Las víctimas bolivianas de Alfonso Pedrajas, el cura español que dejó escrito en unas memorias que agredió sexualmente a 85 menores, arremeten contra la gestión de la orden ante el escándalo y denuncian una constante revictimización.
Javier Alvarado se despertó aquel 30 de abril de 2023 con una fuerte ansiedad. Tomó su móvil y pinchó en la noticia con la que abría EL PAÍS ese día: El diario de un cura pederasta. Llevaba varios meses esperando a leer todo lo que aparecería en aquel reportaje y, a pesar de que conocía a grandes rasgos la historia, le dio un vuelco el corazón. Este boliviano de 54 años leyó cómo el que fuera su director en el internado Juan XXIII de Cochabamba, el jesuita español Alfonso Pedrajas, había escrito un diario secreto en el que admitió haber abusado de al menos 85 niños entre 1972 y comienzos de los años 2000 que vivían en el colegio y cómo sus superiores le protegieron y encubrieron durante décadas estos delitos.
“En ese momento estalló el volcán. Muchos llevábamos mucho tiempo esperando que la verdad saliera a la luz”, cuenta. Pedrajas falleció en 2009, pero varios de sus responsables aún siguen con vida y ocupando cargos de responsabilidad. Alvarado fue uno de los antiguos alumnos del Juan XXIII que conversó durante semanas con este periódico sobre las agresiones de Pedrajas en el centro y de cómo había denunciado los hechos por carta a la Compañía de Jesús a comienzos de 2023 y esta no había hecho nada: “Los jesuitas sabían de los delitos del padre Pica [mote con el que se le conocía al pederasta], pero no hicieron nada. La única salida era que un medio independiente lo investigase. Sabía que todo explotaría”.
Y así fue. Al día siguiente de la publicación, el por entonces procurador general del Estado boliviano, Wilfredo Chávez, la Fiscalía y el Ministerio de Educación abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido. Los jesuitas pidieron perdón y apartaron a ocho ex altos cargos acusados de encubrimiento. El presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso en el Parlamento boliviano hacer imprescriptibles los delitos de pederastia y crear una comisión de la verdad. La noticia animó a que más víctimas denunciasen su caso ante las autoridades, no solo del jesuita Pedrajas, sino de una decena de clérigos, siete de ellos de origen español. Todo aquello llevó a los obispos bolivianos a anunciar una investigación interna y el presidente Arce escribió al papa Francisco para reclamarle todos los archivos sobre los casos de pederastia cometidos por clérigos en el territorio boliviano.
Ha pasado un año y los cambios se han sucedido: Alvarado y un grupo de antiguos alumnos crearon la primera asociación nacional de víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia, a la que bautizaron como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS). Juntos han logrado sumar fuerzas y animar a decenas de otros afectados para que notificasen su caso en los tribunales civiles. Aunque el número de sobrevivientes, según sus cálculos, son de al menos medio millar. “Es una contabilidad conservadora, sabemos que hay muchos más en todo el país”, dice Alvarado, secretario de relaciones internacionalesde la asociación CBS. Una veintena de ellos también han llevado a los tribunales a la orden por encubrimiento.
Por otro lado, la proposición de ley para hacer imprescriptibles los delitos de pederastia sigue pendiente de ser aprobada en el Parlamento boliviano —después de ser rechaza en una primera ocasión— y la justicia, casi un año más tarde, finalmente ha imputado y decretado el arresto domiciliario de dos de los superiores jesuitas que encubrieron a Pedrajas, los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix.
Pero para las víctimas estos avances son una pequeñísima parte de lo que aún queda pendiente para que se haga justicia y la Iglesia asuma responsabilidades. “Indigna ver que la Compañía de Jesús sigue promoviendo sus canales internos de escucha, útiles para captar víctimas y garantizar la impunidad de sus depredadores. Lo hacen en base a mentiras deliberadas y en franco desprecio del ordenamiento jurídico nacional, en una lógica colonialista, vigente aún en pleno siglo XXI”, dice Alvarado. Se refiere a los procesos internos que sigue la orden en Bolivia para recibir las denuncias, investigar cada caso y reparar las víctimas. Un año después de conocerse el caso del diario de Pedrajas, incluso de reconocer la veracidad de los delitos, la congregación no ha pagado ninguna indemnización a las víctimas ni tampoco responde a las preguntas sobre los otros casos que tiene pendientes. “Los jesuitas siguen tapando casos de abusos: retrasan las investigaciones con fines de encubrimiento y someten a las víctimas a la revictimización”, añade Alvarado.
