La Fiscalía también señala a otros dos altos cargos de la orden, entre los que se encuentra un español, por ocultar las agresiones sexuales del arzobispo de La Paz Alejandro Mestre en los años sesenta
La Fiscalía General de Bolivia ha imputado formalmente a tres altos cargos de la Compañía de Jesús por encubrir los abusos a menores del arzobispo español de La Paz, Alejandro Mestre, fallecido en 1988 y que violó en dos ocasiones a un menor en 1961. Entre los imputados se encuentra Bernardo Mercado, de 43 años y actual provincial de la Compañía, el puesto de mayor responsabilidad de los jesuitas en el país latinoamericano. Los otros dos acusados de encubrimientos son el boliviano Osvaldo Chirveches, de 52 años, y el octogenario español Ignacio Suñol, que también desempeñaron el cargo de provincial entre 2014 y 2018 en el primer caso, y entre 2019 y 2022 en el segundo. La Compañía de Jesús es la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco.
“De acuerdo a los elementos de convicción colectados por la Fiscalía, en noviembre de 2021, el entonces encargado de Ambientes Sanos de la curia provincial, Osvaldo Chirveches, habría tomado conocimiento del hecho y remitió el caso al jefe provincial de esa gestión, Ignacio Suñol, quién instruyó la apertura de una investigación en el marco del derecho canónico que rige a la Iglesia católica. La investigación fue dirigida por Chirveches, que determinó cerrar el caso y lo puso en conocimiento del actual provincial, Bernardo Mercado, quien luego de revisar los antecedentes, cierra el caso”, señaló este jueves el Ministerio Público en una nota de prensa para informar de las medidas.
El Fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, declaró ese día por la tarde ante los medios que también ha solicitado medidas cautelares contra los imputados, como la prohibición de salir del país, detención domiciliaria, la prohibición de comunicarse por cualquier medio con las víctimas y la obligación de presentarse ante “la autoridad que el juez designe”, entre otras. Todos los provinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, desde los años setenta hasta la actualidad, están ahora acusados de haber encubierto casos de pederastia en su seno.
La nueva imputación forma parte de la extensa investigación que la Fiscalía boliviana puso en marcha sobre los casos de pederastia en los colegios jesuitas después de que EL PAÍS destapara hace un año el diario del misionero español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, donde admitía haber abusado de al menos 85 niños en Bolivia y describía cómo sus superiores encubrieron sus delitos.
La publicación provocó un seísmo en el país latinoamericano y nuevos casos, hasta ese momento ocultados por la Compañía, salieron a la luz. Entre ellos, el del arzobispo español Alejandro Mestre, acusado de agredir sexualmente a un niño cuando aún era profesor en el colegio San Calixto de La Paz. De hecho, obligada por la presión mediática, la orden entregó en ese momento parte de las investigaciones que había instruido internamente, como la de Mestre. “Los tres altos cargos jesuitas [Mercado, Chirveches y Suñol], pese a tener conocimiento de la existencia de indicios del hecho delictivo, no remitieron el caso a las autoridades pertinentes de la justicia boliviana, donde correspondía que se realice la investigación penal, en una aparente intención de encubrir las agresiones sexuales que habría cometido el arzobispo Alejandro Mestre. El 8 de mayo de 2023, formalizaron la denuncia, cuando salió a la luz otro caso de pederastia y el Ministerio Público anunció la investigación de oficio en contra de jesuitas agresores de menores”, subraya la Fiscalía en su comunicado.
La Compañía de Jesús boliviana no ha querido hacer una valoración. “El provincial Bernardo Mercado no ha sido notificado por la fiscalía hasta este momento. Para poder hacer alguna declaración al respecto la asesoría jurídica de la Compañía requiere conocer el fondo de la imputación a la que se hace referencia. En tal sentido, los antecedentes del referido caso fueron públicamente expuestos el año pasado”, ha dicho un portavoz de la orden a EL PAÍS.
Mestre, nacido en la localidad valenciana de Quart de Poblet en 1912, es el primer español que, habiendo alcanzado el cargo de obispo, es acusado de un delito de pederastia. Entró en la Compañía de Jesús en 1928 y fue ordenado en 1943. Fuentes de la orden en España informan de que no constan denuncias por pederastia contra él en España y no disponen de la fecha en que fue enviado a Bolivia, donde desempeñó su carrera. Fuenombrado obispo auxiliar de Sucre en 1976 y ascendió a arzobispo coadjutor de La Paz en 1982.Su carrera le llevó hasta el cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana a comienzos de los ochenta, uno de los puestos más influyentes de la Iglesia en el país latinoamericano.
El Vaticano
Dada la importancia del caso, el Ministerio Público formó una comisión de fiscales para investigar los hechos. Paralelamente, solicitó al Vaticano documentación sobre posibles denuncias contra sacerdotes por pederastia en Bolivia, tanto de Mestre como de los otros acusados que habían salido a la luz. Al respecto, el fiscal general ha avanzado que recientemente la secretaría de la Santa Sede ha respondido que “no existen documentos respecto a las personas sujetas a la solicitud”. No obstante, y según la documentación interna de la Compañía que hace un mes reveló este periódico, la curia general de los jesuitas tuvo conocimiento de varios casos de pederastia y de cómo se encubrieron en el pasado.
Es más, en algunas de estas informaciones internas a las que accedió EL PAÍS consta que el Vaticano ha tenido acceso a los legajos de algunas investigaciones puestas en marcha por los jesuitas bolivianos. Un ejemplo es el caso del misionero catalán Lucho Roma, que también escribió un diario en el que describió cómo abuso de mas de un centenar de niñas indígenas en Charagua y en Trinidad y Pampa, entre 1983 y 2005, cómo las fotografiaba y las grababa en vídeo. Los jesuitas iniciaron una investigación a comienzos de 2019 tras recibir una denuncia y encontraron todo ese material, pero no lo denunciaron a las autoridades civiles. Lucho Roma, que aún vivía admitió sus crímenes por escrito, ante notario. La Compañía en Bolivia no reparó a las víctimas, a pesar de que al menos 70 de ellas aparecían identificadas con nombres y apellidos en los escritos del pederasta. Finalmente, guardaron en un cajón los legajos tras la muerte de Lucho Roma en agosto de 2019. Toda esta documentación vio la luz pública este junio, en un reportaje de este periódico.
No obstante, los jesuitas sí mandaron los regajos a la curia en Roma. Y una vez allí, un miembro de la cúpula de poder de la Compañía, Claudio Paul, envío una serie de mails al provincial de Bolivia en 2020, por entonces Ignacio Suñol, para informarle que el caso se había registrado en el Vaticano, que le ordenaba hacerlo público, indemnizar a los afectados y asegurarse de que tanto la investigación interna como el diario de Lucho Roma, bautizado como Los Manuscritos de Charagua, se ocultase como información “confidencial” en Roma.
Por esta razón, y ante la noticia de la imputación de los altos cargos de la orden, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, asociación nacional de víctimas de abusos eclesiales, ha solicitado este viernes a la Fiscalía General que ordene a las fiscalías departamentales del Estado que analicen la documentación publicada por la prensa para proceder a sustanciar las imputaciones contra los jesuitas encubridores e identificar nuevos nombres de involucrados.
