Los magistrados rechazaron la apelación interpuesta por la querella al considerar que el encierro es una amenaza a la salud del sacerdote. Sin embargo las pericias médicas habían indicado que presentaba buena salud. Un nuevo privilegio que demuestra la impunidad de la que goza la Iglesia católica.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó la apelación presentada por los abogados de Rocío, exalumna del Colegio San Vicente de Paul y denunciante del cura. Por lo que el cura, procesado por abuso sexual y corrupción de menores, gozará del beneficio de la prisión domiciliaria. La misma se hará efectiva en el domicilio de un familiar, en la localidad de Pilar y contará con un dispositivo de monitoreo electrónico, bajo supervisión del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.
En el fallo, al que tuvo acceso este medio, los jueces Fernando Mateos, Alejandro Villordo y Ariel Larrea mantuvieron la línea que había solicitado el fiscal interviniente, Álvaro Garganta, considerando que no existía riesgo de fuga ya que «se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de intervención para dar su versión de los hechos cuando ya conocía la gravedad de la imputación que se le formulaba».
Agregaron que «en base a la pericia formulada por la Dra. Becerra, médica de la Asesoría Pericial Departamental» el acusado «pertenece al grupo referenciado como de riesgo por ser mayor de 60 años ante la pandemia producto del Covid 19» y que «sin revelar una situación de salud indefectiblemente inabordable en un establecimiento penitenciario, lo cierto es que, lo dicho por la perito oficial, permite hipotetizar que el ámbito carcelario podría implicar, llegado el caso, un ambiente con influencia negativa en la enfermedad cardiológica preexistente».
No corren la misma suerte los cientos de detenidos en unidades carcelarias que se encuentran en condiciones inhumanas de detención y que no han recibido la mínima atención sanitaria en plena pandemia. Frente a los reclamos por mejoras solo recibieron represión. Para personajes de la calaña de Sidders, aún integrante de la Iglesia católica, pertenecer tiene sus privilegios.
En declaraciones a La Izquierda Diario, la doctora Pía Garralda, una de las abogadas de Rocío, manifestó que «esta decisión es producto de la impunidad que el poder judicial le ha garantizado a lo miembros de la Iglesia católica, amparado por todos los gobiernos». Agregó que «Sidders estuvo seis meses detenido en una cárcel común gracias al valiente testimonio de Rocío y la lucha colectiva, por lo que seguiremos exigiendo justicia»
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