Cautividad y postración

¿Cuántas generaciones de españoles habrán aún de padecer el nacional-catolicismo en la escuela?

La actual situación de la Educación en nuestra provincia y en nuestra región, como dechado de la estrategia nacional desarrollada para el desmantelamiento del conjunto del Estado Social, ha hecho aflorar, una vez más, una reivindicación clásica, básica en la conciencia democrática de la ciudadanía participativa y que pertenece históricamente al republicanismo político: la defensa de la Educación Pública, como proyecto común de cohesión e igualdad de oportunidades.

Sindicatos históricos como CC.OO.-Enseñanza o FETE-UGT y partidos políticos como el PSOE, se suman a denunciar el grave deterioro que suponen los recortes presupuestarios y de plantillas en los Centros educativos públicos. En lo que respecta a los presupuestos, el dinero que reciben los Centros no siempre alcanza para pagar las facturas de gastos corrientes como el teléfono, la calefacción o la electricidad; además, el famoso dinero que el gobierno central utilizó para pagar a los proveedores en junio de 2012 se ha terminado cargando al presupuesto ordinario de los Centros, detracción que, unido al recorte de más del 30% sufrido respecto al curso 2011-2012, hace que la Educación dependa más que nunca de la profesionalidad y voluntariedad de un profesorado al que, no obstante, se le elimina parte de su legítimo salario de diciembre, se le suprime el sueldo si se pone enfermo y se le humilla acusándolo de falta de solidaridad por “tener trabajo para toda la vida” en la presente situación económica. Las plantillas, por su parte, presentan en el curso actual una oferta de empleo público de 203 plazas frente a la pérdida de 6.000 puestos de trabajo en los últimos dos años –según datos del Consejero de Educación-, un funcionariado de carrera con destino definitivo desplazado de sus Centros o con la amenaza de serlo, un aumento vertiginoso de la supresión y amortización de plazas y, lo que es aún peor, la permisividad con una rumurología sobre el futuro que convierte toda incertidumbre en un estado de ánimo de resignación y conformismo.

Es lógico que el tipo de organizaciones como las antes citadas denuncien estos hechos, al igual que otras cuya pertenencia ideológica les impide ir más allá de la tibieza crítica en la que residen, empujadas, eso sí, por su propia afiliación. Sin embargo, es necesario destacar que en los argumentarios de estas organizaciones se acuda siempre a los efectos y no a las causas que los provocan. A pocos ciudadanos se les escapa que la “externalización” de servicios sanitarios favorece el negocio de empresas privadas, como Capio. ¿No es obvio preguntarse también a quién beneficia el deterioro de la Educación Pública? No obstante, ¿se lo plantean las organizaciones mencionadas que dicen defender la Educación Pública? Todo parece indicar que no solo no se lo plantean -lo cual evidencia su ingenuidad, cuando no su hipocresía y su cobardía-, sino que las tres son colaboradoras necesarias del Estado actual de las cosas en la medida en que, por parte del PSOE, su larga acción de gobierno desde 1982 siempre ha estado dirigida a la protección de la enseñanza privada “concertada” (léase Iglesia Católica, en su 95%), que él solito creó con la LODE, con la escusa de falta de dinero y sin prever un calendario de supresión de las conquistas educativas conseguidas durante la dictadura franquista. Por parte de CC.OO. y UGT –olvidémonos por un momento de su presencia en la Educación “concertada”-, siempre se han caracterizado por la defensa de las personas que imparten religión en los Centros Públicos en condiciones iguales a las de los interinos, fomentando así su integración en el funcionariado y tolerando una situación laboral propia de una estado confesional, que viola de facto el Estatuto de los Trabajadores y el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad. ¿Por qué no denuncian que estas personas, a diferencia de los interinos, sí cobran en la actualidad su sueldo durante los meses de verano? ¿Por qué firman acuerdos en algunas Comunidades Autónomas para que estas personas completen su horario impartiendo clase de materias adscritas al funcionariado? ¿Por qué no denuncian que, sólo en la Educación Pública, el adoctrinamiento religioso que “imparten” estas personas le cuesta al contribuyente 500 millones de euros al año, respaldando de este modo la financiación pública de su evangelización?

Frente a la postración de estas organizaciones que desprecian su propio pasado,  y permanecen cautivas de sus réditos electorales y de un imaginario sociológico predemocrático, desde 2004 diversas organizaciones, tanto estatales como regionales o locales, desarrollan la campaña “Por una Escuela Pública y Laica: la Religión Fuera de la Escuela”, conscientes de que la Educación Pública: o es Laica o no es Pública y si es Pública y Laica, no hay concierto educativo con ideario propio que pueda ser sufragado con el dinero de todos los contribuyentes. La última presentación de esta campaña se realizó el pasado miércoles 6 de febrero, a las 19.00h, en el Ateneo de Madrid, con la adhesión de más de 50 organizaciones, acto en el que se denunció el aumento de la confesionalidad y la segregación, unido a la privatización que establece el anteproyecto de la nueva Ley Educativa que pretende el Partido Popular.

Pero no nos engañemos. Las condiciones para que esto ocurriera –recordemos que ya se intentó en 2003 con la malograda LOCE- estaban ya puestas desde 1985: el surgimiento del neonacional-catolicismo en Educación era solo cuestión de tiempo. ¿Cuántas generaciones de españoles habrán aún de padecerlo? ¿Para cuándo un proceso constitucional español democrático ajeno al clientelismo caciquil bipartidista derivado de las Constituciones de 1876 o de 1978?

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