Al menos 114 personas perdieron la vida el pasado sábado, día de las fuerzas armadas, a manos de las fuerzas golpistas, en el poder en Myanmar desde el golpe del 1 de febrero. La violencia ha escalado en intensidad desde los primeros días del golpe y de la instauración de la junta militar de Min Aung Hlaing hasta el punto de que los reportes señalan que un vendedor fue quemado vivo en Mandalay, la segunda ciudad del país.
Las cifras aportadas por la comunidad internacional acercan al medio millar de personas la cifra de víctimas de la Junta desde el 1 de febrero. El mismo grupo calculaba el lunes que hay 2.559 detenidos desde el 1 de febrero.
La jornada del 27 de marzo dio comienzo con un desfile militar en Nay Pyi Taw y una alocución de Aung Hlaing en la que instaba a acabar con los actos “terroristas”. Esa noche, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos emitía un primer balance provisional de la represión a lo largo de la jornada: 89 muertos que luego ascendieron a 114, entre ellos al menos seis niños y adolescentes. En el Estado de Shan, se produjo el asesinato policial de tres estudiantes universitarios.
Tras el sábado sangriento, la represión continuó el domingo, en el que se contaron otras 13 víctimas mortales. El ejército abrió fuego sobre un grupo que acudía al funeral de un joven asesinado el día anterior en Bago, a poca distancia de la capital.
Los ataques del Tatmadaw (nombre oficial de las Fuerzas Armadas birmanas) tuvieron lugar en diez ciudades distintas. Mientras, los opositores democráticos y movimientos anti-golpes ensayan la creación de milicias y se reportan movimientos dentro del territorio hacia campos de entrenamiento en zonas no controladas por la Junta de Hlaing.
Los países occidentales y las instituciones internacionales han condenado sin ambages la represión llevada a cabo por Hlaing, que apenas encuentra reconocimiento en los países limítrofes, pero cuya Junta parece más frágil de lo que indica su respuesta violenta a las protestas.
En el interior del país, la organización del Civil Disobedience Movement ha impulsado un movimiento de boicot y absentismo laboral por parte de funcionarios, como explica el medio Frontier.
Pero la incertidumbre también está generalizando el exilio de cientos de personas hacia la frontera con Tailandia, especialmente de residentes del Estado de Karen, atacado por bombardeos aéreos en los últimos días y controlado por el ejército rebelde Karen National Liberation Army, que ha vuelto a las armas tras el armisticio firmado en 2015 durante el periodo de transición a la democracia en Birmania.
El éxodo hacia Karen, en el sur del país, y la huida desde ahí a Mae Hong Son, en Tailandia, se ha extendido entre un número que oscila entre las tres y las cuatro mil personas. En el norte, aproximadamente 700 personas han entrado en los estados del noreste indio, donde han sido identificados como “inmigrantes ilegales”.
Reconocimiento internacional
Tailandia es uno de los países que no ha condenado el golpe, reconoce a la Junta y, de hecho, envió el pasado sábado a representantes al desfile de las fuerzas armadas. La baza que juega el gobierno del Tatmadaw es sostenerse con el apoyo de China, para lo que incluyó a ministros con lazos con el régimen de Xi Jinping. Tampoco Rusia ha cortado los lazos con el gobierno de Hlaing, que invitó a una representación rusa al día de las Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, el régimen birmano ha fichado lobbistas con los que pretende romper la condena internacional y acercarse a los negocios globales. Pese a las admoniciones de Joe Biden, presidente de EE UU, la contundencia de los comunicados de la ONU y el empeño de Amnistía Internacional, el veto chino y ruso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dificultan medidas como el embargo de la venta de armas que se propone como medida urgente desde las ONG internacionales.
