El proceso es largo y en último término el caso podría acabar en sanción por parte del Tribunal de Justicia de la UE. Orbán defiende la ley y dice que es una «norma necesaria para reforzar la protección del menor frente a la pedofilia».
La Comisión Europea quiere acorralar al Gobierno de Viktor Orbán y ya está ultimando su expediente de infracción contra Hungría por la ley anti LGTBI después de que el propio Ejecutivo húngaro defendiera la norma y asegurase que no la va a retirar. A esa retirada le había instado previamente el comisario de Justicia, Didier Reynders, al propio Orbán. La respuesta: no. Y entonces Bruselas ha puesto la maquinaria a funcionar…aunque va a llevar tiempo.
Como casi siempre en la UE, el proceso es lento (y algo largo). Hay una serie de etapas recogidas en los Tratados, que empiezan con el envío por parte de la Comisión de una carta de emplazamiento solicitando más información al Estado miembro, que dispone de un determinado plazo de tiempo (por lo general, dos meses) para remitir una respuesta detallada.
Si la Comisión llega a la conclusión de que el Estado no cumple sus obligaciones con arreglo a la legislación de la UE, puede enviar un dictamen motivado es decir, una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación en un determinado que por lo general va hasta los dos meses. En caso de que se mantenga el incumplimiento, el caso puede ir al Tribunal de Justicia (aunque esto no es lo habitual).
Cuando un Estado miembro no comunica a tiempo las medidas por las que incorpora las disposiciones de una directiva, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia que imponga sanciones. En ese caso, si el Tribunal aprecia que un Estado miembro ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales están obligadas a tomar medidas para ajustarse a la sentencia de la justicia europea.
Orbán ve la ley «necesaria»
En el caso de la ley anti LGTBI de Orbán, todavía se están dando los primeros pasos. «No vamos a estar mucho tiempo actuar ante países que no respetan la igualdad, los principios de la Carta (de Derechos Fundamentales de la UE), los valores del Tratado y las leyes de la UE», expresó este lunes en rueda de prensa la portavoz comunitaria Dana Spinant. Al mismo tiempo, eso sí, avisó de que el expediente «lleva tiempo», por lo que no habrá medidas en el muy corto plazo.
Mientras, Viktor Orbán sigue defendiendo su norma, como ya hizo durante la última cumbre del Consejo Europeo, en la que tuvo a la inmensa mayoría de socios en contra. Solo apareció el ya conocido apoyo de Polonia, y más tímidamente de una Eslovenia que ahora preside el Consejo de la UE y que puede ejercer de respaldo para las políticas del Gobierno húngaro.
Fidesz sostiene que la nueva ley es una norma necesaria para reforzar la protección del menor frente a delitos de pedofilia y para asegurar que los padres tienen el control exclusivo de la educación sexual que reciben sus hijos. De momento, Orbán se ha quedado solo en la defensa de esos «valores tradicionales», pero parece darle igual.
