Argentina se estremeció con la acusación por pederastia contra el mediático padre Grassi, que se codeaba con ricos y famosos: dos décadas después son las 128 denuncias a curas, monjas y religiosos, de los que solo 31 han recibido una condena judicial y 23 han sido expulsados del sacerdocio
El 17 de marzo de 2003, un tribunal de la localidad bonaerense de Quilmes condenó a 24 años de prisión al sacerdote Héctor Pared por un delito de abuso sexual agravado y corrupción de cuatro menores, todos chicos de la calle a los que albergaba en el Hogar Hermano Francisco de Florencio Varela. Durante el juicio, el cura se negó a responder preguntas. Solo habló para decirles a los jueces que todo se trataba de una persecución política por su trabajo social. Cuando le leyeron la sentencia alcanzó a decirle a su abogado: “¿Es mucho, no?”. Pared no la cumplió. Murió de sida a los pocos meses.
No hay demasiados antecedentes de sanciones a sacerdotes de la Iglesia argentina antes de Pared. Vitalino Trecco fue condenado en 1983 a ocho años por el asesinato de Alfredo Gabriel Acosta, un adolescente que murió ahogado después de haber sido golpeado y arrojado a un río por el cura. El caso pasó desapercibido hasta que el exsacerdote cordobés Elvio Alberione lo contó en el libro Cinco Curas, confesiones silenciadas.
A Pared le tocó ser juzgado cuando el caso Grassi había escupido sin reparos sobre la mesa de los argentinos el lado oscuro de la Iglesia. Fue el 23 de octubre de 2002. Se cumplen veinte años desde que un informe del programa Telenoche Investiga, emitido en prime time en el Canal 13, puso en pantalla los testimonios de tres adolescentes que relataban los abusos a los que Julio César Grassi los sometía. Grassi, un cura que había levantado una obra monumental a fuerza de codearse con ricos y famosos, era acusado de abusador.
La causa tuvo varias idas y vueltas hasta que finalmente Grassi fue condenado a 15 años de prisión. Esa sentencia fue la que terminó destapando una olla a presión. Uno a uno los casos comenzaron a sumarse. Hoy, veinte años después de aquella noche, son 128 los sacerdotes, monjas y religiosos de la Iglesia católica que se han visto involucrados en investigaciones judiciales por abusos sexuales. Después de varios meses de investigación, elDiarioAR ha logrado confeccionar un mapa del abuso sexual dentro de la Iglesia católica argentina, el país del Papa Francisco.
Muchas denuncias pocas condenas
La lista es el abanico de la Iglesia: Hay un arzobispo –Gabriel Edgardo Storni, fallecido después de que la Justicia ordenara un segundo juicio en su contra–, dos obispos –Gustavo Zanchetta y Abelardo Silva, el primero condenado y el segundo muerto sin condena–, más de 100 sacerdotes, seis monjas y dos monaguillos.
El mapa refleja también el trabajo de las víctimas por animarse a denunciar y lo poco dispuestas que parecen estar la Justicia y la Iglesia para saldar esta cuenta pendiente: únicamente 31 miembros de la Iglesia recibieron una condena judicial, poco más del 24% del total. La expulsión del sacerdocio, máxima pena de la justicia canónica, fue impuesta a 28 sacerdotes, apenas un 21% de todos los implicados. Hasta el momento ninguna monja fue sancionada y solo cuatro enfrentan un proceso judicial.
Las sanciones, tanto las judiciales como las eclesiásticas, no siguen un patrón. Hay curas expulsados que fueron absueltos por prescripción del delito por la Justicia. Y hay otros que, aún con condena firme, continúan siendo sacerdotes. Grassi es uno de ellos.
El misterio de Grassi
“Es un tema difícil”, “es inexplicable”, “tiene banca [apoyos]”, son los argumentos más escuchados dentro de la propia Iglesia para explicar por qué Grassi sigue siendo sacerdote. De las tres fuentes eclesiásticas consultadas, ninguna pudo dar una explicación clara de porqué aún no se firmó la dimisión del estado clerical. Sí coincidieron en que hay premura. Nadie quiere ver al cura vistiendo de cura el día en que termine su condena y salga de prisión.
