María José Picó tuvo una hermana melliza hace 61 años, que supuestamente falleció al nacer. Los restos nunca aparecieron. Ahora inicia el trámite judicial por lo que considera un crimen de lesa humanidad
María José Picó Robles nació junto a una hermana melliza que nunca llegó a tener nombre, o al menos no el que hubieran querido sus padres biológicos. 61 años después, Picó ha interpuesto la primera querella contra el Estado español por un caso de bebés robados durante el franquismo. De familia trabajadora y humilde, la tristeza se apoderó de ellos cuando en el Hospital General de Alicante les dijeron que una de las niñas nacidas aquel 28 de marzo de 1962 había fallecido. Al tiempo, María José recabó documentación y encontró ciertas incongruencias en el proceso. Cuando abrieron el ataúd improvisado en el que enterraron a su hermana, allí no había nada.
“Mi hermana y yo tendríamos que haber nacido en la clínica en Elche a la que iba mi madre, Francisca Robles Alacid, donde ya había dado a luz a mi hermano mayor. Pero al llegar, rompió aguas en la sala de espera y la derivaron al Hospital de Alicante”, cuenta María José Picó. Su madre le contó que ambas recién nacidas llegaron a estar juntas en su regazo. “Lo siguiente que recordaba era despertarse en una habitación, ella sola. Pasó siete días adormilada, con desvanecimientos, totalmente medicada”, añade.
Fue una monja quien le dijo a Francisca, el segundo día por la noche, que una de las niñas estaba malita. Más tarde, la misma persona le comunicó el fallecimiento. “A mi padre, Antonio Picó Miralles, le pidieron que comprara una caja de madera y le advirtieron de que no fuera a una funeraria porque corría prisa. Acabó llevando una caja de madera de conservas de un ultramarinos”, explica. Poco después, Antonio recibió esa caja cerrada con clavos. Nunca vio a su hija muerta.
El hospital también le dijo que tenía que ir al cementerio de Alicante, que no podía enterrarla en Elche, como deseaba la familia. El enterrador aguardaba la llegada de Antonio. “Fue con él hasta la fosa común donde enterraron la cajita. Estaba muy colmatada, así que se quedó casi en la superficie. Como decía mi padre, le echaron dos paladas de tierra encima”, añade María José. Los sanitarios les contaron que la bebé había muerto de frío. “Toda la vida se ha hablado de mi melliza en la familia. No se pensaba tanto en que podía ser un bebé robado, sino más bien que había habido alguna negligencia mientras estaba en el nido, en el hospital”, dice.
De su hermana no consta ni partida de nacimiento ni de defunción. Todavía cabía una posibilidad
Irregularidades en la documentación
No fue hasta 2011, cuando se estaban haciendo públicos algunos casos de bebés robados, que la familia de María José se percató de que su experiencia era muy similar. Fueron al hospital a pedir la historia clínica de Francisca, al Registro Civil a pedir las partidas de nacimiento de las dos niñas y la de defunción de la melliza, y al cementerio para ver la licencia de enterramiento. “En el hospital nos dijeron que no había datos sobre mi madre. Es como si nunca hubiera estado allí”, afirma Picó. En cambio, su partida de nacimiento sí que recoge que nació en el Hospital General de Alicante.
De su hermana no consta ni partida de nacimiento ni de defunción. Todavía cabía una posibilidad. Como, en teoría, apenas había vivido unas horas, la hermana podría estar inscrita en el legajo de aborto. Para desesperación de la familia, el Registro Civil de Alicante perdió todos los datos relativos a los años anteriores a 1978, así que seguían sin saber nada. En el cementerio sí encontraron la licencia de enterramiento con las coordenadas exactas de la fosa. “Lo sorprendente es que en la casilla para recoger el nombre del médico que certificó esa defunción, pusieron el de mi padre”, exclama María José. Continuaban sin datos, ni pistas, solo irregularidades.
