La propuesta permitirá a los trabajadores administrativos de organizaciones religiosas gozar de todos los beneficios sociales.
El proyecto de Ley de Libertad Religiosa, que se aprobó en Diputados, obliga a que las organizaciones religiosas incluyan a sus trabajadores administrativos en la Ley General del Trabajo, con todos los beneficios que correspondan.
“Los trabajadores administrativos de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales estarán sujetos a la Ley General del Trabajo y a la normativa vigente de la seguridad social de largo y corto plazo”, se lee en el artículo 13 de la norma, que fue aprobada el miércoles en la noche en la Cámara de Diputados. Luego, la propuesta será sancionada en el Senado y promulgada por el presidente Evo Morales.
Tal determinación fue rechazada por la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas. Su representante, Munir Chiquie, consideró que “algunas iglesias” no tendrán la capacidad para cubrir estos gastos.
“Imagine que una pequeña iglesia tenga una secretaria y ella hubiera trabajado cinco años con el sueldo mínimo, deberíamos pagar casi 2.000 dólares del quinquenio. No da el mismo trato la ley (2027) del Estatuto del Funcionario Público en el que permiten retirar a un funcionario con un memorando de agradecimiento y se va sin un peso”, declaró Chiquie. Luego cuestionó: “Si una iglesia apenas paga su alquiler, ¿podrá pagar la indemnización?”.
Por esta razón, el pastor adelantó que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una queja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Nuestros derechos están siendo vulnerados”, acotó Chiquie.
El anterior fin de semana, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Ricardo Centellas, afirmó que su institución no tiene ninguna observación al proyecto de ley.
“No tenemos mayor problema porque en Bolivia hay libertad para manifestar la creencia que uno tiene”, manifestó Centellas en Potosí.
La norma
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que la propuesta garantiza las libertades de las personas. “Lo que hace esta ley es establecer una norma jurídica y un proceso administrativo para establecer derechos y garantías de estas personas colectivas. Esta ley no le dice a la Iglesia que va a predicar de una u otra manera”, remarcó.
Borda recordó que con la actual Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, se emite este documento a todas las instituciones sin fines de lucro. Entre las organizaciones sociales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones, entidades civiles, iglesias y agrupaciones religiosas y de creencia espiritual, sin distinción alguna. Este hecho, según la autoridad, perjudica a las organizaciones religiosas, ya que se les exige muchos requisitos.
De acuerdo con este proyecto de ley, la entidad encargada de emitir las personerías jurídicas será el Ministerio de Relaciones Exteriores y se hará mediante Resolución Suprema, hecho que agilizará el trámite.
