El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, atiende a los medios de comunicación en Málaga. En vídeo, la portavoz de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, considera «vergonzoso» intentar banalizar la educación. EUROPA PRESS
Tras la polémica generada por el veto parental que ya aplica Murcia, y que Vox impuso para apoyar los presupuestos en esa comunidad, otras dos autonomías con Gobiernos sostenidos por el partido de extrema derecha se desmarcan de la fórmula. Andalucía y Madrid aseguran que las quejas son residuales y que no se necesita regular el consentimiento de las familias.
«Con 1.240.000 alumnos, 53.000 docentes y 1.200 centros tenemos constancia de una queja por escrito y dos a través de Twitter. Fue la inspección y comprobó que no había pasado nada», dijo este lunes el consejero de Educación, Enrique Ossorio (PP). “Es un problema que no existe”, apostilló.
El PP y Ciudadanos (Cs), que gobiernan en la Comunidad de Madrid con el apoyo de Vox, coinciden con matices en su oposición al veto parental. Aunque el partido de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido menos firme en su negativa, quizás para no perjudicar la futura negociación para aprobar los presupuestos, la hemeroteca está llena de frases contundentes de la presidenta: “No lo voy a permitir”, dijo en un pleno. “No contemplamos el pin parental porque consideramos que es una intromisión en la labor del docente”, insistió. En una línea parecida se expresó el vicepresidente Ignacio Aguado (Cs): “Es una polémica ficticia”, dijo en una entrevista en La Sexta.
El Gobierno madrileño no está unido por un pacto de investidura formal con Vox. No hay documento firmado entre las tres partes, tan solo un acuerdo verbal, que no recogía el veto parental. En Andalucía, sin embargo, el pacto para el apoyo de los presupuestos de 2020 firmado por PP, Ciudadanos y Vox en octubre, recoge: “Se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo […] mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos sagrados de la Constitución”. La Consejería de Educación dijo entonces que se desarrollaría en una ley, pero en el acuerdo no se incluía cómo hacerlo. La redacción es muy parecida a la de Murcia y hace referencia a actividades —las complementarias— que se dan dentro del horario escolar. El consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda (Cs), quiso ayer quitar peso a este acuerdo y aseguró que se refiere al “estudio de la posibilidad de incluir en el sistema educativo una autorización concreta en asignaturas extracurriculares”. Para Imbroda, la resolución de las quejas “aisladas” de algunos padres podría resolverse “reforzando la inspección educativa” sin necesidad de más cambios. El consejero defiende que la posibilidad de decidir de las familias ya está contemplada a través del trabajo del Consejo Escolar, en el que están representadas, lo que hace innecesaria una modficación de la normativa.
Vox insistió a través de su portavoz en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, en que su partido tenía “el compromiso de la Junta de que el pin parental va a salir adelante”. “Tiene que ser así porque está firmado y si se incumple habrá repercusiones, habrá problemas que no vamos a anticipar”, advirtió invocando el acuerdo para la investidura como presidente del popular Juan Manuel Moreno.
El PP andaluz, cuyo líder nacional se ha manifestado a favor de la iniciativa de Vox, también ha lanzado un mensaje de apoyo a la comunidad educativa, mientras se responsabiliza al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “provocar el miedo” en las familias al haber “ideologizado todo”, según la secretaria general de los populares andaluces, Loles López.