Decidieron denunciar los hechos ante la justicia y, en 2012, el fiscal autorizó la exhumación del supuesto cadáver. “Dieron con el lugar exacto, mi padre lo describió a la perfección, pero no encontraron nada, solo unos clavos que se correspondían con las características de la caja”, continúa María José. En 2013, el juez de instrucción ordenó una nueva exhumación en una zona cercana, que también resultó infructuosa. “Dos días después de que el fiscal me dijera que el procedimiento continuaba, me llamó y me comentó que no, que lo sentía pero que se tenía que archivar al no estar vivo ningún enterrador de la época y no saberse lo que hicieron con la cajita”, añade.
El robo de bebés, un castigo del régimen franquista
En la querella que Picó presentó el pasado 23 de febrero en los juzgados de Alicante para que se reabra la investigación sobre lo sucedido, está siendo asistida por la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA). Soledad Luque, una de sus integrantes, responsable del área de bebés robados señala que “se trata de una práctica que comenzó después de la Guerra Civil y continuó hasta bien entrada la democracia”.
Según esta experta, el caso de la hermana de María José se inserta durante la segunda fase de la sustracción de bebés y niños a sus familias que tuvo lugar en España durante el siglo XX, en medio de la dictadura franquista y antes de la Transición. “Esta práctica, que se inició con una motivación política represiva, tiene su continuidad durante todo el régimen. Se aprovechaban de familias humildes, jóvenes inocentes sin recursos para poder enfrentarse a un médico o una religiosa, que eran los tentáculos del poder, las figuras de autoridad en ese escenario”, explica Luque.
Los adoptantes tampoco podían ser cualquiera. “Eran familias de bien que pasaban una especie de filtro a través de las religiosas. Tenían que ser buenas católicas y tener los recursos económicos suficientes para acoger a los niños si querían inscribirlos como hijos biológicos”, apunta. Al mismo tiempo, la especialista recalca que en este periodo no se puede afirmar con seguridad que todas las familias adoptantes estuvieran al tanto de la verdadera procedencia de los bebés. “Donde hay que poner el foco es en las figuras de poder, primero en las instituciones como tales, y después en las personas que formaban parte de ellas”, continúa.
La sustracción de bebés fue una práctica tan sistemática que entre 2011 y 2019 se presentaron miles de denuncias en el Estado español, explica la integrante de CEAQUA. De ellas se derivaron 2.136 diligencias de investigación, pero todos los procedimientos se han ido archivando uno tras otro.
Uno de los neonatólogos más reconocidos de España, Antonio Garrido-Lestache, inventó la dactiloscopia para los recién nacidos. A sus 92 años sigue peleando por sus derechos: “Hoy en día, al recién nacido se le puede identificar perfectamente, y si no se hace así puede perder su identidad y los derechos de los que goza. Antes, las madres estaban totalmente desamparadas porque, al no identificarse a los bebés, podían hacer con ellos lo que quisieran”, explica. Además, según su experiencia, ni las maternidades ni las autoridades que tomaron parte en estos robos de bebés están ayudando a las familias. “Dan la callada por respuesta, y quien calla, otorga”, concluye.
El equipo jurídico cataloga estos delitos como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles
Un crimen de lesa humanidad
La perspectiva jurídica la aporta Jacinto Lara, abogado de CEAQUA. Este letrado participa en la querella que ahora presenta María José Picó: “Hemos incorporado informes periciales en relación a la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura franquista, así como un informe multidisciplinar que hace referencia a los bebés robados”. Los delitos que piden que se investiguen son, por el momento, sustracción de menores, falsedad documental y detención ilegal.
Lara cree que existen posibilidades de que la querella no sea admitida a trámite, dado que es habitual el archivo de las causas, pero considera que hay ciertos elementos para la esperanza. Uno de ellos es la presión que ejercen instancias internacionales, como el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en relación a este tipo de crímenes. De hecho, el equipo jurídico cataloga estos delitos como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Si archivan la querella sin incoar diligencias de investigación, recurriremos a la Audiencia Provincial”, concluye el abogado.
