A lo largo del tiempo fueron varias las legislaciones a las que la Iglesia Católica se opuso, intentando imponer creencias religiosas y morales por sobre los derechos de la sociedad. De la misma manera que hoy sucede con el debate por la legalización del aborto, el poder eclesiástico se encontró detrás de varias campañas contra políticas fundamentales como la ley del divorcio vincular, la educación sexual integral y el matrimonio igualitario. ¿Cuáles fueron sus posturas? (Foto: China Díaz)
La discusión por la legalización del aborto no es el primer tema de política pública en el que la Iglesia busca tener influencia para que el Estado legisle de acuerdo a creencias religiosas que buscan así imponerse. A lo largo de la historia argentina, son varios los derechos a los que se opuso, demostrándose así el entramado entre el poder político y el eclesiástico, que continúa teniendo en la actualidad un fuerte peso sobre las legislaciones que vienen a cambiar con un modelo de cultura apoyado en restricciones morales.
De la misma forma que sucede en la actualidad con la interrupción voluntaria del embarazo, la Iglesia ejerció presión sobre la sociedad civil y política desde distintos ámbitos, apoyándose en nociones que, entre otras cosas, desconocen derechos como la libertad sexual y la diversidad de género, negando la intervención necesaria del Estado para garantizarlos y manteniendo una perspectiva biologicista de la sociedad. A continuación, mencionamos tres leyes frente a las que se generó una fuerte oposición eclesiástica: la de divorcio vincular, la de educación sexual integral y la de matrimonio igualitario.
Ley de divorcio
En la década del ’80 Argentina era uno de los pocos países del mundo que mantenía la indisolubilidad del matrimonio, lo que implicaba que las parejas que se separaban no podían volver a casarse. Si bien la discusión por su legalización es de larga data, se instaló en el Congreso a partir de 1984, momento en el que se presentaron alrededor de veinte proyectos, instalando un debate al que se opusieron fuertemente los sectores conservadores, incluyendo una fuerte cruzada por parte de la Iglesia Católica. El tratamiento parlamentario de la Ley de Divorcio Vincular duró diez meses: comenzó en la Cámara de Diputados en agosto de 1986 y terminó con la sanción definitiva en junio de 1987, luego de que se aprobaran las modificaciones producidas en el Senado.
En el tiempo que duró el debate en el Congreso, la Iglesia organizó una campaña “en defensa de la familia” a través de distintas asociaciones de laicos, que intentó presionar a los legisladores mediante publicidades, reuniones y marchas en todo el país, en donde se notó la intervención directa de los obispos. Así, todos los argumentos giraban en torno a una premisa: “la familia como garantía y esperanza de la patria”. Al igual que sucede ahora con el aborto, se escucharon toda clase de falacias determinadas por la moral religiosa, como que se “arruinaría” la vida de los hijos de las parejas, que el vínculo matrimonial debía ser “perpetuo”, (tal como expuso Vicente Saadi, por entonces senador de Catamarca), o que “el divorcio sería “como una espada de Damocles sobre los matrimonios felices”, (mencionado por Gino Cavallaro, ex senador de Entre Ríos.
No faltaron tampoco las exposiciones que intentaron convencer sobre la supuesta imposibilidad de la ley. En su intervención a favor de la legalización del aborto en Diputados, Nelly Minyerski, abogada de derecho de familia y derechos humanos afirmó: “Los mismos que hoy argumentan en contra de la despenalización y la legalización estuvieron en contra del divorcio vincular y del ejercicio conjunto de la patria potestad. Parecía que la sociedad se iba a venir abajo, que se iba a llenar Tribunales. Eso no pasa (…) Esas leyes hicieron más sana a la sociedad, nos hicieron más felices”.
Educación Sexual Integral
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) fue promulgada el 23 de octubre de 2006 y puesta en funcionamiento a partir del año 2008 con la creación de un programa de alcance nacional que estableció lineamientos curriculares para todos los establecimientos educativos públicos y privados. La implementación de la normativa significó un nuevo paradigma, al contemplar un abordaje integral de la sexualidad con perspectiva de género. Esta perspectiva fue una de los varios puntos en contra de los cuales se posicionó la Iglesia en medio del debate por la normativa. Sosteniendo una concepción represiva de la sexualidad destinada a la reproducción y negando la identidad como una construcción cultural, sus principales referentes se opusieron a los puntos principales de la ley mediante declaraciones y documentos de distintos representantes.
Algunos de ellos, como la Conferencia Episcopal Argentina, la Universidad Católica o la Asociación Argentina de Abogados católicos se expresaron en contra de que el Estado tomara a su cargo una educación que, la Iglesia consideraba, debía atenerse principalmente al ámbito familiar. Además, tal como expuso en una investigación la antropóloga María Rita Marsilli, criticaban la noción de sexualidad de la ley por no centrarse en “valores morales”, rechazaban los métodos propuestos para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y el derecho de los adolescentes a acceder a métodos anticonceptivos sin la autorización de sus padres.
A fines de 2017, el Arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien ya se había manifestado en contra en más de una ocasión, emitió un decreto sobre la educación en los colegios católicos, en el que prohíbe la enseñanza de “teorías de género que pretenden negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer”. Esto va en línea con la posición de los más altos representantes de la jerarquía eclesiástica que buscaron mantener el conservadurismo sobre una política pública necesaria y vanguardista al momento de su sanción.
Matrimonio igualitario
En línea con lo mencionado anteriormente, la Iglesia organizó una fuerte cruzada contra la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en la Cámara de Senadores el 15 de julio de 2010, con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. De forma similar a lo sucedido con la Ley de Divorcio Vincular, el clero convocó a varias manifestaciones mientras duró el tratamiento parlamentario, bajo lemas como “Familia hay una sola” o “Los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá”, eslóganes que estuvieron presentes en material publicitario. Además, sacerdotes y obispos – tal como está sucediendo con el debate por el aborto – amenazaron con excomulgar a los legisladores que votaran a favor. En la provincia de Buenos Aires, alrededor 400 mil alumnos de 2500 colegios católicos y parroquiales recibieron una “invitación” para firmar una declaración en contra de la ley.
Muchos fueron los repudiables argumentos que se escucharon en el Congreso en línea con la postura de la Iglesia, como por ejemplo que el matrimonio se trataba de una institución exclusivamente heterosexual, que la legalización alteraría los valores de la sociedad, que un niño o niña solo podría ser criados exclusivamente por un varón y una mujer, y hasta que se trataba de un “experimento poco ético”. De la misma manera que con la Ley de Divorcio Vincular y con la legalización del aborto se hizo también alusión a supuestas “complicaciones” para su aplicación, como que se generaría un “caos” en los Registros de Adopción. La sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario fue, en este sentido, un paso esencial en la ampliación de derechos y, por lo tanto, en separar a la Iglesia de un asunto sobre el que no debería tener injerencia alguna.
