La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (Amal) ha convocada para el viernes una manifestación en el madrileño barrio de Lavapiés contra la subvenciones del Estado a las confesiones religiosas, por la libertad de expresión y manifestación y contra el "robo" de la mezquita de Córdoba.
La marcha, que se ha realizado en varias ocasiones en el mes de mayo, saldrá a las 20 horas de la plaza de Tirso de Molina y llegará hasta la plaza de Lavapiés. También defienden una sociedad laica y la total separación entre Iglesia y Estado.
"Queremos convocaros para que los ateos y librepensadores tengamos voz propia. Las distintas movilizaciones ciudadanas, exigen en todas sus protestas una mayor inversión, en lugar de recortes, y que el dinero que se desvía para los colegios concertados, el 80 por ciento católicos, Sanidad privada. Se destine a lo público, que es la que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, pero no hay muchas voces que exigen", han señalado en su manifiesto.
La asociación de librepensadores también pide la derogación de los acuerdos con el Vaticano, que la religión deje de formar parte el horario lectivo y que ninguna simbología religiosa tenga presencia en los actos públicos oficiales, entre otras reclamaciones.
NO PUDIERON MANIFESTARSE EN JUEVES SANTO
La marcha del viernes ha sido comunicada y cuenta con autorización de la Delegación del Gobierno en Madrid, que prohibió otro similar que la asociación de ateos pretendía celebrar el Jueves Santo. Esa decisión fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Este ha sido el cuarto año consecutivo que AMAL ha convocado, sin éxito, dicha manifestación en plena Semana Santa madrileña. La Delegación, respaldada por diferentes autos del TSJM, las prohibió considerando que suponía una provocación a las personas que ese día acudían a las procesiones, entre otros muchos argumentos.
La semana pasada, la Asociación de Ateos y Liprensadores interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra la prohibición porque entendía que las razones esgrimidas por el TSJM y el departamento que dirige Cristina Cifuentes "no son mínimamente convincentes", pues, en su opinión, "interpretan el derecho de manera restrictiva, exacerbando los motivos que permiten limitar su ejercicio, (el peligro para el orden público y la libertad religiosa) y realizando un test de proporcionalidad claramente desacertado".
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