La Comunidad de Madrid ya tiene un borrador de la ley universitaria que permite la entrada de empresas privadas en la universidad y no garantiza un mínimo de inversión ni la equidad en el acceso a las becas.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid abrirá las puertas de la universidad pública a las empresas privadas gracias a una nueva norma que se incorporará en la ley de universidades y enseñanzas superiores de la Comunidad de Madrid, ya en su fase final de escritura y desarrollo.
Público ha tenido acceso al borrador sobre el que trabaja la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y en su Artículo 90 reza que «las universidades públicas podrán constituir fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos para el despliegue de sus actividades». La medida se proyecta dentro del apartado Nuevas formas de financiación.
Este documento, que podría ver la luz de forma oficial antes de Semana Santa, ofrece condiciones favorables a quienes participen en estas inversiones, que contarán con menor vigilancia de la habitual. Para llevar a cabo la actividad, «no se requerirán las autorizaciones a emitir por la Comunidad de Madrid previstas en la normativa presupuestaria», dice el borrador. Para funcionar, tan solo «será necesario que la universidad constituya una oficina dotada con personal especializado y con la formación adecuada, dedicados a su gestión», dice, de forma ambigua, el texto al que ha tenido acceso este periódico.
El texto es «gris», según las fuentes consultadas, para flexibilizar al máximo los conceptos y que abra más puertas al negocio de la privada. Estas nuevas formas de inversión diseñadas por el Gobierno de Ayuso aspiran a «reducir la aportación pública, incluso a veces saltándose sus propias normas». Mientras la sociedad civil y la comunidad universitaria claman desde hace años por un aumento de la financiación desde el Gobierno de la Comunidad e incluso se han propuesto rescates económicos para garantizar la viabilidad de la universidad pública, el Gobierno del PP no contempla esa vía y prefiere acudir a la empresa privada, misma estrategia que en la sanidad.
El borrador del Gobierno de Ayuso tiene «un claro sesgo mercantil y liberal»
Por el momento, el borrador no recoge sanciones al alumnado que lleve a cabo protestas y manifestaciones, una idea que el Gobierno de Ayuso planteó hace unos meses. Fuentes consultadas por Público consideran que el Ejecutivo se guarda la medida para, bien aprobarla por otros cauces sin hacer ruido, o bien para hacer todo el ruido posible en otro momento en el que necesiten desviar algún foco inoportuno para Ayuso. Además, el borrador no hace ninguna mención a los planes de atracción de talento propuestos por el Gobierno en la LOSU y pasa de largo sobre planes de inversión en Ciencia Ciudadana, una de las aspiraciones recogidas por la ley estatal en varios artículos.
Una ley sin compromiso económico y sin equidad
En líneas generales, el texto sigue la senda marcada por el Gobierno autonómico el pasado verano, cuando envió a los rectores un pequeño avance del texto. Antonio Sánchez, diputado de Más Madrid y profesor universitario, considera que «parece el borrador de un acta de defunción» dado que «no quiere solucionar ningún problema». Por su parte, Esteban Álvarez, del PSOE de Madrid, encuentra en el mismo «un claro sesgo mercantil y liberal«.
A esta declaración de intenciones deslizada con la creación de fondos de inversión, se suman algunas otras decisiones y ausencias que levantan suspicacias. Por ejemplo, el borrador no garantiza ninguna financiación mínima para las universidades públicas ni recoge el compromiso de la Ley de Universidades (LOSU) aprobada por el Gobierno de coalición en 2023 de llegar a una financiación que suponga el 1% del PIB del Estado.
«No cumple con la obligación de llegar al 1% de la LOSU y esto podría ser objeto de recurso ante la Justicia al no respetar los criterios estatales», critica Esteban Álvarez. Tampoco hay ningún plan o reconocimiento para erradicar la temporalidad en las plantillas universitarias, uno de los mayores problemas que afronta el sector. Antonio Sánchez sostiene que «tampoco hay indicio alguno de que quieran que dejemos [los profesores] de ser quienes tenemos, además de los salarios más bajos, una tasa de temporalidad que es casi un tercio superior a la que se tiene en la hostelería».
«No cumple con la obligación de llegar al 1% de la LOSU y esto podría ser objeto de recurso ante la Justicia»
Uno de los puntos donde Esteban Álvarez pone el foco tiene que ver con el acceso a las becas. «La LOSU establece mecanismos de equidad para el acceso de tasas y becas que tengan en cuenta la igualdad de oportunidades. El borrador no recoge nada de este asunto y podría ser una vulneración de la LOSU. Hay muchos artículos que, o ignora la LOSU, o está cerca de ello», sentencia el diputado del PSOE.
