En línea con el discurso de Fernández, los privilegiados integrantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social proponen “honrar la deuda externa” aunque “privilegiando la protección de los más vulnerables”.
En un acto más de sacrosanta hipocresía, la Conferencia Episcopal Argentina (a través de su Comisión de Pastoral Social encabezada por el obispo de Lomas de Zamora Jorge Lugones) publicó este jueves un comunicado bajo el título “La deuda externa y las deudas sociales”.
Allí los obispos afirman que en Argentina hace falta “un modelo basado en la producción y en la economía social” con el que se “pueda honrar los compromisos con la deuda externa” a partir de “saldar la deuda social” y “privilegiando la protección de los más vulnerables”.
El texto expresa un posicionamiento político del Episcopado argentino en línea conceptual con el gobierno de Alberto Fernández. Pero, fiel al estilo vaticano, la jerarquía eclesiástica maneja un léxico un poco más “combativo” de lo que realmente practica.
La idea es siempre la misma: ubicar a la Iglesia como una voz crítica de las peores consecuencias sociales del sistema capitalista, buscando mostrarla como “reserva moral” ante la población y, así, transformarse en una interlocutora privilegiada de gobiernos, parlamentos y jueces. Para su propio beneficia, claro.
¿El problema es el “modelo”?
El comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social cita tanto al papa Francisco como a Juan Pablo II, en diversas expresiones que tuvieron relacionadas al enorme peso de las deudas públicas de los Estados que impiden que las poblaciones de esos mismos Estados puedan comer, tener salud, educación, vivienda y vestirse de forma adecuada a la “dignidad humana”.
En ese marco, agregan los obispos, “es necesario corregir los modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente, la acogida de la vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la dignidad de los trabajadores, los derechos de las generaciones futuras”.
Respecto a Argentina, afirman que “se presenta hoy el renovado desafío de atender la deuda pública, pero sobretodo las deudas sociales. La Iglesia en su solicitud pastoral no ha ignorado este problema, ya que afecta a la vida de muchas personas, señalando en varias oportunidades que las obligaciones emergentes de situaciones creadas por la deuda externa no pueden y no deben soslayar la mirada ética respecto de los compromisos con la deuda social que nacen, precisamente, de un orden económico que ha privilegiado la especulación financiera por encima de la producción y el trabajo digno”.
Así, insisten, “vuelve a plantearse en nuestro país el dilema de pagar sobre el hambre y la miseria de millones de compatriotas o buscar un camino que, sin dejar de honrar las deudas, anteponga el crecimiento de la economía, el equilibrio de las cuentas públicas y la atención de los más necesitados antes de hacer frente a los compromisos de la deuda”.
“La deuda social es la gran deuda de los argentinos, no se trata solamente de un problema económico o estadístico. Detrás de las estadísticas hay rostros e historias de sufrimiento y lucha por sobrevivir. Es principalmente un problema ético”, sentencia el Episcopado. Por eso desean que, “al abordar el tema de la deuda externa, nuestra Patria se asuma como protagonista de su propia suerte para definir el propio desarrollo cultural, civil, social y económico”.
Acorde a la teología que afirma que tanto la riqueza como la pobreza de las personas son, en última instancia, decisiones de Dios, los obispos proponen “promover una nueva cultura política solidaria tanto en lo interno como en el ámbito de la cooperación internacional. La construcción de la paz sólo es posible tomando plena conciencia de la interdependencia entre ricos y pobres, que permitan alcanzar determinadas metas de progreso y desarrollo”. Más claro, imposible.
Por eso, si bien afirman que “el endeudamiento ha sido utilizado por los organismos internacionales para imponer un modelo económico y cultural que ha incrementado la pobreza, el desempleo y la desigualdad social”, se limitan a pedir que se “profundicen acciones que se sustenten en la ética de la solidaridad, de la educación y el diálogo social” a fin de montar “un modelo basado en la producción y en la economía social, como condiciones imprescindibles para una economía con rostro humano”.
¿Pero es un problema de “modelo” o más bien de sistema? Desde hace décadas en todo el mundo se vienen probando diferentes “modelos” económicos dentro del mismo sistema capitalista. Sin embargo, más allá de momentos de mayores o menores concesiones a las masas empobrecidas por parte de los gobiernos, el esquema de apropiación de las riquezas sociales por parte de minorías en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías sigue intacto. E incluso cuenta con la bendición constante de cada papa que posa sus nalgas en el sillón de Pedro.
