A Jihad Sadeq Aziz Salman e Ibrahim Ahmad Radi al Moqdaq, de 16 y 17 años respectivamente, el futuro que les espera consiste en una prisión. Estos jóvenes bahreiníes fueron detenidos en una protesta contra la dictadura de su país, acusados formalmente de promover un golpe de Estado, forzados a confesar en interrogatorios eternos y finalmente condenados a 10 años de prisión, en una flagrante violación de la Convención Internacional para los Derechos de la Infancia por parte de los tribunales de Manama. No son los más jóvenes en las cárceles de Bahréin: niños de 14 y 15 años permanecen detenidos bajo cargos similares y, sólo en agosto, 15 menores de edad fueron detenidos –entre 150 personas- según datos obtenidos por el Centro de Bahréin para los Derechos Humanos.
El extenso y oscuro historial de Bahréin en lo que a las violaciones de derechos básicos se refiere no ha impedido que los países de la Liga Árabe hayan designado al archipiélago de mayoría chií, sometido por una monarquía suní asociada a Arabia Saudí y Estados Unidos desde 1738, como sede del nuevo Tribunal pan árabe para los Derechos Humanos, una institución que nace, de esta forma, estigmatizada por su total ausencia de credibilidad.
Las denuncias de torturas (más de 1.800 casos), secuestros a manos de las fuerzas de Seguridad, uso excesivo de la fuerza, confesiones forzadas y castigos colectivos contra la población levantada contra el régimen se suceden sin descanso desde que, hace dos años y medio, los bahreiníes volvieran a levantarse contra la dinastía de los Khalifa aprovechando las insurrecciones sociales de países como Egipto, Libia, Siria, Yemen o Túnez. Las ONG locales e internacionales han denunciado sin descanso los abusos de las fuerzas de Seguridad y de las instituciones contra la población que participa en las manifestaciones, pero la comunidad internacional y, en especial, Estados Unidos –socio privilegiado de los Khalifa, dado que Bahréin alberga en sus aguas a la V Flota norteamericana- han guardado un silencio cómplice sobre la represión, que ha costado la vida a un centenar de personas de las cuales al menos cinco fallecieron a consecuencia de las torturas.
En el caso del actual tribunal, la decisión no ha sorprendido dado que fue el régimen de Manama quien impulsó la creación de esta institución pan árabe. Siendo sinceros, la elección de cualquier sede para albergar el Tribunal Arabe de los Derechos Humanos habría sido polémica. Las violaciones de los más elementales derechos del hombre son algo generalizado en todo Oriente Próximo, e incluso en los países considerados más liberales, como el Líbano o Palestina, muchas de las libertades básicas son sistemáticamente ignoradas. La situación ha empeorado notablemente desde el inicio de las primaveras árabes. En los países del Golfo afectados en escasa medida por los levantamientos sociales, como Omán, Kuwait o Arabia Saudí, la detención de blogueros, intelectuales y defensores de los Derechos Humanos se ha convertido en una plaga. Con unos 500 presos políticos sobre una población autóctona de 535.000 personas, Bahréin se ha convertido -proporcionalmente- en el país con más presos de conciencia del mundo.
Ahora bien, la elección de Bahréin –calificado desde algunos foros como el reino de la tortura, dado su historial- ha suscitado una indignada polémica dentro y fuera del país dado que las agresiones contra la población, disfrazadas de operaciones de Seguridad, nunca han aminorado. Ahmed Abbas Mowali fue detenido en su domicilio el pasado 22 de agosto por pedir justicia para los asesinos de su hijo, Yusef, arrestado, torturado y hallado ahogado en enero de 2012. Los cargos contra él, presentados por la Fiscalía, se limitan a “manifestación ilegal” y por el momento tendrá que estar 45 días en prisión, los mismos que Abdulhadi Mushaima, arrestado 10 días después en su propia casa bajo los mismos cargos. Su delito, según la acusación pública, es el mismo que el de Ahmad, pero se da la circunstancia de que él también pide Justicia para su hijo, Ali, la primera víctima de la represión en Bahréin (murió el 14 de febrero de 2011 por disparos de la policía) atribuida por un informe independiente internacional encargado por la misma dictadura al “uso excesivo de la fuerza por parte de los oficiales de policía”.
El principal partido de la oposición a los Khalifa, Al Wefaq, ha recopilado “al menos 55 tipos de violaciones de Derechos Humanos perpetradas por el régimen contra sus ciudadanos, incluidos derechos humanos fundamentales”, lo cual afianza la idea de que “Bahréin es un agujero negro para los Derechos Humanos”. Human Rights Watch advierte que ningún “tribunal ostentoso” podrá borrar el triste historial de violaciones de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras ha exigido a la Liga Arabe que condicione su decisión a la liberación de presos de conciencia. En un informe, el Centro de Bahréin para los Derechos Humanos destacaba que “la gravedad de la brutal y sistemática tortura practicada por las autoridades contra los presos políticos y activistas de derechos humanos en los centros de detención es evidente tras registrarse cuatro casos de muerte por torturas en sólo nueve días, entre ellos, uno de los fundadores de periódico Alwasat y un activista de Internet”. Activistas y defensores de los DDHH tan reconocidos como Nabeel Rajab han sido detenidos: éste último, fue condenado a dos años de prisión por sus tweets contra el régimen.
La dictadura baheriní no parece entender la polémica. El ministro de Exteriores, Sheikh Khalid bin Ahmed al Khalifa, ha llegado a afirmar que “la iniciativa de establecer la corte se desprende de la firme creencia del rey en la importancia de los Derechos Humanos y las libertades básicas”. Por su parte, la conocida activista Maryam al Khawaja, cuyo padre y hermana están en prisión por exigir, como tantos otros manifestantes, reformas democráticas y derechos iguales para todos los ciudadanos, ha calificado la creación del tribunal como un éxito de la maquinaria de relaciones públicas del reino y considera que cualquier credibilidad por parte de esta corte ha quedado así excluida. “Los estados del Golfo no responden por sus abusos contra los Derechos Humanos. Nadie se la tomará en serio. Para ellos, tener un tribunal así es una bofetada en la cara de quienes han documentado abusos en Bahrein que no han tenido consecuencias”. “Probablemente estará destinada a perseguir a gente como Bashar Assad, pero no tendrá ningún papel en los países del Golfo y no me sorprendería que, de hecho, sea usada para perseguir a quienes tratan de promover una sociedad civil”.
Represión en Manama. / Bahrain Center for Human Rights (Facebook)
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