Entre los motivos de inconstitucionalidad se destaca que la Religión pase a ser materia con influencia en las notas y en el acceso a becas y ayudas.
“Andalucía se rebela, no vamos a ser insumisos, pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía”. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), norma contra la que se “rebela” al considerarla “nefasta y segregadora”, según ha advertido el consejero de Educación, Luciano Alonso, quien ha asegurado que en esta comunidad se impartirán asignaturas “desterradas” en la Lomce, como Educación para la Ciudadanía, y en el caso de la Religión se aplicará el “horario mínimo posible”.
El Ejecutivo andaluz considera que la norma estatal atenta contra los principios de acceso a la educación en condiciones de igualdad y contra el perfil compensatorio de las políticas de la Junta en esta materia, además de invadir competencias en los ámbitos de la evaluación y la garantía de calidad. El recurso se enfoca, según la Junta, sobre todo a los aspectos recentralizadores de la nueva ley, que además disminuye el margen de desarrollo normativo que corresponde a las comunidades autónomas. Se recurren así, por vulneración de competencias exclusivas, los artículos relacionados con las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el diseño de las pruebas y el establecimiento de su contenido para cada convocatoria. “Estos preceptos limitan la capacidad de las comunidades a la organización de los medios materiales y humanos para la celebración de las pruebas y su posterior corrección, con lo que quedan excluidas de intervenir en cualquier decisión”, denuncia la Consejería de Educación.
La Lomce, según la Junta, vulnera también el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación; el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado, y el 27.2, que establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. En relación con estos motivos de inconstitucionalidad, se destaca que la Religión pase a ser materia con influencia en las notas y en el acceso a becas y ayudas. El Ejecutivo andaluz considera que la imposición de esta asignatura, sin que exista una alternativa parangonable, atenta contra los derechos del alumnado.
Asimismo, el Gobierno andaluz señala que el artículo 84.3 y la disposición transitoria segunda de la Lomce fomentan el sostenimiento con fondos públicos de centros que imparten enseñanza diferenciada por sexo. “Ello priva a la Administración educativa andaluza de la posibilidad de condicionar los conciertos educativos a criterios no sexistas”.
Finalmente, la Junta recurrirá el artículo 135.2 de la Lomce, que establece que las comisiones para la selección de los directores de los centros públicos actuarán de acuerdo con la legislación estatal de régimen jurídico de las administraciones, una norma que no tiene carácter básico, lo que supone una vulneración del principio de autoorganización de la comunidad.
Este recurso de inconstitucionalidad es uno de los cinco previstos por las comunidades autónomas contra la Lomce. El Ejecutivo autonómico considera que esta ley, que afecta a 1,9 millones de alumnos en la comunidad, es segregadora, técnicamente deficiente, tiene un calendario de difícil aplicación y carece de la adecuada financiación. “La nueva norma atenta contra el carácter compensatorio del sistema educativo andaluz, al dejar en desamparo al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje o con menos recursos económicos. En este sentido, el Gobierno andaluz destaca aspectos como la evaluación basada en reválidas, el modelo de clasificaciones y listas para alumnos y centros o los mecanismos de selección en función del rendimiento académico, que hacen imposible que las comunidades puedan garantizar la igualdad en el acceso al sistema educativo”.
Además del recurso, el Ejecutivo andaluz prevé otras medidas para paliar los efectos negativos de la Lomce. Entre ellas, destaca la garantía de que los profesores permanecerán junto a su alumnado dos cursos seguidos, frente a la rotura de ciclos educativos previstos en la normativa estatal. Asimismo, se mantendrá la gratuidad de los libros de texto, se sostendrán con fondos públicos a los centros que no opten por una educación diferenciada por sexo y se reducirá el tiempo mínimo exigible por ley a la materia de Religión. La Junta también aplicará alternativas formativas para los alumnos que, pese a aprobar el curso, no superen las reválidas diseñadas por la Lomce.
El consejero de Educación, Luciano Alonso. // EFE
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