Hartmut Zapp, experto en derecho eclesiástico, quería salirse de la Iglesia en cuanto corporación de derecho público, pero mantener su fe. Un precedente que puede significar el fin del impuesto eclesiástico.
El sonido era suave, pero era imposible pasarlo por alto: a mediados de julio tocaron las campanas fúnebres para el impuesto eclesiástico alemán. El juzgado administrativo de Friburgo decidió que era admisible negarse a pagar el impuesto y a la vez seguir siendo miembro de la Iglesia. Si este fallo se hace firme en las siguientes instancias y finalmente en la jurisdicción eclesiástica, deberán redefinirse completamente los fundamentos de la delicada relación entre Estado e Iglesia.
El desencadenante fue una persona que quiso salir de la Iglesia, pero de un modo especial. En julio de 2007, el experto en derecho eclesiástico Hartmut Zapp declaró ante el registro civil que se apartaba de la Iglesia, pero en una declaración adicional señaló que esta decisión hacía referencia exclusivamente a la corporación de derecho público. Él consideraba que seguía perteneciendo a la congregación. Este acto rebelde surge de motivos del todo piadosos. Los motivos no son de orden financiero ni entrañan una crítica a la Iglesia. Pero él no quiere que se siga castigando con la excomunión a quien se niega a pagar el impuesto eclesiástico sin renegar de la fe. Pretende que su salida de la corporación de derecho público sirva como precedente.
¿Obligaciones fiscales derivadas del bautizo?
La práctica actual, que se deriva del modelo de corporación de la Iglesia del Pueblo y el Estado,
en opinión de Zapp atenta contra las disposiciones de la Iglesia terrenal. De hecho resulta extraño que una declaración de voluntad ante una autoridad laica traiga consigo automáticamente la expulsión de la Iglesia. ¿Puede el Estado laico colaborar en un proceso con consecuencias esprituales de tal magnitud? Las Iglesias, ¿pueden permitir que sea el Estado quien certifique un paso de tamañas consecuencias? ¿Y por qué el bautizo habría de dar lugar a una obligación fiscal? Zapp le reprocha a los obispos alemanes un desobediencia estructural en este sentido.
Y es que a principios de 2006, el Vaticano explicó detalladamente, por orden de Benedicto XVI, qué forma había de adoptar el “acto formal” que requiere la salida de la Iglesia. En el escrito del “Consejo pontificio para la interpretación de los textos legales” se dice que la voluntad de separarse por razones de fe debe apreciarse con claridad, debe estar reflejada por escrito y debe ser recibida y examinada por la “autoridad correspondiente”. El Estado no tiene competencias al respecto. Por tanto, el jurista eclesiástico Gero P. Weishaupt, colaborador del mencionado Consejo pontificio, deduce lo siguiente: “La salida de la Iglesia ante una oficina estatal no es una salida de la Iglesia en el sentido del derecho eclesiástico. Así pues, no se derivan de ella consecuencias jurídicas para la Iglesia.” La única consecuencia, bastante terrenal, sería la de estar liberado de la obligación fiscal.
Esta respuesta de Roma no impidió que los obispos alemanes justificaran el estatus quo, implorando más que argumentando. En abril de 2006 alegaron, sin más, “la tradición jurídica alemana”. Según ellos, no habría cambiado nada: la salida declarada ante la oficina estatal se habría de considerar como cisma, y por tanto daría lugar a excomunión. El arzobispado de Friburgo se ha acogido ahora a la misma argumentación. En su opinión, de la Iglesia “solo se puede salir del todo”, es imposible distinguir entre corporación de derecho y congregación religiosa. Por ello la diócesis ha presentado una apelación contra el fallo.
Cuánto menos dinero hay en la caja, más poder tiene el cajero
Sea cual fuere la decisión de la siguiente instancia: se ha abierto el debate, y afecta también a la Iglesia evangélica y a las demás comunidades religiosas. La regulación actual ha adquirido un matiz que sólo puede perder si las comunidades dejan de argumentar de manera funcional. Si se saca a colación la sorprendente proximidad entre Estado e Iglesia, a menudo se recibe la respuesta de que con los ingresos fiscales se mantienen guarderías, comedores sociales, oficinas de asesoramiento que sirven al bien común.
