Al comienzo de la primer audiencia en el juicio que se lleva a cabo por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por dos miembros de la CNU, la querella de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y parte de Justicia Ya! solicitó que se retire el crucifijo de la sala de audiencias.
Durante la primer audiencia en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Carlos Ernesto “El Indio” Castillo y Juan José “El Pipi” Pomares, ambos miembros de la patota paraestatal de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria, la querella de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos conformada por las abogadas Luz Santos Morón del CeProDH, Pía Garralda de APEL y Carolina Vilchez del Colectivo de Abogados La Masa y parte del espacio Justicia Ya! solicitó que se retire el crucifijo de la sala de audiencias con una amplia fundamentación. El tribunal por mayoría dio lugar al pedido.
La abogada Pía Garralda, ni bien comenzó la audiencia, pidió la palabra al Tribunal Oral Federal N 1 para exponer los fundamentos del pedido. En primer lugar hizo referencia a que la Iglesia Católica formó parte y tuvo un rol activo durante el genocidio.
Uno de los argumentos esgrimidos fue de los más formales jurídicamente y refiere al principio de imparcialidad que debe estar presente en todos los aspectos que impliquen al debate oral, y esta sala pública de audiencias no está exenta.
Por otro lado se expuso que “las víctimas han expresado el agravio que implica para ellas tener que prestar su testimonio ante un símbolo religioso, no solamente por la discriminación frente al resto de los cultos religiosos o frente a quienes somos ateos, sino por lo que significa especialmente dicho símbolo. En primer lugar, por la vinculación directa entre la Iglesia Católica y la última dictadura cívico-militar. Fue en esta misma sala de audiencias que este mismo Tribunal condenó al sacerdote Christian Von Wernich por 7 asesinatos. Sumado a ello, en la actualidad la cúpula de la iglesia se ha expresado abiertamente por la reconciliación entre las víctimas del genocidio y los genocidas, como así también, monseñor Aguer, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que estableció el beneficio de impunidad del 2×1 se ajusta plenamente a derecho ya que la aplicación de la ley más benigna no admite excepciones”.
Además la abogada explicó: «Este símbolo, a la manera en que lo hizo en la Inquisición, estuvo colocado en la mayoría de los CCD y Exterminio y fue usado para la justificación «moral» en los vuelos de la muerte».
Existen numerosos antecedentes internacionales donde se ha resuelto quitar de espacios públicos, en estados laicos como el nuestro, figuras religiosas. En el caso de Argentina, existe un antecedente de la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2003, cuando resuelven quitar una escultura de la Virgen de San Nicolás del palacio de Justicia. Asimismo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dispuso sacar todo tipo de símbolo religioso de las sedes del organismo a su cargo.
La defensa se opuso al pedido argumentando centralmente que sus defendidos pertenecen al credo religioso católico. Los jueces Pablo Vega y Alejandro Esmoris votaron a favor de que se retire el crucifijo y el juez Germán Castelli lo hizo en contra.
Por otro lado, desde el Espacio Justicia Ya! se está denunciando que en el marco de esta primer jornada del juicio, uno de los concurrentes, al retirarse de la concentración que se realizaba en la puerta de los tribunales, fue seguido por un individuo que previamente había merodeando por el lugar, el que le hizo gestos amenazadores. Desde dicho espacio se afirma que: “Creemos que esta intimidación es un hecho de suma gravedad en pleno inicio del juicio a los asesinos de la CNU y hacemos responsables al tribunal, la justicia y el gobierno por la integridad de lxs testigxs, abogadxs, familiarxs, militantes y público en general. Esto lo denunciaremos así mismo en el día de mañana frente al Tribunal”.