Al caso de Pedrajas se le suman los casos de los jesuitas españoles fallecidos Lucho Roma, que guardaba fotografías pornográficas de decenas de sus víctimas; Jorge, presidente de la ONG DNI; el sacerdote Antonio Gausset; el arzobispo Alejandro Mestre; y Luis To Gonzales. Este último fue enviado en 1992 a Bolivia desde España tras ser condenado por abusar de una niña en un colegio de Barcelona. También está pendiente el caso del jesuita boliviano Carlos Villamil Olea, fallecido en 2020 y exdirector del colegio Juan XXIII.
Vivos aún siguen los españoles Francisco Pifarré y Francesco Peris. Este último también fue enviado por la orden a Latinoamérica a comienzos de los años ochenta tras abusar de menores, según denuncian algunos de sus alumnos de entonces. Paró un año como profesor en el colegio Juan XXIII y allí, en el curso de 1983, abusó de varias menores. Regresó a Barcelona, al colegio de Casp, y allí volvió a cometer abusos contra menores. La orden en España admite que en 2005 le apartó por “conductas inapropiadas” a una residencia de ancianos, donde sigue viviendo. “Se trajeron a un sacerdote jesuita violador con persecución desde 1970 y otro sentenciado por violar a una niña de ocho años en España, para ponerlos a cargo de niñas en internados y parroquias, ¿van a rechazar sindicaciones de complicidad y encubrimiento?”, dice irónicamente Alvarado.
12 denuncias más
Con la percha del aniversario de la publicación del diario de Pedrajas, la Compañía de Jesús emitió este fin de semana un comunicado en el que “reafirma su compromiso con la verdad y la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos”. A lo largo de este año, la congregación afirma que ha recibido 12 denuncias a través de sus canales internos y “habrindado terapia psicológica y asistencia legal a todos los denunciantes que las han aceptado”. También arremeten contra los grupos de víctimas y afectados que han denunciado el encubrimiento de los abusos por parte de la orden. “Debemos ser enfáticos en rechazar acusaciones que señalan que la Compañía de Jesús es una ‘organización criminal’, aventurando fantasiosamente formas, procedimientos y acciones institucionales que mostrarían ‘pederastia y encubrimiento sistemáticos’ por todos lados, como si fuese parte constitutiva de la orden religiosa”, aparece en el documento
Las víctimas, por el contrario, afirman que estos canales de escucha interna“usurpan funciones de Fiscalía”, ya que antes de llevar ante la justicia las denuncias que reciben en sus oficinas, primero las estudian para decidir sin son verosímiles y, si no lo son, no las trasladan a los tribunales. “Eso, en nuestro Estado soberano, es atribución del Ministerio Público. El único que, según la legislación boliviana, puede actuar en el marco establecido por la Constitución, los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las leyes”, dice la asociación que propone prohibir a la Iglesia Católica acercarse a las víctimas de abuso sexual eclesial y llevar a cabo estas investigaciones.
Otra de las luchas pendientes, dice Alvarado, es acabar con la constante revictimización que sufren las víctimas cuando acuden a denunciar su caso: “Las etiquetan de interesadas, ignorando que lo que buscan es justicia y evitar que sucesos similares se repitan. Le preguntan: ‘¿Y usted qué busca al presentar su denuncia? Porque aquí todos vienen porque quieren dinero, o trabajo, o algo más”.
De hecho, EL PAÍS ha accedido a una conversación por Whatsapp entre una víctima y el delegado de entornos seguros de la orden, Osvaldo Chirveches, exprovincial de los jesuitas y acusado de encubrir varios casos de abusos. En la charla se puede apreciar cómo, a pesar de los mensajes constantes del afectado, la orden tarda varios meses desde que recibe la denuncia hasta que presuntamente inicia la investigación previa del caso, cuando la norma canónica marca que no se puede prolongar ese periodo más de 10 días.
La Comunidad de Sobrevivientes también agrega como revictimización “la estrategia discursiva” que ha tomado la orden, señalando que la pederastia es un problema social, que afecta más en el ámbito familiar: “Es doloroso ver cómo han sustituido en sus discursos las palabras ‘abuso sexual eclesial’ por ‘abuso de poder clerical y estatal’. Una estrategia que busca relativizar e invisibilizar los delitos sexuales a niños dentro de la Iglesia y corresponsabilizar al Estado”.
Aquel hormigueo que sintió Alvarado hace un año sigue presente cada vez que se publica un reportaje sobre el padre Pica. Pero el temor que tenía aquellos primeros días en los que habían sido unos pocos los que salieron a la luz en Bolivia para contar el largo sufrimiento de las víctimas de abusos ha desaparecido. El ímpetu ha ocupado ahora su lugar y, junto a sus compañeros, han tejido una hoja de ruta para buscar “la verdad como cimiento para el acceso a la justicia, a una reparación integral, la sanación psicológica y espiritual y, sobre todo, para estar seguros de que esos delitos no se vuelvan a repetir”.
