El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Memoria Democrática que aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impedir que se ensalce el franquismo. Lo hace diez meses después de que el anteproyecto de la norma contara con el primer visto bueno por parte del Gobierno tras haber sido promovido e impulsado por la ya exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.
El anteproyecto, o texto inicial, aprobado en septiembre de 2020, ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes, y ahora comenzará su tramitación parlamentaria: El proyecto de ley se enviará a las Cortes para el inicio de su tramitación en el Congreso en el próximo período de sesiones, a partir de septiembre, y durante la cual los grupos parlamentarios podrán proponer más modificaciones.
Se trata, como se señala en el Twitter de la Moncloa, de Una norma estructurada en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, cumpliendo así, como señalaría Bolaños en la rueda de prensa posterior, con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria
El proyecto prevé mejorar y ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo con una reforma que ha tenido un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.
En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del nuevo Gabinete de Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que el proyecto homologa la legislación española al resto de países europeos y cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica.
“Es la primera ley -explicaría Bolaños- en la que se condena y se repudia expresamente el golpe de Estado de julio del 36 y la dictadura posterior”
Los objetivos específicos, ha dicho, son “la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y los derechos fundamentales, de su historia y su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de Estado del 36 y de la posterior dictadura”.
La norma, que contempla un extenso catálogo de medidas, está basada en tres ejes: el primero, poner a las víctimas en el centro de la acción política; el segundo, poner en valor el valor de las mujeres que “sufrieron la misma represión pero agravada por su condición de mujeres”; y el tercero, dar importancia al movimiento memorialista.
Claves de la Ley de Memoria Democrática
Reconocimiento de las víctimas. Nulidad de juicios represivos y sanciones
Como ha recalcado Bolaños, se trata de la primera ley que en la que se “condena y repudia expresamente” el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura.
Se mejora la definición de víctima de la Guerra Civil y Dictadura franquista, objeto de las medidas de reconocimiento y reparación.
Otra de sus claves tiene que ver con la nulidad de los juicios represivos del franquismo, un punto en el que también el CGPJ sugirió limitar la nulidad “a la existencia de un contenido específico de condena o sanción”. Esta declaración de nulidad establecida por ley dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.
Por otra parte, la Ley de Memoria Histórica no contemplaba el castigo con multa de los incumplimientos de la norma, algo que sí incluye la nueva legislación, con un régimen sancionador que con cuantías de hasta 140.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo a los lugares de memoria democrática.
Reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres
Se hace mención especial a su papel activo como protagonistas de una larga lucha por la democracia que es transversal a lo largo de toda la ley. Y una apuesta clara por adoptar las medidas necesarias para reparar las formas de represión o violencia que sufrieron como consecuencia de su actividad pública, política o intelectual, durante la guerra y la Dictadura, o como madres, compañeras, o hijas de represaliados o asesinados.
Disolución de entidades que enaltezcan el franquismo
El proyecto que este martes avala el Gobierno es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.
Siguiendo esa sugerencia, la ley permitirá extinguir las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan “con menosprecio a las víctimas” del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. El anteproyecto ya establecía como “contrario al interés general” la “apología del franquismo”, pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas” suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.
En el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo “que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”.
Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedaría extinguida cuando se apruebe la ley una vez finalice su tramitación parlamentaria.
Declaración de lugares de Memoria Democrática
Resignificación del Valle de los Caídos y exhumación de Primo de Rivera
Se regulan los lugares de #MemoriaDemocrática que tendrán una función conmemorativa y didáctica
Una vez que se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos, la Ley de Memoria Democrática tiene previsto dar las pautas para transformar el enclave en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a los dos bandos de la contienda y permitirá extinguir la Fundación de la Santa Cruz, dirigida por benedictinos.
Una vez quede extinguida esta fundación y considerando que los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que se quiere negociar con la Iglesia. Mientras ese acuerdo llega, será Patrimonio Nacional quien tome las riendas de todo el Valle.
Otra novedad anunciada por el ministro de la Presidencia es que los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que actualmente se encuentran en el altar mayor de la Basílica,tendrán que dejar de estar en un “lugar preponderante” dentro de ese mausoleo.
Exhumaciones, banco de ADN y retirada de símbolos y honores
Por otro lado, se impulsarán las exhumaciones de restos de las víctimas y sehabilitará un banco de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos.
“Queremos que las miles de familias que siguen buscando los restos sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión (…) Esta es una herramienta para que puedan descansar en paz”, ha asegurado el ministro de Presidencia.
Otro propósito es culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados “lugares de memoria democrática”.
Asimismo, apuesta por la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.
Consejo Interterritorial y dos fechas conmemorativas
La ley también prevé creará un Consejo Interterritorial de Memoria Democrática para que exista cooperación entre administraciones y un consejo de memoria democrática en el que participarán asociaciones memorialistas.
La búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra o la Dictadura será liderada por las Administración General del Estado mediante la planificación de actuaciones, aplicación de protocolos científicos y la elaboración de un mapa de fosas integrado que abarque todo el territorio nacional.
La Ley de Memoria Democrática también tiene previsto establecer dos fechas conmemorativas: el 31 de octubre, cuando el Parlamento aprobó la Constitución española, se convertirá en el Día de las Víctimas de la dictadura, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, será el Día de las personas exiliadas, según ha confirmado el Gobierno.
Memoria democrática en las aulas
Se incluyen, asimismo, previsiones en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.
Concretamente, el Gobierno ha modificado el anteproyecto en los puntos relativos a la inclusión de la historia de la democracia en los planes de estudio de manera que, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, también se estudie memoria democrática en Formación Profesional, además de en la formación inicial y continua del profesorado.
Nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes
Además de atender la opinión del CGPJ, el Gobierno ha incorporado también las sugerencias del Consejo Fiscal que hizo un informe favorable al anteproyecto, pero pidió que se perfilaran mejor las funciones del nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El proyecto incluye en este sentido una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las competencias de esta nueva figura que se encargará de investigar los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.
Bolaños ha precisado que la activación de esta Fiscalía no suspende las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales.
