Inicialmente pensada para administraciones públicas, se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, sindicatos e Iglesia.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha quedado definitivamente aprobada en el Congreso, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).
Llamada por los que la respaldan a cambiar las actitudes políticas en España, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática, la Ley de Transparencia ha tenido una tramitación parlamentaria que se ha prolongado durante más de un año, en la que el PSOE se descolgó del acuerdo y la Izquierda Plural de la negociación en protesta por el caso Bárcenas.
Fruto de esa tramitación, un proyecto inicialmente pensado para las administraciones públicas se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica, como perceptoras de ayudas públicas.
El 'caso Bárcenas' en las intervenciones
En el debate de este jueves sobre las enmiendas incluidas en el Senado, el 'caso Bárcenas' ha salpicado la mayor parte de las intervenciones, incluida la del diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, que ha acusado al PSOE de haber "abandonado" esta ley "por pura táctica de erosión al Gobierno".
El socialista José Enrique Serrano, que ha dicho sentirse "partícipe" de la nueva norma, aunque su grupo ha votado en contra, ha sostenido que lo importante es que suponga un "compromiso colectivo e individual para asumir una forma de hacer política distinta". Por ello, ha animado al PP a demostrarlo en la negociación del plan de medidas de regeneración y en la reforma del reglamento del Congreso.
En una breve intervención, la vicepresidenta del Gobierno y principal impulsora del proyecto, Soraya Sáenz de Santamaría, ha agradecido a todos los grupos su "esfuerzo" y les ha llamado a trabajar "juntos" por el "derecho de los ciudadanos a tener una administración y otras instituciones transparentes".
Durante el debate, Jordi Jané (CiU) se ha congratulado de que las enmiendas de su partido en el Senado hayan "resuelto mucha pequeña burocracia para pequeñas entidades que no tienen medios" para aplicar esta ley. Tras señalar que la ley es todavía "mejorable", ha destacado los puntos que a CiU no le gustan, como la inclusión de aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria que afectan al ámbito competencial autonómico, al tiempo que ha dicho echar de menos la obligación de publicar las balanzas fiscales.
"Operación de distracción"
Lejos de ese pronóstico, el diputado de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), Joan Josep Nuet se ha mostrado convencido de que la Ley de Transparencia será recordada como una "operación de distracción en medio de unos de los mayores casos de corrupción en España", ya que su tramitación ha sido la "gran coartada del PP para no practicar la transparencia, pero hablar repetidamente de ella".
A su juicio, el texto aprobado "no sirve para resolver los problemas de participación y transparencia que tiene el país", porque es el de una ley "anticuada, pasada, insuficiente, una buena ley tal vez del siglo XX pero no del siglo XXI". Nuet ha criticado especialmente que la Casa del Rey reciba un "tratamiento distinto", que recoja un número "abusivo" de excepciones al derecho de acceso a la información pública y que el futuro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vaya a ser un "grupito del PP".
El texto, peor tras el Senado
Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha sostenido que lo que iba a ser una de las principales leyes de esta legislatura se ha convertido en una "ley menor", porque no consigue los objetivos que proclama en su exposición de motivos. Tras acusar al Gobierno de haberse limitado a "cumplir administrativamente" y de "pasar de puntillas por temas espinosos", ha asegurado que el Senado ha empeorado el texto, y ha puesto como ejemplo que esta ley no sirve para saber cuánto ha costado la "promoción desdichada" de la candidatura olímpica de Madrid 2020.
En representación del PNV, Emilio Olabarría ha dicho que él no iba a hablar del caso Bárcenas, pero que cada vez ve menos políticos "honestos" y que esos son los que crean "cierto punto de deslegitimación ante la ciudadanía". Tras agradecer a la vicepresidenta que haya sido "receptiva" a las aportaciones para "convertir en transparentes instituciones hasta ahora opacas", ha advertido de que las excepciones que contempla el texto para el acceso a la transparencia pueden "convertir esta ley en letra muerta".
Desde el grupo mixto, Alfred Bosch (ERC) se ha preguntado para qué sirve esta ley si con ella "no se hubieran evitado ni el caso Urdangarin ni el caso Bárcenas", mientras que Rafael Larreina (Amaiur) ha lamentado que la transparencia "se quede en el cartel".
En esta misma línea, el diputado de Compromís-Q, Joan Baldoví, ha calificado la norma de "tardía", "corta" e "insuficiente" y ha dicho que si Rajoy y Cospedal no admiten que el PP tenía una contabilidad B no creerá en ella ni en su voluntad de ser transparentes.
A través de la Ley de Transparencia, el Congreso también ha dado luz verde a una disposición adicional que modifica la ley de Previsión de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo (GAFI) para vigilar a las "personas políticamente expuestas" (PEP) a ese tipo de delitos.
