El proyecto cabecera data de 2008 y es de autoría de la diputada mandato cumplido, Mariana Salom. Fue aprobado por unanimidad y da curso a la libertad de culto garantizada por la Constitución Nacional para que pueda ser profesada en este caso por los cristianos evangélicos pentecostales dependientes de la Administración Pública.
La Legislatura chaqueña votó por unanimidad la ley que declara asueto administrativo, el día del pentecostés, para los cristianos evangélicos pentecostales de la administración pública. El tema surge de la acumulación de varios proyectos que tiene como autores a los diputados mandato cumplido Mariana Salom y Roy Nikisch y a los legisladores Débora Cardozo, Rodrigo Ocampo y Paola Benítez.
El diputado Ocampo obró de informante en el Recinto y recalcó que se trata de una iniciativa que ya tiene varios años en la Legislatura, y que está dirigida a “quienes profesen esta religión”. “Considero que es positivo”, expresó.
Desde el radicalismo, Cardozo repasó los fundamentos del proyecto de su autoría haciendo un recorrido de los antecedentes históricos de esta fecha religiosa y también los antecedentes legislativos en ese sentido. Aseguró que el Día de Pentecostés “es algo más que la venida del Espíritu Santo para la comunidad cristiana evangélica pentecostal; es la celebración más importante de su calendario litúrgico”.
Recalcó que la comunidad evangélica en Argentina nuclea a más de 24.000 congregaciones y que en todo el país hay más de 6.942.644 millones de fieles, 15,3% en el año 2019. Que la festividad siempre es en días lunes y “que esto los ha llevado muchas veces a faltar a sus lugares de trabajo, perdiendo el presentismo, como así también la remuneración del día”.
Por su parte, la diputada justicialista Benítez, apelo a la importancia y a la “solemnidad” de la celebración y apeló a la libertad e igualdad de culto en la Provincia donde “resulta ajustado a derecho proveer un marco normativo para que los fieles de dicha comunidad religiosa puedan expresar su fe”, dijo y pidió acompañamiento “en cumplimiento de las garantías constitucionales y derechos reconocidos por nuestra legislación nacional y local”.
