El año pasado, Édgar Villegas, alcalde del municipio de Marinilla (Antioquia), expidió un decreto prohibiendo la música durante la Semana ‘Santa’ católica, consagrando un privilegio más para el catolicismo.
Como Colombia es un Estado laico, el decreto fue demandado por Gustavo García, concejal de Marinilla del Partido Verde. La Asociación Antioqueña de Librepensadores, Agnósticos y Ateos (AALAA) aportó apoyo jurídico constante al caso.
En el proceso, la alcaldía de Marinilla intentó que el juez desechara el caso alegando que la semana ‘santa’ ya había terminado, así que no había necesidad de determinar si el decreto se ajustaba a la Constitución. Afortunadamente, el juez no se tragó la excusa y la demanda siguió su curso.
Esta semana, el juzgado dictó sentencia y anuló el decreto:
PRIMERO: APRUEBASE la oferta de revocatoria directa del Decreto No. 060 del 8 de marzo de 2016 por medio del cual se adopta el horario de la música en los establecimientos de comercio abiertos al público en el Municipio de Marinilla, durante la época de Semana Santa, propuesta por Alcalde Municipal de Marinilla Antioquia, y aceptada por el demandante señor GUSTAVO ADOLFO GARCIA PINEDA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARASE terminado el proceso, esta providencia presta mérito ejecutivo.
TERCERO. El señor Alcalde Municipal del Municipio de Marinilla Antioquia, deberá cumplir las obligaciones pactadas en la oferta, tales como Prescindir de la expedición de un Decreto para regular la música en cualquier manifestación cultural, el Municipio de Marinilla propondrá al demandante una comisión de comerciantes, con quienes se discutirán los términos para el uso de la música en celebraciones de cualquier índole que se adelanten en el Municipio de Marinilla.
Yo todavía no me doy por bien servido. Aunque el decreto fue anulado, Villegas debía saber que era inconstitucional cuando lo aprobó. Creo que eso amerita una investigación penal por parte de la Fiscalía, y una reparación económica a quienes se vieron afectados directamente por el decreto.
Porque sólo hasta que empecemos a darles donde les duele (en la billetera y enviándolos a la cárcel), los políticos cristianos seguirán haciendo cosas ilegales, y sólo admitirán que se equivocan a la malditasea, con una sentencia judicial en su contra. Con esta estrategia desgastan el aparato judicial del Estado, y desplazan el costo de sus excesos a los contribuyentes — se requiere con urgencia un incentivo para que dejen de violar el laicismo.
En todo caso, esta decisión es un muy buen primer paso. También vale la pena destacar el trabajo del juez, Franky Gaviria Castaño, quien no se dejó meter los dedos en la boca y, con su decisión, defendió el laicismo. También kudos para él.
