En un escrito, registrado en la Consejería de Sanidad, exige a la Comunidad de Madrid que active la Comisión de garantías y evaluación necesaria para la muerte digna. Madrid, junto a Extremadura y Andalucía, mantienen paralizado este derecho, que entró en vigor hace tres meses.
“La publicación en el BOE de la ley se produjo el 25 de marzo de 2021, por lo que la comisión de garantía y evaluación debería haber estado constituida el 26 de junio de 2021”. El activista en favor de la muerte digna Ángel Hernández, quien ayudó a morir a su mujer enferma de ELA, da un toque de atención a la Comunidad de Madrid, una de las tres que aún no ha puesto en marcha la Comisión de garantías y evaluación que exige la nueva Ley de Eutanasia. Y lo hace mediante un escrito, al que ha tenido acceso El Salto, registrado en la Consejería de Sanidad el pasado martes 28 de septiembre, con el que exige, junto a la abogada Olatz Alberdi, que se regule dicha Comisión.
Pese a su aprobación en las cortes y su publicación en el pasado BOE el pasado 25 de marzo, esta comunidad, capitaneada por Isabel Díaz Ayuso, mantiene paralizada la aplicación de la ley de la eutanasia, situación que también se repite en Andalucía y Extremadura.
“No se ha dado cumplimiento al mandato legal —prosigue el escrito— estándose produciendo perjuicios para personas en situación dramática que no pueden acceder en esta comunidad a la efectiva prestación del derecho a la eutanasia como ha sucedido con la mujer que decidió quitarse la vida en un hotel tras no recibir respuesta de esa comunidad ni del Hospital Gómez Ulla tras su solicitud de aplicación de su derecho a la eutanasia”, añaden en referencia al caso, destapado por El País el pasado 23 de septiembre, de una mujer que se topó con la objeción de una profesional y el silencio restante.
Hernández y Alberdi aluden también a la experiencia sufrida por Javier, que ayer publicaba La Ser, quien lleva tres meses esperando a la aplicación de la ley por la inactividad del gobierno regional, “hechos que claramente conllevan una responsabilidad patrimonial de esa administración como responsable directo de la privación de un derecho a quien cumple los requisitos para ello”.
Pese a que desde la web de esa Comunidad anuncian que el modelo para formular la solicitud por escrito está disponible en todos los centros sanitarios “según hemos podido comprobar a fecha de hoy no existen dichas solicitudes”
Por todo esto, concluye el escrito, exigen “de manera inmediata” que se cree la Comisión de garantía y se detallen los miembros que la componen. Además, y haciendo alusión a la Ley de Transparencia, piden que la Comunidad les comunique la elaboración y publicación del modelo para formular la solicitud del ejercicio del derecho a la eutanasia que aún no se encuentra disponible.
Y es que Hernández y Alberdi denuncian que, pese a que desde la web de esa Comunidad anuncian que el modelo para formular la solicitud por escrito está disponible en todos los centros sanitarios “según hemos podido comprobar a fecha de hoy no existen dichas solicitudes”. Esta comunidad a día de hoy lo único que tiene activo es un registro para que los sanitarios se registren y declaren su objeción de conciencia a prestar la ayuda a morir
