Las dos comunidades, colistas en arrancar con la muerte digna, imponen a las personas que quieran acceder a la prestación rehacer los testamentos vitales redactados con anterioridad a la nueva ley, algo imposible para los enfermos que en la actualidad padecen alguna enfermedad que bloquea sus capacidades cognitivas, como el alzheimer
Hace diez años Eskarne registró su testamento vital en el que dejaba claro su deseo de beneficiarse de la eutanasia. Por aquel entonces se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Cuando su deterioro físico y mental llegó a ser severo, y gracias a la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, aprobada en el Congreso el pasado 24 de marzo y refrendada por Euskadi el 25 de junio, Eskarne se convirtió en la primera persona en el Estado en acceder a esta prestación de manera legal.
Ese testamento vital, también llamado documento de instrucciones previas, redactado antes de que la ley entrara en vigor, fue válido para cumplir con su deseo, posibilidad que Andalucía y Madrid bloquean. “En aquellos casos en los que hubiese expresado la voluntad de solicitar la eutanasia en determinadas circunstancias, antes de la publicación de esta Ley, deberá actualizar el documento de instrucciones previas para hacer constar y actualizar dicha voluntad”, se puede leer en la web de prestación de la eutanasia de Madrid y en el portal para tal fin de Andalucía con calcada redacción.
“Las personas con demencia o Alzheimer si tenían registrado su deseo de acogerse a la eutanasia, y hoy ya no tienen capacidades cognitivas plenas, no podrán hacerlo porque no pueden actualizar su testamento vital”
“Poco se habla de esto, pero es esencial. Es necesario para el momento en el que quieras acceder a la eutanasia y ya no eres capaz de expresar ni actualizar tu voluntad, por ejemplo, en personas con demencia o alzheimer. Estas, si tenían registrado su deseo de acogerse a la eutanasia y hoy ya no tienen capacidades cognitivas plenas, no podrán hacerlo porque no pueden actualizar su testamento vital. Hemos preguntado al Gobierno andaluz y nos han repetido que los testamentos vitales previos a la ley no valen, que hay que hacerlos otra vez”, denuncia Eva Camps, portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Andalucía (DMD Andalucía) quien deja claro que la nueva ley estatal no exige la actualización del testamento vital.
Andalucía es la última comunidad en aprobar el decreto que pone en marcha la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de la ayuda a morir, organismo necesario para validar cada caso, y el registro de médicos objetores. Este martes el gobierno andaluz daba luz verde a la norma más de seis meses después. Camps asegura que, desde su asociación, tienen constancia de diez casos pendientes de que se materialice este derecho. “Esto es injustificable después de más de seis meses de la aprobación de la ley estatal. De las 17 hace dos semanas sólo quedábamos tres: Extremadura, Madrid y Andalucía”, se queja mientras acusa a la consejería de “falta de voluntad política” e “incompetencia”.
Sesgo ideológico
El pasado 6 de octubre, el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, achacaba el retraso en la aplicación de la Ley de Eutanasia a que el Gobierno regional trabaja en un decreto “garantista”. “Estamos trabajando en un decreto, que llevaremos en una o dos semanas al Consejo de Gobierno, con todos los trámites garantistas, después de haber creado todos los órganos y creado las comisiones”, aseguraba ante los periodistas en Granada, durante la presentación del plan andaluz de cuidados paliativos. Precisaba además que la ley es “de obligado cumplimiento” y que el gobierno andaluz no va a cercenar, sino a facilitar la muerte digna.
“Si te das cuenta que todas las comunidades autónomas han finalizado ya su tramitación y miras a cuáles les ha costado más, vas viendo el sesgo ideológico detrás de esta lentitud en crear las comisiones”, Inmaculada Nieto (Unidas Podemos)
“Si te das cuenta que todas las comunidades autónomas han finalizado ya su tramitación y miras a cuáles les ha costado más, vas viendo el sesgo ideológico detrás de esta lentitud en crear las comisiones”, expresa Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en Andalucía, cuya formación planteó el asunto mediante una pregunta en sede parlamentaria.
Para la portavoz de Unidas Podemos no es casual que Madrid y Andalucía coincidan en obligar a la actualización de los testamentos vitales y habla de estrategia del enredo. “Como las casualidades existen con cuentagotas en política detrás de todo esto hay un enredo para intentar que la ley no se asiente y que la gente no asuma que tiene un nuevo derecho que puede pedir”.
Un proceso largo y tedioso
Las personas que solicitan acceder a la muerte digna deben de completar nueve pasos en un tiempo que se puede alargar hasta los 40 días. Además de comunicar su decisión a su médico de referencia en dos ocasiones, con quince días de diferencia, deben buscar el diagnóstico de un segundo doctor y conseguir el visto bueno de la Comisión de Garantías. Un camino largo, que para muchas personas se está haciendo aún más tedioso con la lentitud en la tramitación de las comunidades autónomas.
La ley, que se publicaba en el BOE el 24 de marzo, daba un plazo de tres meses a todas las autonomías para su puesta a punto. Solo cinco comunidades cumplieron con los plazos. “Estamos ante un nuevo derecho con un sector de la población bastante beligerante en contra como son los Colegios de Médicos. Necesita un periodo para implantarse. Entendemos que es natural que haya un periodo de adaptación”, expresa Fernando Marín, vicepresidente de DMD a escala estatal. “Pero las comunidades tiempo han tenido de sobra, y si el periodo para adaptar la ley hubiera sido de seis meses, muchas no lo hubieran realizado hasta el mes séptimo”, admite.
Pasado este verano todas habían cumplido sus deberes excepto Extremadura, Madrid y Andalucía. El Documento Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 4 de octubre el decreto para la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir y el registro de profesionales sanitarios objetores. El jueves 7 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCAM). En Andalucía su aparición en el diario oficial es inminente.
“Hay personas que lo solicitaron en julio y su trámite lleva tres meses parado. Nosotros tenemos una docena de casos en Madrid pero tiene que haber más”
Para Marín, más allá de cuestiones ideológicas, es una cuestión de incompetencia. “En Murcia ya ha habido la primera eutanasia, en Galicia también. Hay territorios gobernadas por la derecha donde no ha habido este retraso. Simplemente ha sido incompetencia” valora el vicepresidente de DMD.
A día de hoy han transcendido cuatro casos de aplicación de la muerte digna: en Euskadi, donde según los datos oficiales hay otras ocho solicitudes pendientes, País Valencià, Murcia y Galicia, donde hay siete casos más a la espera. “Hay personas que lo solicitaron en julio y su trámite lleva tres meses parado. Nosotros tenemos una docena de casos en Madrid pero tiene que haber más”, se queja Marín quien pide a las administraciones más celeridad para no hacer el proceso aún más largo.
“No es la ley que DMD tenía en su ideario pero no es una mala manera de arrancar. Los trámites son complejos y se invierte mucho tiempo pero aún así estamos bastante contentas. Lo que no nos esperáramos es que iba a ser tan complejo y tan tedioso por parte de las comunidades”, añade Eva Camps. “No estamos tratando de levantar una vía de tren, estamos hablando de gente que sufre. Hemos estado ninguneando el dolor de la gente”, concluye rotunda.
