Junts y PSC evitan que las pesquisas se centren exclusivamente en la Iglesia católica.
El Parlament de Cataluña aprobó este miércoles por amplia mayoría impulsar una investigación parlamentaria contra la pederastia. Lo que había nacido como una propuesta para conocer el alcance de los abusos sexuales atribuidos a miembros de la Iglesia católica se tornó en una causa más general contra los episodios de violencia sexual sobre los menores de edad en instituciones como la escuela, centros deportivos o entidades de ocio. Hasta seis partidos se posicionaron a favor de la propuesta: PSC, Esquerra, Junts per Catalunya, En Comú Podem, CUP y Ciudadanos, mientras que PP y Vox coincidieron en el no. Las maniobras políticas de Junts y PSC desviaron el dardo que En Comú Podem, Esquerra y la CUP pretendían dirigir directamente contra la Iglesia catalana.
Cataluña es uno de los territorios donde más denuncias se acumulan por abusos de religiosos a menores. El 31 de enero, la Fiscalía General del Estado solicitó a las fiscalías autonómicas información sobre todos los casos de pederastia relacionados con congregaciones, escuelas u otras instituciones religiosas que estaban investigando. Recibió casi 70 causas y Cataluña presentó 14, el territorio con más investigaciones de este tipo en curso. Este miércoles, en el Parlamento catalán se repetía el calificativo “pionera” —ningún otro Parlamento se ha erigido protagonista de indagaciones de actos ilícitos sexuales cometidos por curas y religiosos en España— para definir una investigación que, a la postre, perdió especificidad.
La aprobación de la comisión llegó después de no pocos tira y afloja políticos. En Comú Podem fue el partido que primero movió ficha para impulsar las pesquisas parlamentarias con el foco puesto en la Iglesia. La CUP y Esquerra Republicana se sumaron a la iniciativa y a finales de febrero se registró la petición para someter la creación de la investigación al veredicto del pleno. El acuerdo a tres no bastaba para garantizar la mayoría parlamentaria, y se anunció imprescindible ganar el apoyo de los diputados de Junts per Catalunya o del PSC.
En las ejecutivas de ambas formaciones anidaban reservas parecidas. Centrar en el ámbito religioso la investigación de los abusos sexuales generaba incomodidad. Se alegó que este tipo de delitos no se circunscriben a un entorno concreto, en este caso el dominado por curas y sacerdotes, sino que enfanga a más sectores sociales, desde la familia a las actividades educativas, de ocio o extraescolares. Ampliar el abasto de la investigación era, tanto para Junts como para el PSC, una petición para facilitar el voto favorable.
La negociación desembocó en un acuerdo para ampliar el objeto de la investigación a agresiones sexuales sobre menores en el ámbito educativo, deportivo y de ocio. Los tres partidos impulsores de la investigación pusieron de relieve que una iniciativa de contenido tan sensible no podía naufragar por una cuestión de matices. No se esconde que pesaron las presiones de los sectores más conservadores de Junts y del PSC, que integra a Units per Avançar, una facción de la extinta Unió Democràtica de Duran Lleida. Ramon Espadaler, líder de Units, se abstuvo en la votación y pidió la palabra para argumentar que no quería participar en una “cacería” contra la Iglesia.
“Esto no va de católicos o no católicos, ni de derechas o de izquierdas, esto afecta a la verdad y a los derechos”, apuntó este miércoles en el Parlament la líder de En Comú Podem Jéssica Albiach. “Es una vergüenza que algunos quieren mantener oculta”, denunció Dolors Sabater, de la CUP. “Estamos frente a una lacra social que no tendría las proporciones monumentales que tiene si no disfrutara de una connivencia que es menester erradicar”, añadió Sabater, y acusó a la Iglesia católica de “encubrimiento”.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, destacó la importancia de “mirar al pasado, ir hasta el final y reparar el daño sufrido por las víctimas”; pero añadió que también “hay que garantizar” que no se repita en el futuro. “Cualquier actuación, comisión o investigación tiene que ser extremadamente sensible y evitar procesos de revictimización”, abundó. Esta investigación obligaría a los obispos catalanes, si son citados, a declarar en sede parlamentaria.
Esta iniciativa se intentó llevar a cabo a escala nacional en el Congreso de los Diputados a comienzos de año, cuando Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu registraron una petición para la creación de una comisión parlamentaria sobre los casos de pederastia cometidos por miembros de la Iglesia. Pero no prosperó. Por el contrario, el Congreso aprobó el 10 de marzo por mayoría una proposición no de ley para que el Defensor del Pueblo formase una comisión de expertos para investigar este tema. Algunas asociaciones de víctimas, como la plataforma Tolerancia 0, se mostraron contrarias a este paso, al considerar que este organismo no tiene ni la competencia ni los poderes coercitivos para obligar a colaborar a los obispos y anunció que no participará en su iniciativa.
Miguel Hurtado, víctima de abusos en el monasterio de Montserrat (Barcelona) y miembro de la plataforma mencionada, afirma que los partidos catalanes no los informaron previamente sobre su plan de crear una comisión parlamentaria. “Nos enteramos de casualidad y, antes de la votación, les presentamos nuestras preocupaciones sobre esta iniciativa y nuestra proposición de crear una comisión de la verdad. Pero nos contestaron que nuestra idea ‘no es realista’. No tienen un proyecto para investigar este tema tan complejo. Han construido el tejado sin tener listos los cimientos”, ha comentado. La plataforma, de momento, no ha mostrado su opinión oficial sobre la investigación.
