Así lo aseguraron fuentes legislativas y del Ejecutivo porteño. “Esta norma no hace otra cosa que reglamentar el Código Penal”, afirmó a Radio América María José Lubertino en defensa de la ley aprobada la semana pasada. Si la rechazan
A cuatro días de la aprobación en la Legislatura porteña de la ley que regula el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 13 de marzo, cada vez se suman más indicios que anuncian un inminente veto del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
Fuentes legislativas del PRO y del Ejecutivo porteño aseguraron al diario Tiempo Argentino que "la decisión ya está tomada", aunque no precisaron cuándo se dará a conocer oficialmente. Entre los fundamentos figurarían las objeciones que el bloque del PRO manifestó durante la sesión del jueves, especialmente en lo que hace al consentimiento de las jóvenes mayores de 14 años, aunque también mencionaron el "exceso de atribuciones de la Legislatura en un tema sobre el que el Ejecutivo ya se había manifestado".
Ante los rumores, diputados porteños de la oposición al macrismo reclamaron que se respete la decisión de la Legislatura, y en las redes sociales comenzó una campaña a favor de la promulgación de la ley, bajo la consigna "No al Veto", que ayer sumaba cientos de adherentes. El movimiento de mujeres planea sacar esta semana una solicitada en diarios nacionales respaldando la norma "aprobada a través de un procedimiento democrático luego de cinco años de debate".
“Espero que esto sólo sea una operación de prensa. Esta ley no hace otra cosa que reglamentar el Código Penal", aseguró esta mañana la legisladora de Encuentro Popular para la Victoria, María José Lubertino, en declaraciones a Radio América. Inclusive, advirtió que el Procurador de la Ciudad (Julio Conte Grand) le dijo a ella que "no tiene todavía ninguna instrucción" de vetar la ley.
La ley aprobada regula la práctica de abortos no punibles en los casos consignados en el artículo 86 del Código Penal, que contempla cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo proviene de una violación. En esa línea, la norma coincide con el criterio adoptado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que las mujeres víctimas de una abuso sexual pueden practicarse un aborto sin autorización judicial.
Asimismo, admite como válido el consentimiento de una adolescente para acceder a un aborto no penado a partir de los 14 años de edad, no fija un plazo máximo de semanas de gestación para la realización de la práctica, pero si establece un tope de cinco días desde que se solicita para concretar la interrupción del embarazo.
La incoherencia de que las adolescentes necesiten el permiso de sus tutores
"Es un contrasentido de que tengan que ir con los mismos padres, por quienes fueron abusadas en la mayoría de los casos y cuyas madres muchas veces son cómplices. Esto asusta a la niña y las obliga a no realizar el aborto y mucho menos, la denuncia", explicó esta mañana a CN23 la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), Nora Schulman, para quien "el reglamento fue una victoria".
Schulman aseguró que de promulgarse la ley sancionada por la Legislatura, alas chicas de 14 años estarán asesoradas por personal especializado que las ayudará a sobrellevar la situación y tomar la decisión más genuina. "Las acompañara algún personal confiable, como personal de psicología o del organismo de protección de derechos, para que se sientan más acompañadas, no para hacerlas cambiar de idea. Al contrario, para que puedan tomar su decisión con tranquilidad", aclaró.