"La reforma de la Ley de Libertad Religiosa afecta muy indirectamente, por no decir que no afecta, a la Iglesia católica, puesto que la libertad religiosa de los católicos está regulada a través de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, y éstos no se van a tocar", afirmó tajante, el secretario general y portavoz del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino. Pese a que no se tocó durante la Asamblea Plenaria, la reforma de la Ley fue el "tema estrella" de la rueda de prensa posterior al encuentro episcopal.
Y es que los obispos no terminan de ver problemas ante una normativa que, como adelantó RD, no está pensada para ir en contra de la Iglesia católica, sino para extender derechos a otras confesiones, y regular cuestiones relativas a la separación efectiva entre un Estado laico y las distintas opciones religiosas. El propio Camino se mostró tranquilo al asegurar que "la Reforma tiene que estar de acuerdo con la legislación vigente, y los Acuerdos Iglesia-Estado lo son". De ahí se deduce, concluyó, que "la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no estará en contra de los Acuerdos".
Preguntado sobre el particular, el portavoz episcopal sí afirmó que el Comité Ejecutivo "ha constituido un grupo de expertos para el seguimiento de esta ley", para asesorar a los obispos cuando haya un texto en firme. Según ha podido saber RD, este grupo está coordinado por Silverio Nieto, que ya habría mantenido algún contacto con José María Contreras, Director General de Relaciones con las Confesiones.
Camino no quiso ir más allá, aduciendo que "hablar del espíritu de una ley que no existe ni siquiera como proyecto no es muy serio", aunque sí tendió la mano al Gobierno al asegurar que "la Iglesia católica no tiene nada en contra de la laicidad del Estado, más bien al contrario, ha contribuido a que el Estado se configure de modo autónomo al orden religioso". Parafraseando a Benedicto XVI, el portavoz episcopal ensalzó la "sana laicidad" que, en su opinión, "está basada en el principio evangélico de 'Dar a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios".
"La Iglesia no es el Estado, y el Estado no debe ser la Iglesia", aclaró Camino, quien recordó que a la Iglesia católica "no le preocupa la distinción de la Iglesia y el Estado". Al revés, "fomentamos la sana laicidad y la mutua independencia de ambas instituciones en orden al bien común". Sí preocupa, reconoció el portavoz, que "las instituciones del Estado puedan convertirese en fuerzas antirreligiosas o anticristianas, lo que no sería laicidad, sino laicismo". Empero, incidió en que "si es una ley que postula la sana laicidad, será bienvenida".
Martínez Camino aprovechó la cuestión para reivindicar la "plena libertad para anunciar el Evangelio" de los católicos, que "no debe asustar a nadie" porque "no es ninguna amenaza". "La Iglesia católica no pretende suplantar al Estado, eso no es verdad", añadió, tajante. "No queremos legislar. Los obispos ni quieren ni pueden suplantar al Parlamento, que es la única entidad legitimada para promulgar las leyes", finalizó.