Era una vez un país tan interesante que todo su interés había sido reducido a cifras. Hasta los recién nacidos eran inscritos por los registradores mercantiles. Sus nombres y apellidos valían dinero. Los gobernantes o sátrapas (en acepción de la antigua Grecia) legislaban y actuaban para que todo, desde las ruinas romanas conservadas con el dinero público hasta el Registro Civil de sus habitantes, sirviera para enriquecer a unas élites extractivas, siempre las mismas. Así podría comenzar el relato de la privatización de los datos registrales de los españoles por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, un registrador de la propiedad al fin y al cabo, si la oposición no consigue paralizar esa “reforma estructural” que el PP coló hace un año entre las “medidas de impulso económico”.
El diputado y portavoz de Justicia de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares estima que estamos ante “un pelotazo de 1.200 millones de euros” para los registradores mercantiles (120 en toda España). Es la cantidad que de un modo u otro tendrán que pagar directamente los ciudadanos por unos trámites que hasta ahora dependían del Ministerio de Justicia y eran gratuitos. Si la privatización de la gestión se consuma, hasta el Libro de Familia y la certificación de familia numerosa costarán la tasa que los seculares propietarios del arancel impongan con el visto bueno del Gobierno.
La batalla que emprendió Llamazares hace más de tres años contra los primeros affaires del entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para privatizar el Registro Civil, cuenta ya con el apoyo del PSOE y de su portavoz en la Comisión de Justicia, Rosa Aguilar. Los socialistas han solicitado al sucesor de Gallardón, Rafael Catalá Polo, un hombre de la máxima confianza de Rajoy y su “clan de Pontevedra”, que explique en el Congreso la compensación a los registradores mercantiles por llevar la gestión del Registro Civil. El titular de Justicia ha asegurado que los trámites seguirán siendo gratuitos. Pero los registradores mercantiles cobrarán por otros servicios que pasarán a ser “obligatorios” y están negociando con el ministro.
Así, pasaría a ser obligado el registro de las concesiones y revocaciones de poderes. Si hasta ahora bastaba con el acta notarial, en el futuro esas certificaciones (más de un millón cada año) deberán ser inscritas para que tengan validez, con el consiguiente pago de tasas; también será obligatorio registrar los seguros, con el consiguiente pago de tasas. Y asimismo, los registradores mercantiles podrán cobrar por el registro de la “vecindad civil”, es decir, por el cambio de residencia y, también, aunque sea otro concepto, por el domicilio y la dirección registral. La imaginación burocrática para complicar la vida a la gente y, sobre todo, para cobrarle por los nuevos trámites obligatorios por ley, carece de límites y no hay que descartar novedosas ocurrencias.
En el mismo plano “compensatorio” a los mercantilistas figura la expedición del Libro de Familia como “fuente irrenunciable” de financiación directa a costa de los ciudadanos. Igualmente, los registradores de lo mercantil cobrarán la correspondiente tasa por los cambios de nombres y por la alteración del orden de los apellidos. En este punto vale recordar que la reforma del Registro Civil repesca la obligación franquista de declarar si los padres están casados o no al inscribir a los recién nacidos. Luego ya, para que nadie quede sin filiación materna, se admite el registro de los nacidos de gestantes de alquiler en los Estados donde esa práctica es legal.
La estimación de los ingresos de los registradores mercantiles realizada por Llamazares puede oscilar en función de “cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas físicas previstos en las leyes” que, a modo de estrambote, introducirá el PP en sus enmiendas crematísticas, y dependerá también de la cuantía de las tasas que reglamentariamente decida el Gobierno. En todo caso, para el diputado de IU no hay duda de que estamos ante un “expolio a los ciudadanos, un verdadero escándalo sin precedentes, un pelotazo de algunas profesiones que están muy presentes en este Gobierno”.
Los socialistas quieren que Catalá exponga en sede parlamentaria el resultado de sus negociaciones opacas con los registradores antes de entrar a debatir la mercantilización del Registro Civil, con grave perjuicio para casi dos mil trabajadores del Ministerio de Justicia. La operación convertirá a los registradores o funcionarios del arancel con sus propias oficinas y plantillas en un nuevo poder fáctico sin el control al que están sujetos otros funcionarios que manejará la ingente cantidad de datos personales –filiación, residencia, bienes, propiedades, etcétera– que el Gobierno y la mayoría que le apoya se dispone a dejar en sus manos. Si en España hay que ir al Registro Mercantil a inscribir a los hijos, se comprende que el mismísimo Rajoy confundiera una vez en Tokio a los trabajadores españoles con la materia prima más barata y abundante que los inversores tienen a su disposición.
