Con la mirada puesta en la libertad de culto y como parte de un espectro más amplio (por la reforma de la Constitución), la diputada Adriana Díaz presentó un proyecto de ley por el cual se prohíbe “la instalación y/o exhibición, permanente o transitoria, de símbolos religiosos en todos los edificios públicos de los tres poderes del Estado”.
En la fundamentación del proyecto, la legisladora observa que “no hay oficina pública, escuela pública, ministerio, dependencias legislativas (Diputados, Senadores o Concejo Deliberante) ni dependencia, en cualquiera de sus formas y objetos del Poder Judicial, en que no encontremos al menos un símbolo religioso de un culto”.
Díaz, en el proyecto, plantea una serie de interrogantes: “¿La Justicia puede tener una religión y basar sus fallos en ella? Seguramente acordaremos que no puede ser así. ¿Entonces por qué permitimos la existencia de símbolos religiosos en los juzgados? Las leyes, decretos, declaraciones que tratamos y aprobamos en la Legislatura, ¿pueden estar basados en una religión en particular? Si no es así, ¿por qué permitimos la existencia de símbolos religiosos en la Legislatura?”
En este orden de ideas, señala: “Nuestro Estado es laico y como tal no puede ni debe hacer discriminaciones por cuestiones de religión o credo a ninguna persona. Eso es libertad de culto. Sin embargo, la presencia de símbolos religiosos en absolutamente todas las dependencias del Estado nos demuestran la existencia de un Estado Confesional en la práctica –lo que evidencia un comportamiento anticonstitucional-”.
La diputada aclara que la iniciativa “no está en contra del derecho de todo ser humano, y por ende de todos los catamarqueños a profesar un culto si así lo desea”, con lo cual “es precisamente para garantizar ese derecho que proponemos esta ley”. Es que, según contempló, “no puede haber favoritismo del Estado por una religión en particular”.
De esta manera, propone “garantizar el principio de laicidad del Estado y el efectivo cumplimiento de los de libertad de culto y de conciencia consagrados en la Constitución Nacional y Constitución Provincial”. A la vez, prohíbe la instalación y/o exhibición de símbolos religiosos. Incluso propone un plazo para que los símbolos sean removidos (seis meses).
Eso sí, la diputada hace excepciones, como en los cementerios, establecimientos, penitenciarios y hospitales públicos, donde “pueden tener un espacio ecuménico único que permita en forma igualitaria la práctica de los diferentes credos o religiones, debiéndose adecuar los espacios ya existentes”.
