El Gobierno asegura que avanza “de manera discreta” para conseguirlo esta legislatura
La despenalización de la interrupción voluntaria del embarzo en Andorra está cada vez más cerca, podría ser una realidad antes de que acabe la legislatura, y tendrá cobertura sanitaria de la CASS (la seguridad social andorrana). “El Gobierno trabaja para encontrar el encaje legal e institucional para exhimir a las mujeres de la responsabilidad penal en la interrupción voluntaria del embarazo” y “este trabajo se lleva a cabo de forma discreta, con la voluntad de finalizarlo durante la legislatura actual”, según aseguraron fuentes oficiales del ejecutivo del país vecino a este diario. Así, las mujeres podrán ejercer su derecho en un plazo máximo de tres años.
El jefe de gobierno, Xavier Espot, se dirigió al pueblo en las últimas reuniones mantenidas con los vecinos para explicar los detalles del acuerdo de asociación con la UE y aseguró que buscan una solución que les permita “avanzar en el derecho de las mujeres y mantener la estructura institucional”. Añadió también que las mujeres podrán abortar con la tranquilidad de que será un gasto sanitario cubierto por el sistema del país.La cuestión es cómo se hace. Parece que lo más viable será modificar el código penal a través de una ley consensuada con el resto de grupos parlamentarios. Así, 2025 será un año clave para definir cómo se despenalizará el aborto y cómo se acompañará a las mujeres que quieran hacerlo. El proceso se hará, pese a todo, fuera del Principat. El ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró dejó claro hace algunas semanas que no se contempla la autorización de esta práctica en Andorra. Andorra es uno de los tres estados europeos, junto a Malta y el Vaticano, que mantiene la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la ley. Sus leyes criminalizan tanto a la mujer como a los sanitarios que lo practican. Solo en los hospitales y clínicas de Catalunya se practicaron 1.240 intervenciones a gestantes andorranas entre 2014 y 2023. Las principales adversidades para conseguir el fin se encuentran en la figura del copríncipe episcopal, el obispo de Urgell, contrario a la iniciativa por cuestiones morales y religiosas, y en el artículo 8 de la Constitución andorrana de 1993, que “reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases”.
