El rector ha denunciado el acuerdo firmado con la iglesia en el 92 que regula la presencia de oratorios.
COMENTARIO: Tanto la Complutense, como todas las Universidades están plenamente capacitadas legalmente para el cierre de las capillas, así como otros privilegios de los que goza la igleisa católica en el ámbito universitario, pues sólo están amparadas en convenios bilaterales con el arzobispado correspondiente. Cualquiera de las partes está legitimada para denunciar el acuerdo y dejarlo en suspenso. Aquí no hay Concordato o Acuerdo con la Santa Sede que obligue a ello. Esperemos que la Complutense asuma el carácter público y laico de una institución como la Universidad y anule cualquier privilegio de esta o de cualquier otra confesión religiosa.
El lector podrá valorar en la redacción de la noticia por parte del grupo ultracatólico, la pretensión de mantener esos privilegios que permitan mantener el proselitismo y la simbología católica en el espacio público. Además del carácter tendencioso de la misma, desde el titular al último punto.
Tras las diversas polémicas acaecidas hace algo más de un año con las capillas universitarias como protagonistas, el rector de la Complutense, José Carrillo, ha decidido dar un paso al frente para reducir a la mínima expresión la presencia religiosa en el centro, y para ello quiere liquidar el convenio firmado con el Arzobispado hace dos décadas. Su principal objetivo en la Complutense es clausurar las capillas de las facultades. Sin embargo, las autoridades educativas no pueden cerrar los oratorios unilateralmente, pues su presencia está regulada por los acuerdos religiosos que en 1992 firmaron el ex rector de la Universidad, Gustavo Villapalos, y monseñor Ángel Suquía, por entonces arzobispo de Madrid. El único mecanismo con que cuentan para lograr dicho fin pasa por una modificación de esa suerte de concordato. Y ya se han puesto manos a la obra.
Según ha podido saber LA GACETA, el pasado mes de noviembre el Rectorado de la Complutense notificó al Arzobispado de Madrid la denuncia del convenio, que, entre otros muchos puntos, da cobertura legal a los espacios de culto que, actualmente, permanecen abiertos en nueve facultades. Llegaba, pues, el momento de negociar, para lo que se constituyó una comisión encargada de elaborar un texto modificado. Por el momento, dos delegaciones, una por parte interesada, formadas por tres personas cada una, han sido las encargadas de establecer, discretamente, las primeras tomas de contacto, si bien las conversaciones se antojan arduas y, según se prevé, el pacto se dilatará en el tiempo. Así lo aseguran a este diario fuentes cercanas a la negociación que sitúan al arzobispo auxiliar de la diócesis de Madrid, César Franco, y al delegado de Pastoral Universitaria en la legación episcopal. Luis Enrique Otero Carvajal, decano de la Geografía e Historia, es quien encabeza la representación de la Universidad.
Precisamente es Otero Carvajal quien lidera la cruzada anti-concordato y, según detallan las citadas fuentes, quien instó a Carrillo a denunciarlo. El rector, de hecho, no se ha implicado demasiado y ha dado carta blanca al decano de Historia para alcanzar un nuevo convenio. O lo que es lo mismo, ha puesto al zorro a cuidar de las gallinas. Y es que Otero Novas, prolífico activista de izquierdas, es un destacado militante contra la presencia religiosa en el campus universitario. Desde hace un par de años ha tratado, por varias vías, de cerrar el oratorio del centro que dirige e incluso ha planteado la clausura en la Junta de la Facultad de Geografía e Historia en repetidas ocasiones. Eso sí, sin éxito, pues con los acuerdos religiosos en vigor, tiene las manos atadas. Ahora será juez y parte.
Contrariamente a lo que pudiera pensarse, y dada la quiebra técnica en que se encuentra la Complutense, no han sido aspectos financieros los que han motivado la denuncia, recalcan quienes están al tanto del asunto, que explican que las capellanías no suponen gasto alguno para la Universidad. De hecho, aunque esos acuerdos, ahora con los días contados, recogían que la Universidad se encargaría de las remuneraciones de los capellanes de las facultades, dicho punto nunca ha llegado a cumplirse. Es el clero quien sufraga tanto las asignaciones a los religiosos como el mantenimiento de los oratorios. Se trata, pues, de una batalla más política e ideológica que económica.
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