Haz lo que digo, más no lo que hago
Claramente, como en todo, una cosa es el léxico y otra son los hechos. Los mismos obispos que firman el comunicado son quienes llevan décadas legitimando (por acción u omisión) cada política encarada desde la Casa Rosada, aún las de ajuste brutal sobre los bolsillos populares.
Para no hablar de que la misma Conferencia Episcopal Argentina (con otros apellidos pero con iguales sotanas) legitimó, acompañó y sostuvo a las más asesinas dictaduras y los más brutales planes de exterminio social.
Pero tal vez lo más irritante del doble discurso (en esencia, doble moral) de los obispos argentinos sea que mientras se llenan la boca hablando de “deuda social”, pobreza imperdonable y “solidaridad” de los ricos hacia los más vulnerables, ellos mismos viven vidas plagadas de lujos, placeres materiales y hambre cero. Y encima, con ingresos aportados por el Estado a partir del presupuesto nacional al que “contribuye” mayoritariamente la población trabajadora y pobre.
Fieles al secreto con el que manejan casi todo lo que corresponde a la vida interna de la Iglesia, los obispos suelen no responder cuánto les paga por mes el Estado en concepto de sueldo. Una de las últimas “revelaciones” al respecto se dieron en marzo de 2018, cuando el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña informó que cada obispo percibía unos $ 46.800 mensuales.
Ese número, tal como está estipulado por ley, correspondía al 80 % de lo que percibía de “básico” en ese momento un juez nacional de primera instancia. Tomando los aumentos de la escala salarial del Poder Judicial de la Nación entre marzo de 2018 y hoy, un obispo estaría cobrando en estos momentos no menos de $ 105.000.
Pero esa cifra debe ser tomada con pinzas, ya que si bien Peña y la Conferencia Episcopal dijeron en marzo de 2018 que el ingreso de los obispos se relacionaba al “básico” de los jueces, esa condición no está en el texto de la Ley 21950 (decretada por la dictadura en 1979). Allí dice expresamente que “los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos”. Nada de “básico”.
Teniendo en cuenta esta observación, si hoy el ingreso más “pequeño” de un juez nacional de primera instancia ronda los $ 220.000 (esto es, sin contar antigüedad y demás ítems), el 80 % de esa cifra no baja de los $ 177.000.
En definitiva, entre los $ 105.000 “básicos” que los obispos dicen cobrar y los $ 177.000 o más que es muy probable que cobren, radica la nulidad absoluta de carencias para estos señores que, sin trabajar, viven como dioses.
A todo eso hay que agregar otras diversas fuentes de recursos estatales indirectas con las que cuenta la Iglesia en Argentina, expresada en subsidios, exenciones impositivas, pagos de pasajes aéreos y terrestres nacionales e internacionacionales, obras de infraestructura en catedrales, basílicas y parroquias, entre otras. Todo, claro, según lo dicta el nefasto artículo 2 de la Constitución Nacional que ningún gobernante o gobernanta ha cuestionado ni cambiado jamás.
Ricos solidarios y “pobreza digna”
No se puede pensar que el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, pidiendo “honrar la deuda externa” siempre y cuando se salde la “deuda social” con los “más vulnerables”, haya surgido de algún sentimiento de culpa por parte de los obispos y arzobispos. Nada más lejano de ellos el sentimiento de culpa (aunque lo prediquen en sus diócesis a la feligresía).
El comunicado no hace más que fijar una posición política de claro alineamiento con el gobierno de Alberto Fernández. Incluso la terminología utilizada es la misma que el presidente también toma prestada de encíclicas papales y demás mensajes vaticanos. Un posicionamiento que, buscando un pacto social entre los que más tienen (la minoría de ricos, los empresarios, oligarquía del campo, multinacionales) y los que menos tienen (la mayoría de la población, la clase trabajadora y los sectores populares) siga beneficiando más a los primeros que a los últimos, a quienes en todo caso les esperará una mejor “limosna”.
De cortar relaciones con el FMI y destinar todos los recursos que Fernández y compañía ya están destinando a pagar la deuda externa; de priorizar el presupuesto nacional a garantizar ingresos equivalentes a la canasta familiar para todas y cada una de las trabajadoras y trabajadores; de terminar con los fondos destinados a mantener castas parasitarias tanto políticas, judiciales como eclesiásticas y destinarlos a salud, educación, vivienda y obras públicas; de todo eso, la Conferencia Episcopal no dice ni una palabra. Ahí sí que hay solidaridad… de clase.
