Critican «los funestos privilegios que detenta la Iglesia católica a expensas de toda la ciudadanía»
El Encuentro Laicista de Mendoza (ELM), que se autodefine como un “espacio plural integrado por individuos y organizaciones de muy diversas ideologías políticas, creencias religiosas y concepciones filosóficas, dentro del que conviven en un clima de respeto personas católicas y no católicas, creyentes y no creyentes, simpatizantes del oficialismo y adherentes a muy diversos sectores de la oposición”, ha emitido en el día de hoy una Declaración en referencia a la aprobacion del proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial que el miércoles 1 de octubre sumó en Diputados la media sanción que se requería para convertirlo en ley.
En el texto difundido el ELM sostiene que “desea expresarle al pueblo de Mendoza y la Nación” que “La ratificación de la Iglesia católica apostólica romana como persona jurídica pública, es contraria a los valores de igualdad que sustenta la república, y por lo tanto, fuente de graves violaciones a los derechos humanos de las minorías no católicas, que soportan injustamente el peso de dicho privilegio legal y económico. Un privilegio que –cabe aclarar– fue instituido durante la dictadura militar de Onganía, a espaldas del pueblo soberano”.
En ese sentido, el ELM agrega que “El avance clerical en el Congreso de la Nación se ha manifestado también en materia bioética, imponiendo a toda la población argentina una definición jurídica de la vida humana altamente controvertida, que responde claramente a los presupuestos dogmáticos de los sectores religiosos integristas. De ello resulta no sólo una obstrucción al derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito, sino también a la fertilización asistida.”
Y finaliza reafirmando que “Quienes integramos el ELM nos comprometemos a realizar acciones de concientización en todos los ámbitos sociales, partidarios y culturales a los que pertenecemos, tendientes a visibilizar la importancia de que el Estado dispense a todos/as sus habitantes el mismo trato, así como la necesidad de que todas las personas jurídicas no estatales tengan las mismas responsabilidades y derechos. Seguiremos bregando para que se suprima el anacrónico art. 2 de la Constitución Nacional, y también para que se deroguen en el Código Civil y Comercial –y en toda la legislación argentina– los funestos privilegios que detenta la Iglesia católica a expensas de toda la ciudadanía.”
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