El Gobierno mete en un cajón su plan de choque tras casi un año de negociaciones con la Coferencia Episcopal y devuelve a los grupos parlamentarios la pelota para fijar las reparaciones
El Gobierno dejará en manos del Congreso el plan de choque sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Casi un año después de que se aprobase en el Consejo de Ministros un informe para dotar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones aún en los casos prescritos penalmente, la pretensión del Ejecutivo se pospondrá al menos otro año más con la creación de una subcomisión de estudio a nivel parlamentario. A la espera de que se ponga en marcha, sin garantizarse que sea en este periodo de sesiones, tendrá un plazo de seis meses para establecer sus conclusiones, elevarlas a la comisión de Justicia y, finalmente, llevarse al pleno del Congreso. No antes de 2026.
Sin avances en las negociaciones abiertas para que la Iglesia se haga cargo del coste de las indemnizaciones, se opta ahora por una patada hacia adelante. La decisión se produce después del acuerdo entre el ministro Félix Bolaños y el Vaticano, sellado el pasado 25 febrero, para desbloquear la resignificación del monumento franquista de Cuelgamuros.
Un pacto que desde el espacio a la izquierda del PSOE se ha criticado por cederse en la permanencia de los monjes benedictinos, renunciar a desacralizar la basílica y mantener los elementos religiosos en el exterior. En el Gobierno lo defienden como un buen acuerdo en aras de desbloquear el proyecto por el impedimento a tomar decisiones unilaterales en lugares de culto y bajo la máxima de convertirlo en un “proyecto de Estado, que perdure y lo más consensuado posible”.
En el departamento de Presidencia y Justicia, encargado de las relaciones con la Santa Sede, niegan que la carpeta de Cuelgamuros y la de las indemnizaciones se hayan negociado de forma paralela. “Las reparaciones van por otro cauce diferente, no guardan relación”, sostienen respecto al proyecto de resignificación. Lo cierto es que ahora serán los grupos parlamentarios quienes marquen el camino. De hecho, la subcomisión de estudio, cuya petición de registro lleva las firmas de PSOE y Sumar, no nace con el pretexto concreto de establecer los mecanismos para obligar a la Iglesia a asumir las indemnizaciones.
Su objetivo es más ambiguo al pretender plasmar en un informe conclusiones “sobre las medidas a tomar en todos los ámbitos administrativos para garantizar el reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica, así como las acciones de prevención necesarias para evitar nuevos casos de agresiones y abusos”. El plan del Gobierno se mete así en un cajón y, con ello, la adopción genérica de medidas, tanto legales como administrativas, “para permitir el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos en que, por prescripción del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acción penal”.
Fondo de compensación
Entre ellas, impulsar diferentes modificaciones legales con el objetivo de que “la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no limite el ejercicio de la reclamación de la responsabilidad civil conforme a la regla general”. Aquel texto hacía referencia a la creación de un órgano independiente en colaboración con la Iglesia para que esta se haga cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”. Asimismo, hacía mención al informe del Defensor del Pueblo sobre este asunto para establecer que si no se produce una colaboración por parte de la Iglesia católica, “la alternativa sería aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctima y las medidas reparadoras que sean adecuadas, pudiendo prever la colaboración entre el Estado y las CCAA”.
Durante su presentación, en abril del pasado año, el propio ministro de Presidencia y Justicia aseguró que “es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad. No se entendería que no fuera así. En todos los países de nuestro entorno ha sucedido”. Entonces también se mostró optimista sobre la “voluntad de colaborar” de la Conferencia Episcopal, después de que ya mostrase su rechazo a participar en un fondo de compensación estatal.
Resistencia de la Conferencia Episcopal
Tras la aprobación de aquel plan, desde la Conferencia Episcopal respondieron con un comunicado rebajando las expectativas de colaboración por parte del Gobierno. «No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales», argumentaron. Asimismo, consideraron que el texto presentado «parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado«.
El Estado y la Iglesia han logrado acuerdos relativos a las inmatriculaciones de bienes, a la modificación del régimen tributario para eliminar algunas de sus exenciones de impuestos y ahora sobre Cuelgamuros. En lo que no se han producido avances es en el plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo por las víctimas de pederastia. La Iglesia se cierra incluso a un plan de indemnizaciones que financien conjuntamente con el Estado, para apostar por reparaciones a través de procesos propios.
La creación de la subcomisión de estudio da más tiempo a las negociaciones y sus conclusiones podrían ser un elemento de presión. Si bien, la intención es que cualquier decisión parlamentaria tenga un amplio respaldo y pueda ser asumida por todos los grupos a modo de pacto de Estado.
