Una misiva al Consejo de Colegios de Arquitectos denuncia que la concesión choca con sentencias contrarias a pronunciamientos de los colegios sobre cuestiones “ajenas a los intereses profesionales”
La concesión de la insignia como “arquitecto de honor” al exarzobispo de Valencia Antonio Cañizares ha sublevado a un grupo de profesionales que considera que se ha roto la neutralidad propia de un colegio profesional al premiar a un conocido cardenal de tendencia ultraconservadora. La polémica ha llegado al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, tras una queja remitida por varios colegiados valencianos.
Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia hasta el pasado octubre, recibió la medalla de la mano del presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Luis Sendra Mengual, y del presidente de la Real Congregación de Arquitectos Nuestra Señora de Belén, Antonio García Heredia, en reconocimiento a su trayectoria profesional y personal en defensa de la arquitectura y el arte. En un encuentro en el Palacio Arzobispal, celebrado el pasado 7 de julio y al que también asistió el vicario general Vicente Fontestad, el Colegio de Arquitectos reconoció la “especial vinculación” de Cañizares con la patrona del ramo.
La concesión de la insignia no ha sentado bien a una parte de los colegiados valencianos, que han remitido una carta al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en la que denuncian que la medalla a Cañizares “rompe con la neutralidad ideológica que se espera del colegio profesional”. “Dicho otorgamiento no cons?tituye ningún fin público de interés general al que se ha de dirigir el colegio profesional y máxime cuando no cuenta con la totalidad de la aquiescencia de los miembros colegiados, ejercientes o no, a los que ni siquiera se ha informado, para emitir ese acuerdo”, reprocha la misiva a la que ha tenido acceso elDiario.es.
El reconocimiento, promovido por la Real Congregación de Arquitectos Nuestra Señora de Belén en Valencia, se justificó por la implicación de Cañizares en la “intervención arquitectónica y pictórico-ornamental en la Iglesia de San Nicolás”. Sin embargo, la misiva recuerda que la financiación de ese proyecto corrió a cargo de la Fundación Hortensia Herrero y que el acuerdo de intervención fue firmado por el predecesor de Antonio Cañizares, el arzobispo Carlos Osoro.
El “arquitecto de honor”, actualmente cardenal presbítero de San Pancracio, se ha caracterizado por sus posicionamientos alineados con los postulados más ultraconservadores de la Iglesia católica, en materias como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o la homosexualidad, entre otras cuestiones. “Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la arquitectura, no deja otra posibilidad a los colegiados que alinearse con la opción ideológica que el decanato del colegio profesional ha asumido”, reza la carta.
Además, los arquitectos críticos con la decisión desvelan que no existe un acuerdo de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana sobre la concesión: “Se trató de una decisión especial del decanato”, indica.
La concesión de la insignia es una iniciativa de un grupo de profesionales seguidores de la patrona de los arquitectos. El propio arzobispo Cañizares firmó en 2016 el decreto para la erección canónica en la diócesis de la Asociación Pública de Fieles Real Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén en su Huida a Egipto.
“Cuestiones que dividen a la sociedad”
Como trasfondo de la distinción al cardenal sobrevuela el papel de los colegios profesionales y entronca con la neutralidad ideológica que la jurisprudencia en España ha impuesto a estos organismos. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la adhesión del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir de 2013, que contó con el voto favorable del decano del colegio de Barcelona.
El fallo, avalado por el Tribunal Supremo, considera que una entidad de derecho público “representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidadque le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir”.
La sentencia rechaza que los colegios profesionales sostengan oficialmente una “postura sobre cuestiones que dividen a la sociedad y son ajenas a la función de defensa de los intereses profesionales, en especial cuando sobre ellas existe discrepancia entre los colegiados”.