Dos década después, Grassi es una bomba de tiempo. Su caso muestra también como el propio entramado de poder dentro de la Iglesia es el que termina siendo el paraguas protector.
Grassi fue ordenado por la Congregación de los Salesianos. Montó su fundación, Felices los Niños, en una finca de 65 hectáreas en Hurlingham (ciudad ubicada al noroeste de la inmensa periferia de Buenos Aires), que depende del obispado de Morón. Poco antes de haber estallado el caso había iniciado el proceso para dejar la congregación y pasar a formar parte del clero de esa diócesis, alentado por su obispo, otro mediático de la época, monseñor Justo Laguna. La causa contra Grassi empieza con el proceso para pasar al obispado –la incardinación– a medio camino. Así, la investigación canónica quedó en un limbo entre la congregación y la diócesis.
Desde el obispado aseguran que la causa fue enviada al Tribunal Diocesano de Buenos Aires y que de allí llegó a Roma.
Monseñor Sergio Buenanueva es obispo de San Francisco (provincia de Córdoba) y presidente de la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Es la voz autorizada del Episcopado para hablar sobre los abusos en la Iglesia y quien más conoce del tema.
¿Cuál es el criterio para aplicar la dimisión del estado clerical? Hay sacerdotes que fueron absueltos por la prescripción del delito, otros que fueron expulsados y otros con condena firme que siguen ejerciendo.
No tengo una respuesta exhaustiva, es una medida que solo la puede aplicar el Papa.
¿Entonces quiere decir que es el Papa quien no firma la expulsión de Grassi?
No conozco cómo es el proceso canónico de Grassi.
¿Le parece un número certero el de 128 miembros de la Iglesia acusados por abuso sexual?
No me parece exagerado, seguramente no son menos. Responde al porcentaje que se ha dado en otros países.
Buenanueva reconoce que a pesar de que se implementaron protocolos de acción ante denuncias de abuso sexual, “lo más dificil de cambiar es la mentalidad de que esto no es un problema más, de que el comportamiento sexual tiene que ver con el abuso de poder”. “Significa tocar los aspectos más oscuros de la Iglesia, cosas muy dolorosas; es una llaga muy fuerte de la Iglesia y la sociedad”, subraya.
Un dato resume esa mentalidad. El año pasado los sacerdotes comenzaron por primera vez a ser sancionados por cometer abusos sexuales. Hasta entonces las condenas caían sobre quienes no respetaban el celibato, sin importar si para ello abusaban de un niño. Esta reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico fue anunciada el 1 de junio de 2021, cuando Jorge Bergoglio ya lleva ocho años como Papa, aunque en rigor ya había comenzado a debatirse en 2007 a instancias de Benedicto XVI.
El pasado pisado
Es cierto que durante el papado de Bergoglio se han acelerado los procesos de dimisión del estado clerical. De los 28 expulsados, 23 fueron durante la administración de Francisco. Sin embargo, ese proceso fue acompañado con la explosión de denuncias en Argentina: 82 en los nueve años que lleva en el Vaticano.
Buenanueva enumera las medidas tomadas desde que en 2011 se le encomendó elaborar el primer protocolo de actuación ante casos de abusos sexuales. Cada obispado debe tener un equipo de personas encargadas de tomar las denuncias, toda víctima debe ser escuchada y acompañada a la Justicia y cada traslado de sacerdote debe ser acompañado con un legajo parecido a una “ficha limpia”.
Sin embargo, persiste la negativa a abrir sus propios archivos que contienen información valiosa para que las causas judiciales prosperen. En 2015, la Corte Suprema de Mendoza (oeste de Argentina) ratificó una condena contra el Arzobispado de esa provincia por haberle negado a una víctima de abuso el acceso a la investigación canónica. Julieta Añazco, referente dela asociación Iglesia Sin Abusos, insiste de hace años para que el arzobispado de La Plata (provincia de Buenos Aires) le permita ver el informe sobre el sacerdote Héctor Giménez, a quien denunció por abusos cuando era una niña.
