La presidenta de la Comunidad de Madrid redobla su apuesta por controlar la universidad con su ley de estudios superiores: primero estableció que no aportará más del 70% de financiación y ahora amenaza con sancionar con miles de euros a quienes protesten, cuelguen pancartas o hagan escraches
Las señales estaban ahí para quien las quisiera ver. “Nosotros siempre defendemos que la política debe quedar fuera de las aulas. Desde la Comunidad de Madrid vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así”, dijo el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, hace apenas un año. Más recientes, no tienen ni dos meses, son otras declaraciones en un acto público, cuando calificó de “necesario” establecer un régimen sancionador en la universidad. “Es importante garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación. Una cosa es una concentración pacífica… Y otra cosa es impedir la libre circulación de vehículos o personas que impidan la libertad de cátedra. Hay límites fundamentales que no se pueden cruzar”.
