La necesidad de la separación de la Iglesia con el Estado es un tema apremiante. Basta de que la Iglesia se inmiscuya en los asuntos públicos, obstruyendo conquistas urgentes como el derecho al aborto legal y la educación sexual en las escuelas y sobre todo ayudando a los gobiernos de turno a pasar ajustes y represión como fue con la dictadura como máxima expresión y con los subsiguientes gobiernos democráticos.
La necesidad de la separación de la Iglesia con el Estado es un tema apremiante. Basta de que la Iglesia se inmiscuya en los asuntos públicos, obstruyendo conquistas urgentes como el derecho al aborto legal y la educación sexual en las escuelas y sobre todo ayudando a los gobiernos de turno a pasar ajustes y represión como fue con la dictadura como máxima expresión y con los subsiguientes gobiernos democráticos. El financiamiento de la misma por parte del Estado ha sido repudiada masivamente en las últimas movilizaciones del 8M y también el pedido de separación se expresa, a diario, en las argumentaciones a favor de la legalización del aborto y cada vez que salimos a las calles en reclamo por nuestros derechos.
La relación mancomunada del Estado con la Iglesia Católica está determinada en la Constitución en su artículo 2° a pesar de declararse laico, y la financiación está reglamentada por distintos decretos de la dictadura donde se pauta, por ejemplo, que el sueldo de los obispos sea el 80% de un juez de primera instancia y así los sueldos de todos los curas y seminaristas, la financiación a la educación privada, los viáticos, los subsidios para la educación privada, la exención de impuestos a sus inmuebles, y un largo etcétera que todos los gobiernos posteriores han mantenido e incluso ampliado.
Entendemos a quienes, asqueados con la Iglesia, quieren desvincularse de ella (considerando además que su enrolamiento fue compulsivo apenas nacidos o en la infancia, sin ninguna posibilidad de decidir). Pero frente al poder económico que tiene la Iglesia a nivel mundial y las leyes en nuestro país que la sostienen económica y moralmente, la apostasía no es suficiente. La desafiliación individual y/o colectiva es una medida concreta de quienes quieren renunciar a la Iglesia Católica, pero es el camino más largo y no el más efectivo para debilitarla. Debemos enfrentar la política del Estado y sus gobiernos, que son quienes sostienen a la Iglesia como institución de poder y a sus gobiernos.
Incluso suponiendo que la desafiliación influyera en que reciba menos dinero por parte del Estado (cuestión que no es así, porque estos ingresos no se estiman proporcionalmente a la cantidad de fieles), su poder de injerencia en la vida política seguiría siendo el mismo por su poder a nivel mundial y porque cuenta con la experiencia histórica, servil a las clases dominantes, de contener levantamientos de los pueblos, encubrir genocidas, hacer zafar a gobiernos ajustadores cuestionados y eso sin contar con el legado de oscurantismo y encubrimiento de los curas abusadores.
Desde el Frente de Izquierda se presentó un proyecto de Ley para separar efectivamente la Iglesia del Estado, pero debe ir acompañado de una gran organización y movilización para lograrlo. Sumemos fuerzas para lograr la efectiva separación de la Iglesia con el Estado. Fuera la Iglesia de los asuntos públicos. Basta de financiar a la curia y como bien decimos y repetimos hasta el cansancio “quien quiera un cura o un obispo que se lo pague”.
Nora Dragún
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*Los artículos de opinión expresan la de su autor, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan todo lo expresado en el mismo. Europa Laica expresa sus opiniones a través de sus comunicados.
