El 19 de julio terminó el plazo de presentación de alegaciones al borrador de reforma de la ley de Patrimonio. Andalucía Laica apoya las alegaciones presentadas por Europa Laica, por la plataforma Recuperando, y por otras asociaciones y plataformas de defensa del Patrimonio, como la Plataforma Andaluza, la de Sevilla, Jerez, y la Plataforma Mezquita-Catedral.
Entendemos que la reforma de la ley de Patrimonio es necesaria para intentar evitar que se pueda atentar contra los bienes de interés cultural, que en un 80 %, debido a la franquista Ley Hipotecaria de 1946 y a la reforma inconstitucional de esa Ley realizada por el gobierno de Aznar, junto a la avaricia de la jerarquía de la Iglesia Católica, están inscritos a nombre de esta institución religiosa. España es el único país cuyo inmenso Patrimonio ha pasado a manos de una institución privada, que además tiene su sede en un Estado extranjero.
Andalucía Laica comparte la idea de que el Estado, en sus distintas instancias, debe tener a su cargo la gestión de todos los BIC, independientemente de los acuerdos sobre su uso. Entiende que, dada la importancia y el número de bienes de patrimonio eclesiástico, la ley de Patrimonio debe contemplar un artículo específico que regule dichos bienes, contemplando, entre otras cosas: que todos los BIC sean declarados de dominio público y afectados a las administraciones públicas, que se gestionen por consorcios públicos, que se convenie con las instituciones eclesiásticas el uso litúrgico de los bienes de culto, que los museos diocesanos se incorporen a los sistemas de archivos, bibliotecas y museos del Estado, y que en ningún caso puedan venderse.
Andalucía Laica, habiendo conocido las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, definiendo esta propuesta de ley como “invasiva” y propia de una “dictadura”, quiere manifestar su indignación ante el cinismo de quien representa a una institución que se ha apropiado de miles de bienes patrimoniales de dominio público (él mismo habla del 80 % de los BIC) sin ningún documento de propiedad; lo que el obispo considera una invasión del Estado es el mero intento de éste de conservarlos y protegerlos. Coincidimos con el obispo en que estamos ante una “dictadura”, pero la de la jerarquía eclesiástica que él representa, que considera que buena parte del Estado y su patrimonio le pertenece, quizás porque piensa que seguimos en el “Régimen Católico” que padecimos en el franquismo, aunque ni siquiera entonces tenían reconocida la propiedad de los bienes patrimoniales eclesiásticos relacionados con el culto.
Andalucía Laica seguirá demandando, junto a todas las plataformas y colectivos patrimonialistas, la recuperación de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica al amparo de la Ley Hipotecaria de 1946 –franquista– y la de 1998 –inconstitucional –, y especialmente de los BIC. Y continuamos haciendo un llamamiento a la responsabilidad de las autoridades públicas, y a la ciudadanía en general, para trabajar por revertir las leyes que permitieron tan aberrante situación.