Eso es innegable, pero también es cierto que con los ingresos fiscales, que primero van a parar a las administraciones de los obispados y las Iglesias de los estados federados, antes de que una parte se transmita a las administraciones municipales, se financian muchas actividades dudosas, ajenas a la fe. Y también es cierto que cuánto menos dinero hay en la caja, más poder tiene el cajero. Teniendo en cuenta que de aquí al año 2030 se espera que los ingresos por el impuesto eclesiástico disminuyan en un 50 por cien; en vista de que, tan sólo en el obispado de Essen se han tenido que desacralizar 96 iglesias, y 22 en el obispado de Hildesheim, ha llegado la hora de los administradores; las cosas no pintan bien para el pensamiento teológico. Tal vez resulte significativo que quien preside la conferencia episcopal es Robert Zollitsch, una persona que durante 20 años se dedicó a la administración.
En algún que otro obispado errante, destinado a desaparecer, se observa el debacle de una Iglesia que piensa, ante todo, en las estructuras, los procesos y los bienes materiales. Por ejemplo, en Magdeburgo un obispo no se había percatado de que su administración, debido a unos negocios inmobiliarios ruinosos, acumulaba deudas de bastante más de diez millones de euros. De no haber sido por los ingresos fiscales, ¿a este diminuto obispado se le habría ocurrido participar en instalaciones de biogás, parques eólicos y la “Casa de Hundertwasser”, un deficitario monumento
en Magdeburgo?
Los ejemplos de Italia y España
Por supuesto que la reforma del impuesto eclesiástico no brindaría garantía alguna, pero sí una cierta protección ante tal incompetencia o ante la autocracia despótica que se ha visto en la diócesis de Aquisgrán. Allí, según se quejaba recientemente un párroco, se crean de la nada, de forma violenta y autoritaria, unas “cooperativas pastorales”, gigantescas asociaciones de parroquias, sin consultar a los afectados. De este modo, el obispo Mussinghoff encamina a la manada por un camino que no está nada claro si los va a llevar a nuevos pastos.
A pesar de estos excesos, el actual sistema también tiene sus ventajas. Paul Kirchof señala que si solamente se contara con donaciones voluntarias, no se podría garantizar la continuidad de las tareas que se realizan. Los órganos estatales no son más que una ayuda administrativa y de ejecución que supone un alivio para el presupuesto de las Iglesias. Una administración propia supondría un gasto del diez al 30 por cien del impuesto, mientras que el Estado se conforma con entre un dos y un cuatro por cien. Kirchof, que fue juez del Tribunal Constitucional, valora positivamente la “comunidad de ingresos” formada por el Estado y la Iglesia puesto que de este modo hay más libertad para “que los cristianos apuesten por el bien común y se comprometan con el Estado”.
También se puede ver al contrario. Una colaboración estrecha entre dos mundos que en realidad están separados aumenta la tentación de la Iglesia a verse a sí misma en términos terrenales, y se pierde el coraje de llevarle la contraria al mundo terrenal. Ya no se está tan dispuesto a ser crítico con el Estado, aun cuando por razones teológicas a menudo se debiera serlo, porque el Estado y la Iglesia forman juntos una comunidad de creyentes, con y sin creyentes. En España y en Italia cada ciudadano paga el 0,6% y el 0,8% respectivamente de su impuesto sobre la renta para fines sociales. La mayoría de los miembros de la Iglesia optan por que su propia Iglesia reciba estos fondos, y si no lo hacen, no tienen que temer por ello que los excomulguen. Este modelo se hará más atractivo en Alemania mientras dure el paseo de Hartmut Zapp por las instancias judiciales. Lo que hasta ahora era automático, a partir de ahora deberá ser justificado.