Buenanueva reconoce que hasta ahora no se sabe de ningún caso en que una víctima haya podido acceder a esa información.
Esta investigación toma como base la lista publicada en 2017 por la agencia estatal Télam, la primera que dio a conocer el mapa del abuso eclesiástico en Argentina y que determinó que 59 curas y 3 monjas habían sido denunciados por delitos sexuales después del caso Grassi. De todos ellos, solo ocho habían recibido una condena y 3 habían sido expulsados del sacerdocio.
Desde entonces, se sumaron 66 nuevas denuncias, hubo 23 condenas y 25 sacerdotes recibieron la máxima sanción canónica.
La ola de denuncias en todo el mundo resulta imparable. Lo que comenzó en 2002 con la investigación del Boston Globe, aquella que inspiró la película Spotlight y mostró que más de 4.392 clérigos habían sido denunciado entre 1950 y ese año, tuvo uno de sus último capítulos el año pasado en Francia, cuando una comisión independiente determinó que al menos 216 menores fueron abusados a lo largo de 70 años. Australia, Alemania, España y Portugal también han iniciado recientemente investigaciones colectivas.
Carlos Lombardi es abogado y especialista en derecho canónico. Desde hace años ayuda a las víctimas en los procesos judiciales y fue quien acompañó a Iván González en su pelea contra el arzobispado de Mendoza. Consultado por elDiarioAR aseguró: “Todo lo que ha hecho hasta ahora la Iglesia es por la fuerza, y todo ha sido para lavar su imagen y no para ayudar a las víctimas. Los curas de peso siguen sin recibir un castigo de la Iglesia y aunque sean expulsados siguen siendo sacerdotes. Los archivos siguen siendo secretos. El trato que recibió Julieta Añazco cuando fue a pedir ver la investigación sobre su abusador fue humillante. Pero el problema es que el Estado sigue siendo responsable, mientras los políticos sigan buscando la foto con el curita del pueblo no va a haber cambios importantes”.
Estado paralelo
Más allá de los números, lo cierto es que la Iglesia continúa manejándose como un estado paralelo con sus propias reglas. El concordato que la Santa Sede firmó en 1966 con el Gobierno del dictador Juan Carlos Onganía funciona en los hechos como barrera para impedir el acceso a las investigaciones canónicas. El entramado de normas internas resulta inaccesible para cualquier mortal. Hay un derecho pontificio y un derecho diocesano. La conducta de los sacerdotes, por ejemplo, es juzgada por la Congregación para la doctrina de la Fe, que no juzga a los obispos, quienes tienen a su vez sus propias reglas distintas de las monjas o los religiosos consagrados.
“Yo pongo todo el mérito en nuestro lado, el de las víctimas, que contrasta notablemente con las respuestas institucionales”, afirma a elDiarioAR, Sebastián Cuattromo, superviviente del abuso eclesiástico. Tuvo que esperar 26 años para ver condenado a su abusador. Para él, la Iglesia tampoco ha hecho mucho: “Francisco pidió perdón en términos genéricos, vagos, diluyendo todo en un hecho universal pero ni siquiera respecto a las víctimas de su país, de la Iglesia de la que él formó parte y donde hizo su carrera eclesiástica, hubo un reconocimiento y un pedido de disculpas públicas, una actitud básica de alguien que quiere cambiar las cosas”.
Si en Argentina es difícil saber con certeza cuántos son los sacerdotes involucrados en delitos sexuales, más arduo es determinar el número de víctimas. elDiarioAR ha podido contabilizar más de 330. Parece un número bajo comparado con la cantidad de denuncias. Pero una cifra altísima si se entiende que detrás de cada número hay una vida marcada por el abuso.
En esta investigación han participado María Alicia Alvado y Victoria De Masi (textos); Marcelo Morán (Infografía); y Nadia Burgués y Mariana García (edición).
