Acusan a Irán de estar tras los movimientos disidentes con el objetivo de sustituir la monarquía suní, aliada estratégica del vecino Arabia Saudí, por un régimen chií.
Eclipsada por los dramáticos acontecimientos en Egipto, Siria, Libia o Túnez, la revolución popular más desconocida del mundo árabe ha vuelto a desafiar el desinterés internacional para volver a tomar las calles, pese al amplio despliegue militar del régimen que hacía presagiar un desenlace violento.
Los activistas del pequeño reino de Bahréin, agrupados desde junio bajo el nombre de Tamarrod Bahréin –Rebelión Bahrein– habían convocado para el miércoles 14 de agosto, fecha del 42 aniversario de la Independencia de los colonialistas británicos, una movilización multitudinaria cerca de la Embajada de Estados Unidos para reclamar reformas democráticas que entreguen el poder al pueblo y exigir respeto por los Derechos Humanos, una asignatura pendiente en el diminuto archipiélago. Poco después de que desvelaran la fecha de la gran cita anual en las redes sociales, el régimen aprobó un paquete de leyes anti-terroristas que amenazan con duras penas a cualquiera que promueva la disensión hacia la familia en el poder, incluida la revocación de la ciudadanía, y que reducen considerablemente las ya mermadas libertades de expresión y movimiento en el reino árabe. A ello se suma un decreto real que prohíbe cualquier manifestación en la capital, Manama.
Lejos de amilanarse, los activistas siguieron adelante con su plan de desobediencia civil, que se fue filtrando lentamente en las redes sociales para minimizar la capacidad de bloqueo del régimen, quien se empleó a fondo para impedir cualquier marcha de protesta. La víspera, las ONG locales documentaron despliegues de las fuerzas de Seguridad en 70 puntos de Bahrein: muchas localidades, como Sitra, Budaya y Sanabis, amanecieron rodeadas por alambre de espino y bloques de cemento: para salir y entrar, los residentes debían cruzar obligatoriamente un puesto de control militar. Los activistas también denunciaron un aumento en la seguridad del Hospital público Salmaniya, donde se habrían instalado cámaras de seguridad para captar las matrículas de los vehículos que trasladen heridos. Por la tarde, informes de ONG como el Centro Bahreiní para los Derechos Humanos denunciaba el lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de Seguridad contra núcleos de población, indistintamente de que se estuvieran o no celebrando manifestaciones. Muchas familias optaron por manifestarse pacíficamente en el exterior de sus viviendas ante la imposibilidad de concentrarse en las calles de la capital.
Las demandas de los manifestantes son las mismos que se llevan produciendo desde hace décadas y, muy en concreto, desde el 14 de febrero de 2011, cuando el pueblo de Bahréin se levantó contra el régimen siguiendo el ejemplo de tunecinos y egipcios. En el reino de Bahréin, la familia del monarca suni Hamad bin Issa al Khalifa lleva dos siglos en el poder, apoyada en un sistema policial que no duda en emplear las torturas y en un sistema político que les permite elegir a dedo buena parte de los representantes del pueblo en las instituciones. Los Derechos Humanos son negados de forma sistemática, según denuncian ONG locales e internacionales, pero las marchas pacíficas con las que la población, indistintamente de su secta religiosa, exigió mayores derechos y libertades en los primeros meses de 2011 fueron respondida con disparos. En estos dos años, unas 80 personas han muerto en las protestas.
Las críticas internacionales ante las exacciones del régimen fueron más que tibias. No se pidió moderación a la familia Khalifa, que acoge en su pequeño país a la V Flota de la Armada norteamericana y que alberga tropas saudíes en el interior para reprimir a su disidencia interna, ni se exigió que acometiese reformas democráticas o que promoviese la igualdad entre sus ciudadanos – la población musulmana chií, pese a constituir casi el 70% del total de los residentes del reino, carece de los derechos de la comunidad suní- como ocurrió con otros dictadores regionales.
Los lazos del régimen de Manama con Occidente hicieron prosperar la ficción del business as usual incluso en los peores momentos, cuando los doctores eran detenidos y torturados por asistir a manifestantes heridos, los blogueros eran arrestados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, los abusos sexuales eran empleados en los interrogatorios o las mezquitas chiíes -38 sólo en el año 2011- eran arrasadas por órdenes del régimen en una razzia que azuzaba los odios entre confesiones en un contexto regional de guerra religiosa.
Durante 2012 y 2013, la represión se acrecentó pese a los lavados de imagen promovidos por el régimen, ya fuera desde agencias de relaciones públicas o con acontecimientos como la celebración de la Fórmula 1, pero los activistas no cejaron en sus campañas de denuncia. Pese a los arrestos masivos, las exageradas condenas contra defensores de Derechos Humanos, los asaltos policiales contra viviendas de supuestos opositores y los castigos colectivos contra poblaciones chiíes consideradas conflictivas, las protestas se han seguido celebrando y algunas de ellas han derivado en el lanzamiento de cócteles molotov contra fuerzas de seguridad, confirmando los peores temores de muchos activistas de Derechos Humanos como Nabil Rajab, hoy en prisión, quien en esta entrevista admitía su temor a que la decepción social ante el fracaso de la revolución pacífica se tradujese en acciones violentas.
En las instrucciones generales impartidas por los activistas en la web vía la página bahrainaugust14.com -recurso inaugurado expresamente para aportar información sobre el desarrollo de la jornada, bloqueado por las autoridades en el interior del reino horas después de su puesta en marcha- se desaconsejaba cualquier confrontación con las fuerzas del régimen.
Sólo el partido opositor Sociedad Islámica Al Wefaq –que no participa oficialmente en las protestas pero ha expresado su apoyo al derecho a celebrar manifestaciones pacíficas en un explícito respaldo a la jornada- documentó 60 protestas en todo el reino, de 700.000 habitantes. La misma organización había denunciado que, desde que Tamarrod convocase la protesta, a principios de julio, las fuerzas del régimen intensificaron su campaña de persecución de disidentes pese a la celebración del Ramadan: según sus datos, se produjeron 648 asaltos de viviendas, 208 arrestos –entre ellos, 19 menores de edad-, 774 protestas y 400 casos de zonas sometidas a castigo colectivo. “Por lo que estamos oyendo, se va a producir una protesta pacífica pero, habiendo dicho eso, esperamos que haya enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de Seguridad porque están contra cualquier protesta”, aseguró el líder de Wefaq, Seikh Ali Salman, en declaraciones a Reuters.
Los integrantes de Tamarrod publicaron una carta abierta el 1 de agosto pidiendo a la Embajada norteamericana que proporcionase protección a la marcha asumiendo así sus “responsabilidades éticas” y explicando que su objetivo es obtener “una democracia real en Bahréin, no inferior a las existentes en países occidentales como Estados Unidos o Gran Bretaña”.
Con estas protestas pretenden recuperar cierta imagen internacional, dañada por la estrategia del régimen suní que, en sus órganos de propaganda, describe a los manifestantes como terroristas y acusa a la República Islámica de Irán de estar tras los movimientos disidentes con el objetivo de sustituir la monarquía suní, aliada estratégica del vecino Arabia Saudí, por un régimen chií.
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