mes después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, ya se han iniciado al menos 60 causas penales por protestas pacíficas contra la guerra o por críticas públicas a las autoridades rusas, según informa Agora, una organización rusa de derechos humanos.
Vigilancia en redes y plataformas de mensajería
La última versión de la ley de control de la información contempla ahora multas de 1,5 millones de rublos (unos 13.000 euros) y penas de prisión de hasta 15 años a quienes difundan lo que las autoridades consideren “información falsa” sobre aquellos organismos estatales rusos que operan en el extranjero. La nueva normativa puede tardar hasta finales de semana a entrar en vigor, según informó la ONG Net Freedoms Project, aunque su versión anterior ya ha afectado a al menos 10 personas.
Según informa Amnistía Internacional, el 16 de marzo, Veronika Belotserkovskaya, bloguera gastronómica con 910.000 seguidores en Instagram, se convirtió en la primera persona acusada en virtud de la nueva ley. Fue acusada de compartir “información falsa a sabiendas sobre el uso de las Fuerzas Armadas rusas para destruir ciudades y a la población civil de Ucrania, incluidos los niños”. Sergey Klokov, técnico del Departamento de Policía de la ciudad de Moscú, fue la primera persona en ser arrestada. Según su abogado, el pasado 18 de marzo se le acusó de difundir “noticias falsas” durante llamadas telefónicas con residentes de Crimea y la región de Moscú.
A ellos les siguió Aleksandr Nevzorov, un destacado periodista que ganó popularidad durante la perestroika (las reformas políticas aprobadas por el Estado en la década de 1980) y fue acusado el 22 de marzo por compartir información sobre los ataques de Rusia contra un hospital de maternidad en Mariúpol después de criticar el bombardeo en un post de Instagram.
El 25 de marzo, Izabella Yevloyeva, periodista de la República rusa de Ingusetia, fue acusada tras compartir un post en las redes sociales en el que describía el símbolo “Z” de las fuerzas armadas rusas, favorable a la guerra, como “sinónimo de agresión, muerte, dolor y manipulación descarada”.
Las opiniones contrarias a la guerra también se persiguen utilizando otros artículos represivos del Código Penal, según alerta la organización de defensa de los derechos humanos.
El 18 de marzo, Andrey Boyarshinov, activista de Kazán, fue acusado de dos incidentes de “justificación del terrorismo” y puesto bajo arresto domiciliario durante dos meses por los mensajes contra la guerra que compartió en un canal de Telegram.
El 24 de marzo, Irina Bystrova, profesora de arte de Petrozavodsk, fue acusada de compartir “noticias falsas” y de “justificar el terrorismo” en relación con los mensajes que compartió en VKontakte, una red social rusa.
Las pintadas callejeras, también perseguidas
A medida que aumentan las críticas públicas a la guerra, las autoridades rusas también han tratado de criminalizar el arte callejero y los grafitis, según informa también la organización. Al menos nueve activistas y artistas callejeros han sido acusados de escribir grafitis “de odio”, un delito que puede llevarles a la cárcel hasta tres años.
El 18 de marzo, Leonid Chernyi, artista callejero de Ekaterimburgo, fue detenido por poner pegatinas que decían “Cargo 200” –la palabra clave oficial para las bajas militares– antes de ser arrestado por “intoxicación pública” y acusado de “vandalismo”.
Dmitry Kozyrev, residente en Tula, fue detenido el 20 de marzo por escribir “La guerra es un réquiem para el sentido común” en las paredes del Kremlin de la ciudad, una fortaleza del siglo XVI. El 23 de marzo, Nikolay Vorotnyov, de San Petersburgo, fue detenido por pintar la bandera ucraniana en un obús de la Segunda Guerra Mundial en un museo de guerra al aire libre.
