Ayer circuló mucho en redes sociales la grabación en clase de una docente del Instituto de Profesores Artigas (IPA), y el Consejo de Formación en Educación abrió una investigación administrativa al respecto, que puede conducir a un sumario por violación de la laicidad.
A juzgar por esa grabación, la profesora quiso defender la Ley de Urgente Consideración (LUC), y opinó que sus artículos relacionados con la educación son necesarios para evitar el “adoctrinamiento […] solapado” que se puso en práctica durante los gobiernos del Frente Amplio, con una “manipulación de la historia” que a su entender fue igual a la de la dictadura iniciada en 1973.
Según otras grabaciones y testimonios aportados a la diaria (es fácil grabar las clases por Zoom sin que nadie se dé cuenta), no era la primera vez que argumentaba en clase a favor de sus puntos de vista políticos, ya que en ocasiones previas había criticado, entre otras cosas, la gestión de Eduardo Bonomi como ministro del Interior y el cogobierno en la Universidad de la República, y expresado sus esperanzas en el actual gobierno nacional.
No se trata, obviamente, de una conducta adecuada para alguien que no sólo tiene las responsabilidades de cualquier docente, sino que se dedica específicamente a la formación de quienes quieren ser sus colegas, pero hay que hilar más fino y evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad.
El diputado colorado Felipe Schipani, principal impulsor de un proyecto de ley para crear un “Consejo de Laicidad”, dijo a la diaria que el episodio en el IPA debe ser investigado y que, si se confirma que la grabación corresponde a una clase, lo que dijo la docente fue inapropiado y constituyó “una actividad proselitista”. Agregó que “la laicidad es un principio fundamental” y que “hay que defenderla siempre, independientemente de quién la viole, de para qué lado se haga el proselitismo”.
Schipani es coherente en la intención de controlar lo que entiende como laicidad de la enseñanza, pero eso no significa que el proyecto colorado sea una buena solución. Como señalan en esta edición Stefanía Conde y Camila Falkin, la Ley General de Educación vigente establece que el principio de laicidad implica asegurar “el tratamiento integral y crítico de todos los temas, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa”, y que es preciso garantizar “la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”.
Va de suyo que esos lineamientos no significan lo mismo en la educación primaria que en la universitaria, y es bueno evitar, con los criterios adecuados a cada nivel, que quienes ejercen la docencia utilicen su autoridad para distorsionar el desarrollo del pensamiento crítico, con independencia de la posición que defiendan. Sin embargo, esto no debería impedirnos reconocer dos verdades evidentes: la primera es que no existen docentes, u otros seres humanos, sin ideología; la segunda, que instalar dispositivos de vigilancia y propiciar las denuncias contribuye muy poco a la formación de personas libres.
