La Fundación del Ejecutivo de Aguirre subvencionó sin control centenares de talleres de la ONG católica Solidaridad Humana
Las ayudas a la organización, que promovía el eslógan ‘Hay que ponerse el condón en la cabeza’, fueron denunciadas por el PSOE
La Fundación Arpegio, dependiente de la Comunidad de Madrid y que repartió cerca de 10 millones a dedo entre amigos y afines del Ejecutivo de Esperanza Aguirre e Ignacio González, subvencionó entre 2007 y 2008 con aproximadamente 250.000 euros, sin control ni fiscalización pública, varios centenares de talleres de educación «afectivo-sexual» llevados a cabo en más de 100 colegio madrileños por la ONG Solidaridad Humana, una organización de raíz católica y promotora de la abstinencia sexual como método anticonceptivo, según denunció en su momento el PSOE y mantenían los rectores de la organización no gubernamental.
Dicha ONG había realizado durante la década pasada campañas por «la defensa de la abstinencia y la castidad para prevenir el sida», y promoviendo el siguiente eslógan: «Hay que educar para lo único que podría protegernos: ponerse el preservativo en la cabeza», según se publicó en 2001.
La aportación emerge de las cuentas de la Fundación Arpegio entregadas el pasado martes a la Asamblea de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes, ante la petición de la comisión de investigación parlamentaria de los años de mandato de Aguirre y González. La ONG Solidaridad Humana ya había disfrutado de subvenciones en la etapa anterior, la de Alberto Ruiz-Gallardón, pero con la llegada de Aguirre al Gobierno regional dichas ayudas se multiplicaron por cuatro, denunciaron entonces los socialistas.
En concreto, en el periodo 2007-2008 fue la Fundación Arpegio, a través de la que Granados repartió millones a dedo -incluido un contrato a Waiter Music investigado en la Audiencia Nacional-, la que sufragó la campaña de educación sexual promotora de la abstinencia.
‘Consultoría y asistencia’
Si el PSOE denunciaba en 2004 que la Comunidad le daba 120.000 euros a Solidaridad Humana, en 2007 la aportación de Arpegio llegó a nada menos que 255.985 euros. Los primeros 156.025 fueron adjudicados, sin control ni fiscalización como todos los gastos de Arpegio, a través de un contrato de consultoría y asistencia titulado «Talleres de formación, información y orientación afectivo-sexual» de la Consejería de Educación, dirigida entonces por Lucía Figar, hoy imputada en la trama Púnica, por la cual el juez investigador, Eloy Velasco, mantiene en la cárcel a Francisco Granados, en aquel momento presidente de Arpegio.
Sin embargo, un año después, en 2008, era la Dirección General de Juventud, comandada entonces por el actual alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, la que solicitaba una ampliación del programa «para poder ampliar a más de 100 centros escolares este proyecto», según consta en la memoria de actuación.
Y se realizó dicha ampliación, de un total de 99.969 euros, pero incluso en dicho documento parece quedar patente cierto descontrol de la Fundación Arpegio con respecto al uso de dinero público. Porque así consta en la memoria de actuaciones: «Nos solicitan setenta y dos mil euros (99.960 euros)». El dinero público salió de nuevo, sin pasar por órgano alguno de control, en dirección a la ONG.
Solidaridad Humana había llevado a cabo en colegios, por ejemplo, actuaciones tendentes a «reemplazar el vacío dejado por los programas teen star de procedencia norteamericana».
Matización de Aguirre
Por otra parte, Esperanza Aguirre remitió ayer a este periódico una carta de Beatriz Elorriaga, referida a la entrevista publicada con Elisa de la Nuez. La carta asegura que De la Nuez no dijo de manera textual que la fundación era el «chiringuito de Aguirre y Granados». La abogada dijo textualmente: «Mi impresión es que claramente era un chiringuito para hacer favores, entiendo que favores políticos, determinadas cosas que venían bien políticamente, y a veces te daba la impresión de que se podían hacer favores personales, que gente que tenía buena relación con la presidenta de la Comunidad o con el presidente Granados tenía acceso para hacer determinadas cosas».
