El Ministerio de Defensa de la Nación acaba de sancionar una resolución que restituye la instrucción práctica con armas portátiles y calibre 22 a niños, niñas y adolescentes que cursan en los Liceos Militares entre el cuarto y el sexto año del secundario. La medida, deroga y modifica la totalidad de la normativa que desde 2010 hasta 2015 colocó estos institutos en el marco de la educación nacional pública de calidad, moderna y democrática, al servicio de la defensa nacional, y no de un sector marginal al verdadero desarrollo del militar profesional. Aquella restitución es solo una de una serie de peligrosas e irresponsables medidas relativas a la educación pública de niños y adolescentes en esos institutos. Mediante una fundamentación confusa, la decisión administrativa se opone además a la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que prohíbe taxativamente el enrolamiento de niños y su preparación militar fuera de las escuelas militares propiamente dichas.
Fue durante nuestra gestión, con la reforma iniciada en 2010 que se prohibió tanto el uso de armas de fuego como de guerra. Lamentablemente, una avanzada encabezada por la diputada Patricia Bullrich en el Congreso y jueces aliados o pertenecientes a las camarillas de egresados fundamentalistas de los liceos, obligó a ceder y aplicar el uso de fusiles FAL al término del entonces quinto año. Así las cosas, la Argentina, Estado miembro de Naciones Unidas, recibió por nuestra reforma un reconocimiento especial del Comité de los Derechos del Niño, encargado de supervisar y evaluar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que advierte sobre la necesidad de intensificar la dirección encarada por dicha reforma.
También durante nuestra gestión cumplimos con el principio legal según el cual la enseñanza pública debe ser laica eliminando la enseñanza de religión católica obligatoria. Convertimos el régimen de internado en una excepción y la externalidad en norma. Además el Plan Liceos 2010 abolido con esta nueva resolución, inscribió estos institutos en las políticas nacionales de articulación con la universidad y el mundo del trabajo, y los obligaba a someterse a las leyes que rigen la educación pública nacional.
Resulta ciertamente irónico que en la nueva resolución se “propone” la asignatura llamada “Diálogo Intercultural” considerando que simultáneamente se les enseñará a los niños a manipular armas de munición letal, un recurso que justamente se aplica cuando ya no hay “dialogo”. Esa materia desplazará a Problemáticas Ciudadana y tratándose de una “propuesta” seguramente habilitará la enseñanza obligatoria del catecismo, que recientemente la justicia rechazó volver a instalar en la educación pública salteña.
Ahora bien, hay que subrayar que estos institutos han huido de la planificación educativa estatal –nacional y provincial– escondiendo hasta el 2010 la educación católica obligatoria, la convalidación del maltrato como pedagogía interna, sosteniendo un ideal de educación cuasi militar que los propios militares de carrera consideraban apócrifa. Han servido a la formación de niños cuyos padres no pueden cuidar mientras que crecen, ya sea por carencia o incapacidad. Así, desde la década del 30 del siglo XX se han ido sumando generaciones de niños sufrientes, educados lejos de sus padres, que hoy ya adultos defienden ese pasado. Un total de diez liceos: siete del Ejército, dos de la Armada y uno de la Fuerza Aérea han alojado numerosas generaciones, una minoría de los cuales han seguido la carrera militar. Ese pasado es el único que justifica la existencia de los Liceos Militares, que debieron haberse sometido a la comunidad educativa en su conjunto y a las leyes provinciales y nacionales, apenas iniciada la descentralización en los años ‘90. Todo lo contrario, las autoridades militares durante muchas décadas eludieron ese control.
Los militares profesionales de hoy, poco interés tienen en conservar los Liceos Militares, pues son la marca de la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas, un residuo del pasado sostenido por necesidades antes mencionadas. El costo operativo y de personal es ciertamente ajeno al propósito primordial de esta institución. Durante la última década se ha tendido a ubicar estos institutos en la política de Estado que progresivamente debería ir hacia la profesionalización militar y por consiguiente, a librar a los militares de tareas que nada tienen que ver con su misión; como la de prestar las armas del Estado que todas y todos sostenemos, a niños, niñas y adolescentes, que no serán militares de carrera.
En rigor, los Liceos Militares penden de un artículo de la Ley de Personal Militar (1971), casi obsoleta, aprobada en una etapa histórica muy distinta, donde la doctrina de seguridad nacional dominaba la visión del enemigo interno, y el servicio militar era obligatorio. Es esa ley la que incluye a los egresados de los liceos, como figura de reserva de oficiales, entre otros. Pero esto guardaba sentido cuando la formación de un oficial de carrera apenas superaba la formación secundaria. En la actualidad la formación universitaria otorgada en las academias de formación de oficiales de carrera los acerca más a un licenciado universitario que a un egresado de un secundario, como es el caso de los reservistas egresados de los liceos.
Entonces la decisión en cuestión indica que la reestructuración hacia la supuesta profesionalización militar que el actual gobierno encara, es falsa. Al contrario, si de esto se trata exhibe un irresponsable uso de los recursos del Estado y una actitud negligente hacia los niños, niñas y adolescentes.
Nilda Garré. Diputada nacional – Ex ministra de Defensa.
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